La Corte a la que nadie le para bolas (y deberíamos)

Mientras el país está pendiente de otros temas –el enredo de las visas de los magistrados de las cortes Constitucional y Suprema y las polémicas de la JEP, por ejemplo–, hay otra corte clave para el buen funcionamiento de la justicia y que completa tres años en una interinidad que en otras latitudes sería inconcebible.

Es la famosa Sala Disciplinaria de la Judicatura, que por cuenta de sus escándalos fue enterrada por la reforma judicial del 2016 y que, pese a todo, sigue funcionando. Además, con dos magistrados polémicos –Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón– que hace rato terminaron su periodo constitucional de 8 años.

Sanabria se quemó en el 2008 como candidato a la gobernación de Boyacá y a la Cámara de Representantes. Pero dio el salto del mundo de la política al de la justicia y terminó siendo uno de los dos magistrados que más tiempo han durado en su cargo en la historia de las cortes en Colombia.

Lo propio ocurre con Garzón, que salió airosa del escándalo del llamado ‘carrusel de pensiones’ en la Judicatura, a pesar de que en su momento la Contraloría la investigó porque nombró en su despacho a la cuñada del exmagistrado del que, a su vez, ella había sido auxiliar. Ese nombramiento duró unos pocos meses, pero valió para que el Estado tuviera que pagar una jugosa megapensión.

En la Sala Disciplinaria se resuelven en última instancia los procesos por mala práctica contra todos los abogados y funcionarios judiciales. Esa es la corte ante la que terminan reclamando los ciudadanos que sienten que sus abogados no fueron leales con ellos o que, simplemente, los tumbaron. Y allá también llegan los casos de jueces y magistrados cuestionados por decisiones irregulares, como la entrega de beneficios indebidos a peligrosos delincuentes.

En 20 años (desde 1992 hasta el 31 de marzo pasado), 20.673 abogados han recibido sanciones de la Judicatura, al igual que 2.723 funcionarios.

Se suponía que el órgano de reemplazo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, debía empezar a operar en el 2017. Pero esta es la hora en que no se ha podido convocar a los aspirantes, porque el Consejo de Estado ordenó que el proceso se reglamente por una ley que el Congreso ni siquiera tiene en sus planes.

Salvo a Sanabria y Garzón, ¿quién conoce la trayectoria de los otros cinco interinos de la Sala? Una de sus magistradas, Magda Victoria Acosta, acaba de renunciar sin que la opinión pública se diera por enterada y sin que menos sepa cómo va el proceso para elegir su reemplazo.

La ministra Gloria María Borrero, que como cabeza de la Corporación Excelencia en la Justicia denunció lo nocivo de la interinidad en la Judicatura, tiene aquí un punto de honor.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET