En un decreto de ocho páginas el Gobierno Nacional publicó el texto completo de un proyecto de acto legislativo aprobado en primera vuelta en el Congreso y que crea una nueva Corte que se encargaría de los asuntos agrarios en el país.
El documento, firmado el 3 de febrero por el ministro del interior Alfonso Prada, era esperado por sectores que se han manifestado sobre los pros y contra de tener una nueva Corte.
Se trata del proyecto número 035 de 2022 que 'reforma la Constitución de Colombia y establece la Jurisdicción Agraria y Rural', radicado en agosto del año pasadoen el Congreso y que entrará esta legislatura a segunda vuelta.
En su momento el ministro Prada señaló que la creación de la jurisdicción agraria y rural desarrolla uno de los puntos claves de los cumplimientos de los acuerdos de paz, que permitirá tener una instancia judicial especializada y que resolverá las problemáticas en materia de tierra en el territorio.
“El tema de la tierra en Colombia ha sido una de las causas del conflicto en el país, estamos cumpliendo nuestro programa de Gobierno, y lograr que esto sea una realidad es a lo que invitamos al Congreso de la República con esta iniciativa, que seguramente elevará la calidad de vida de nuestros campesinos en el país”, dijo el funcionario el día de la presentación del articulado.
El decreto expedido el viernes comienza con un recuento del paso del proyecto por la Cámara de Representantes y el Senado, que culminó con la aprobación en primera vuelta, el 29 de diciembre del año pasado, y luego incluye el texto definitivo que pasará a segundo debate.
Allí se menciona que en Colombia istran justicia "la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Agraria y Rural, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces. También lo hace la Justicia Penal Militar".
Es decir, de acuerdo con la propuesta, se crearía constitucionalmente la Corte Agraria y Rural que hoy no existe.
La propuesta añade que esa corte será el máximo tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural, "cuya estructura y funcionamiento será definido en la ley. Se compondrá de un número impar de magistrados, determinado por la ley, quienes para ser elegidos deberán cumplir con los requisitos, cualidades y calidades necesarias para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el Régimen Agrario y Rural".
Se indica que por una sola vez los magistrados serán elegidos por el Congreso de la República en pleno de una lista de elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, con base en una convocatoria pública.
"La Jurisdicción Agraria y Rural entrará a funcionar en un término no superior a dos (2) años siguientes a la promulgación de este acto legislativo. Su implementación será progresiva, durante los dos años y mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley", dice el texto del proyecto.
Igualmente le da varias funciones entre ellas desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley; revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural; dirimir los conflictos de competencias en Jurisdicción Agraria y Rural, que no correspondan a otra autoridad judicial, y preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.
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