Aunque ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en público sobre las razones por las cuales por más de un mes se interceptó el teléfono del
expresidente Álvaro Uribe, fuentes del alto tribunal hablaron con EL TIEMPO acerca del polémico caso.
Las fuentes aseguran que la explicación la debe dar el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, contra quien se abrió esta semana un proceso penal por el ‘cartel de la toga’ y se siguen varios procesos.
Según las fuentes, desde el 2013-2014 hay un proceso contra Córdoba por un caso de corrupción en Chocó. Como se lee en el expediente, cuando era alcalde del Bajo Baudó, Córdoba presuntamente llevaba a la región desde Panamá –y de contrabando– oro y níquel, con el fin de mostrar esos recursos como explotados y así cobrar regalías.
Tan pronto el alto tribunal se dio cuenta de que el teléfono era el de Uribe (el 4 de abril pasado), la interceptación se frenó
Esa denuncia llegó al despacho del magistrado Gustavo Malo (suspendido por su presunta vinculación con el ‘cartel de la toga’). En ese caso, Córdoba le pidió al extraditado abogado Gustavo Moreno que lo defendiera, y, al parecer, le habría pagado 200 millones de pesos para no ser capturado.
El punto que tiene que ver con Uribe es que en esa investigación que llevaba el despacho de Malo, según las fuentes de la Corte, el mismo Nilton Córdoba entregó como número de o el teléfono que resultó siendo de Uribe Vélez.
Los magistrados dicen que, sin saberlo, en medio de las investigaciones contra Córdoba por el ‘cartel de la toga’, el 7 de marzo pasado se ordenó interceptar ese teléfono, que aparecía de tiempo atrás como su número de o. “Ese teléfono estaba registrado ante la Secretaría de la Sala Penal como o de Córdoba”, manifestó una fuente.
Por esa razón, la Corte asegura que la interceptación fue legal, que no hubo ningún error y que quien debe explicar por qué entregó ese número de celular es el exrepresentante de Chocó.
En la indagatoria a Córdoba por cohecho, por supuestamente pagar para evitar su captura, se le preguntará por el número que terminó siendo el de Uribe.
Según las fuentes, quienes oían las llamadas eran funcionarios de Policía Judicial, y “tan pronto el alto tribunal se dio cuenta de que el teléfono era el de Uribe (el 4 de abril pasado), la interceptación se frenó”.
JUSTICIA