Nuevo capítulo en la Corte Suprema por escándalo de los carrotanques

Mientras la Fiscalía General de la Nación se preparaba para recibir ayer las primeras versiones del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, la Corte citó a declarar como testigo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también ha sido salpicado por el escándalo, juntos a otras tres figuras claves del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El proceso lo arrancó la Sala de Instrucción y por sorteo la indagación le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán Molina, quien en el desarrollo del caso tomó las primeras decisiones.

Esta investigación inicia con la hipótesis de los delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito, luego de que Pinilla señalará a los presidentes del Congreso de haber recibido dinero para facilitar el trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.

Es así como se ordenó una inspección judicial a la UNGRD para obtener información de los contratos para los carrotanques para La Guajira (la cual se cumplió en la mañana de ayer), además, otra inspección Judicial a la Procuraduría General para obtener información sobre el caso y otra de similares características al Congreso para obtener las certificaciones de fuero de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

Por otro lado, el alto tribunal citó a declaración para el próximo 31 de mayo al ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, por ser precisamente el articulador político entre el gobierno y el Congreso.

También fue citado para el 20 de mayo Carlos Ramón González, jefe de la DNI; mientras que Carlos Carrillo, director de la Ungrd, fue citado para el 7 de junio; y a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, deberá acudir el 14 de junio, esta última salió del gobierno en los últimos días tras el escándalo. 

“Adicionalmente se iniciaron los acercamientos con la Fiscal General para consolidar el desarrollo armónico de las presentes investigaciones”, señaló la Corte en un breve comunicado.

En principio, el alto tribunal busca establecer si en este escándalo de los carrotanques y los eventuales sobrecostos se cometieron los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.

De hecho, a los pocos minutos del anuncio de la Corte, el ministro Velasco reaccionó en su cuenta en la red social X ante el llamado, asegurando que acudirá todas las veces que sea convocado ante las autoridades que así lo requieran.

“Mi compromiso, el del Gobierno Nacional y el del señor Presidente @petrogustavo es con todas las gentes afectadas en las regiones por las conductas delictivas de quienes para quedarse con los recursos públicos, a cambio de inmunidad total y como parte de una estrategia jurídica para conseguirlo hoy pretenden posar de víctimas y desviar la atención bajo el insólito argumento de que lo que se robaron es producto de una política de estado en la que ellos solo seguían órdenes”, dijo el jefe de la cartera del Interior.

En este momento la Corte se encuentra en la etapa de instrucción, es decir, empieza a perfilar la investigación y a tomar decisiones si los parlamentarios tienen o no algún tipo de compromiso por algunas de las conductas punibles consagradas en el código penal.

Los testimonios recabados y con los elementos recaudados dan pie para tener una certeza para darle apertura a la investigación. Si esta etapa prospera, el siguiente paso es montar los cargos y se le notifica a los congresistas el porqué de la investigación.

Una vez superada esa fase, viene la parte probatoria, donde los aforados deberán confrontar las pruebas que recabó la corporación que los está investigando.

Diferentes juristas consultados por EL TIEMPO aseguran que que la duración de toda esta etapa “no es corta”, toda vez que el acopio de elementos para abrir la investigación tiene “un tiempo prudente”, pero lo más seguro es que este mismo año se pueda conocer algún tipo de decisión por parte de la Corte Suprema respecto a los dos parlamentarios.

Para el abogado Ariel Lozano Gaitán, especialista y magíster en derecho istrativo,  estas investigaciones son demoradas por el gran número de casos que lleva cada magistrado, donde además se le debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, aunque resaltó que los congresistas se pueden enfrentar a una sentencia o un archivo que los podría absolver.

La parte instructiva termina con los alegatos de conclusión. Y el caso pasa a la Sala de Primera Instancia para que se dicte el fallo.

Este capítulo en la Corte hace parte de uno de los 4 frentes jurídicos que componen este caso, toda vez que este se sigue Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. 

Registros dan cuenta que en otros procesos que se han dado en la Corte, han sido llamados otros ministros e incluso el mismo presidente de la República.

En concreto en agosto de 2017, la Corte citó a declarar al entonces presidente Juan Manuel Santos, y a ministros de su despacho dentro de la investigación preliminar que se siguió al senador Bernardo Miguel ‘Ñoño' Elías Náder por el caso de sobornos de Odebrecht.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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