Las tres claves de la lucha contra el crimen que priorizará la electa fiscal Camargo

(Lea también: Los retos de la segunda mujer elegida por la Corte Suprema como fiscal general).

Fuentes cercanas a la nueva jefa del ente acusador señalaron que, al contrario de algunos de sus antecesores, ella decidió no iniciar inmediatamente tras su elección (12 de marzo) el empalme en la Fiscalía y por ahora está concentrada conformando su equipo de trabajo.

El miércoles en la Fiscalía se pidió a los jefes de cada seccional y dirección empezar a entregar su balance final de gestión y los asuntos pendientes para entregar un documento formal a Camargo Garzón.

Trascendió que la electa fiscal aceptará la invitación del ministro de Justicia, Néstor Osuna, para expresar sus opiniones en el marco de la Comisión de alto nivel que trabaja en la construcción de un proyecto de reforma de la justicia que será llevado al Congreso.

(Le puede interesar: El debate jurídico que abrió renuncia a último minuto de Amelia Pérez a terna de Fiscal).

Camargo Garzón inició su carrera como sustanciadora de un juzgado de Paloquemao en Bogotá, luego estuvo en los antiguos despachos de instrucción criminal y tras la creación de la Fiscalía, con la Constitución del 91, fue trasladada a esa nueva entidad y luego llegó a ser magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Ese largo recorrido por todos los niveles de la Rama Judicial, señalaron allegados, le permite conocer el sistema penal del país y sus cuellos de botella, por lo que una de sus prioridades será buscar fórmulas para hacer más eficiente la entidad a la que llega como la segunda mujer elegida para el cargo por la Corte Suprema de Justicia en sus más de tres décadas de existencia.

“El macroobjetivo es como perseguir de manera eficiente la criminalidad”, señaló la nueva fiscal durante la intervención ante los 23 magistrados de la Corte Suprema, de los cuales logró el apoyo de 18, consolidando su elección.

Para ella, los fenómenos delincuenciales no son iguales en todas las regiones y poner en el mismo saco a todas las redes criminales sin tener en cuenta el contexto regional y las particularidades de cada zona del país ponen a la Fiscalía en desventaja frente a los grupos ilegales. Por eso, una de las metas que se ha trazado a su llegada al búnker del ente acusador es formular unas resoluciones que se empezarán a construir con la pericia de los funcionarios en cada seccional para enfrentar el delito de acuerdo a modelos diferenciados en los territorios, atendiendo cuáles son los delitos que afectan a cada zona.

(Puede interesarle: Los argumentos de la Corte para votar por la terna pese a renuncia de Amelia Pérez).

Otro de los cambios que se pondrán en marcha está asociado a la forma como se vienen midiendo los indicadores de gestión en el ente acusador y cómo se enfrentan los casi tres millones de procesos que a corte del mes de septiembre del año pasado estaban activos en el ente acusador. Hasta ahora se realiza una priorización de los delitos de mayor impacto y se avanza en un primer filtro que corresponde al año de ocurrencia del delito, poniendo en la parte de arriba a los más recientes. Una vez los fiscales avanzan en la imputación de cargos, se da por esclarecido el hecho sin tener en cuenta que en juicio el ente acusador puede ser vencido.

Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), solo en 2019 se recibieron 1’500.000 denuncias, de las cuales un 74,2 por ciento de los procesos fueron archivados y de los 18.467 que llegaron a un juicio, el 57 por ciento terminó en una absolución, es decir, la Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos.

(Puede interesarle: Fiscalía anuncia investigación sobre filtración del video de la captura de Nicolás Petro).

Para la nueva fiscal es clave incrementar la utilización de mecanismos de terminación anticipada de los procesos, como los preacuerdos y los principios de oportunidad, con lo que se logran condenas e información importante para desmantelar las redes criminales sin tener que llegar a los largos juicios que se registran en el país y en los que son ya una tradición los aplazamientos de las diligencias que abren posibilidades como las libertades por vencimiento de términos y prescripciones.

En Colombia, según un informe publicado por EL TIEMPO, casi la mitad de las audiencias penales –muchas de ellas programadas con meses de anticipación– terminan aplazadas, suspendidas o canceladas. De 1’130.488 audiencias del 2022, unas 530.000 resultaron fallidas, con el consiguiente desgaste para el aparato judicial.

(Lea en contexto: Aplazamientos de audiencias penales, uno de los males más graves de la justicia).

Camargo Garzón le apunta a que lleguen a juicio casos sólidos que puedan salir adelante y que no todos los proceso tengan que llegar a esa etapa, con lo que además bajarían la carga de los jueces.

La electa fiscal igualmente ha venido trabajando en un modelo que permita el fortalecimiento de la tecnología para la investigación y el uso de nuevas prácticas en áreas del ente acusador como Medicina Legal, que lleva varios años en interinidad. El análisis criminal con analítica de datos e inteligencia artificial buscando factores comunes en los delitos para llegar a las redes criminales será una de las prioridades de la nueva istración del ente acusador.

También será prioritaria una mejor ruta de atención a las víctimas para evitar su revictimización y asegurar su protección.

Igualmente, por su formación y el desarrollo de su vida laboral, será una punta de lanza la protección de los derechos humanos y las investigaciones por los crímenes de líderes sociales y excombatientes.

Aunque la nueva fiscal ha participado en comisiones internacionales de justicia como la de Guatemala, en donde tuvo una destacada labor en la lucha contra la impunidad, lo cierto es que no le suena que ese tipo de escenarios se abran en Colombia, lo que empezaría a marcar una diferencia con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que la ternó para el cargo. Desde su primer encuentro con la Corte Suprema, la nueva fiscal ha insistido en la independencia de la Rama Judicial y el respeto por las competencias de cada uno de los poderes del Estado.

Otro de los puntos que pondrán a prueba a Camargo Garzón será el proceso de paz del Gobierno Nacional cuyos temas pasan por la Fiscalía, desde el levantamiento de las órdenes de captura de los grupos que negocian con el Ejecutivo hasta los avances de las investigaciones de sus crímenes.

SAIR BUITRAGO

Editor de Justicia