Este jueves, la sala plena de la sección tercera del
Consejo de Estado comenzó a estudiar una ponencia en uno de los casos más extensos -en pruebas- que ha llegado al alto tribunal en los últimos tiempos: el
fracking. En la sesión realizada es expuso el proyecto de fallo (ponencia) del magistrado a cargo y en las próximas salas plenas de la sección tercera se dará la discusión del tema.
Se trata de una demanda que llegó al alto tribunal en 2016 contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de
fracking.Estas normas fueron demandadas porque, para los demandantes, aplicar la técnica de fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos tendría graves e irremediables efectos en el medioambiente y la salud humana. Además, la demanda argumenta que, al expedirse esa normativa, se faltó al principio de precaución que establece que el Estado está obligado a prevenir este tipo de daños.
De la decisión que tome el Consejo de Estado depende que el fracking esté regulado legalmente en el país. Aunque el Ministerio de Minas –que es el demandado en el proceso– ha sostenido que, aun si se llegaran a caer el Decreto y la Resolución, el Gobierno podría expedir otra regulación, puesto que el Congreso no ha prohibido el uso del fracking.
Hacia finales del año pasado terminó la etapa de pruebas en el alto tribunal, que duró más de un año y medio, en la que se recibieron testimonios, pruebas escritas, un peritaje -ordenado por el Consejo de Estado- de la Universidad Nacional, entre muchos otros, y 18 escritos con los alegatos de conclusión de las distintas partes involucradas en este proceso.
Seis de los escritos pedían mantener las normas tal como están, mientras que 12 entidades, entre esas la
Procuraduría General, consideran que la regulación del
fracking debe anularse.
JUSTICIA