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Piden a Corte medidas urgentes ante crisis de seguridad de líderes sociales

Desde la firma de acuerdo de paz a 2021, ONU verificó 562 homicidios de esta población.

Sala Plena Corte Constitucional 2022. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

28.04.2022 18:57 Actualizado: 29.04.2022 00:45

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Ante la Corte Constitucional, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero hizo un llamado urgente para que se adopte una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, lo cual está previsto en el acuerdo de paz, como una estrategia para atender el incremento general de la violencia en los territorios hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

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En audiencia pública citada para evaluar la crisis de seguridad de estas personas, Rivero dijo que la falta de esta política “incide negativamente en el contexto de violencia", dijo.

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Su aumento ha sido progresivo al pasar de 61 casos de homicidios verificados en 2016 a 84 en 2017 a 115 en 2018. Y desde ahí se ha mantenido alrededor de 100 casos”, dijo.

"Hemos constatado que el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios no ha logrado frenar la expansión y violencia de los grupos armados que ponen en riesgo la seguridad de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos”, señaló.

Rivero agregó que, entre 2012 y 2021 la ONU verificó 867 homicidios y advirtió que, a diferencia de otras formas de violencia, la muerte de personas defensoras no disminuyó tras la firma del acuerdo de paz. “Su aumento ha sido progresivo al pasar de 61 casos de homicidios verificados en 2016 a 84 en 2017 a 115 en 2018. Y desde ahí se ha mantenido alrededor de 100 casos”, dijo.

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“Tan solo entre el periodo de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz y el 2021, la Oficina ha verificado 562 homicidios de defensores de derechos humanos, incluyendo 64 mujeres, 61 indígenas, 21 afrodescendentes y 7 personas LGBTI”, señaló. El duro panorama expuesto a la Corte Constitucional enfatizó en la violencia ejercida contra las mujeres lideresas, que ha incluido violencia sexual, y con la intención de debilitar la capacidad organizativa.

Rivero además dijo que es necesario replantear el modelo de intervención del Estado en los territorios reforzando la implementación del acuerdo de paz. En términos de protección consideramos que este proceso liderado por la Corte Constitucional es una oportunidad única para revisar el sistema de protección individual y colectiva”, dijo.

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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que entre enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, la entidad registró 5060 conductas vulneratorias contra personas defensoras

A su turno, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que entre enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, la entidad registró 5060 conductas vulneratorias contra personas defensoras y líderes sociales en 547 municipios, especialmente en Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Magdalena, Cesar, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Sucre y Nariño.

De estos hechos, 3724 amenazas, 898 homicidios, 224 atentados y 46 desplazamientos forzados. Y señaló que en el primer trimestre de 2022 se registraron 52 homicidios.

La audiencia fue citada en el marco del estudio de nueve tutelas, organizaciones sociales le solicitaron a la Corte Constitucional que declare la existencia del estado de cosas inconstitucional respecto de su situación, lo que permitiría tomar medidas estructurales para avanzar en una solución.

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Rodrigo Uprimny, experto jurista y vocero de Dejusticia, que acompaña los procesos de tutela junto a otras organizaciones, le dijo a la Corte que esa declaratoria es urgente, al estimar que la crisis “no ha mejorado” en el Gobierno actual.

“Uno de los factores más importantes de la persistencia de esta violencia es que el gobierno se ha resistido a aplicar robustamente los instrumentos del acuerdo de paz, especial el punto 3.4, que fueron establecidos para prevenir y sancionar esa violencia. Por eso pedimos a la Corte constatar el estado de cosas inconstitucionales frente a la violencia hacia líderes y lideresas sociales y que ordene al gobierno tomar las medidas adecuadas para superar la situación, en especial cumplir con el acuerdo de paz”, dijo.

Nuestro investigador @RodrigoUprimny habló ante la @CConstitucional sobre la situación que viven los #LíderesSociales en el país. Recordó los 5 argumentos por los cuales se interpuso una tutela para protegerles y le pidió a la Corte exigirle al Gobierno cumplir con el A. de paz. pic.twitter.com/OC8F2oXQ9F
— Dejusticia (@Dejusticia) April 28, 2022

Uno de los factores más importantes de la persistencia de esta violencia es que el gobierno se ha resistido a aplicar robustamente los instrumentos del acuerdo de paz

En la audiencia, la líder social afro Erlendy Cuero Bravo cuestionó la falta de enfoque diferencial que los esquemas de la Unidad Nacional de Protección.

“En mi caso, por vivir en un territorio urbano, la UNP no me aplica enfoque diferencial étnico, consecuencia de esto los hombres de protección son impuestos y en muchas ocasiones tenemos problemas de racismo que terminan siendo problemas de seguridad”, dijo.

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De estos hechos, 3724 amenazas, 898 homicidios, 224 atentados y 46 desplazamientos forzados. Y señaló que en el primer trimestre de 2022 se registraron 52 homicidios.

La respuesta de la UNP

#AudienciaPública | “Desde el 2014 hasta la fecha, 7324 personas han sido beneficiarias de medidas de protección y, de ese número, 3652 son líderes o lideresas sociales, que corresponde al 46% de las medidas totales”: Alfonso Campo Martínez. @UNPColombia @AlfonsoCampoM pic.twitter.com/NtryGf1OMQ
— Corte Constitucional (@CConstitucional) April 28, 2022

Para el Gobierno, la protección personal y colectiva de los líderes y lideresas sociales tiene prioridad

El director de la UNP, Alfonso Campo, dijo que actualmente hay 7.324 beneficiarios con medidas de protección, e los cuales 3.652 personas corresponden a líderes o lideresas sociales para un total del 46 por ciento. Y señaló que, con corte de 13 de abril de 2022, “tenemos 177 organizaciones colectivas con medidas de protección en las cuales están incluidas comunidades indígenas, consejos comunitarios y otros colectivos de todo el territorio nacional”.

Ante las preguntas de los magistrados, Campo dijo que en el gobierno de Iván Duque el presupuesto de la entidad pasó de 500.000 millones de pesos a 1.3 billones en 2022. “Lo que corresponde a los acuerdos de paz, por ejemplo, el presupuesto para de los excombatientes eran 55.000 millones en 2018 hoy son más 193.000 millones”, dijo.

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Campo señaló que “siempre estamos atentos a las recomendaciones, a las observaciones y de revisar claramente en un proceso de reflexión institucional como podemos mejorar porque de eso se trata”.

El ministro del Interior, Daniel Palacio, enfatizó en que “para el Gobierno, la protección personal y colectiva de los líderes y lideresas sociales tiene prioridad. Por eso, hoy más del 40 por ciento de las personas protegidas por la UNP son líderes sociales”. Y señaló que el 67 por ciento de los homicidios están concentrados en 27 municipios y cuatro ciudades del país.

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Ante críticas realizadas sobre las cifras que maneja la Fiscalía, Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la entidad, dijo las cifras que usan “no son maquilladas”

Y señaló que por amenazas a esta población presentadas desde 2018, se han obtenido nueve condenas: "Hay cinco casos con preacuerdo, 20 enjuicio y 20 con imputación y 13 en indagación con orden de captura”.

Y sobre 435 homicidios ocurridos desde enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, según cifras de la ONU, 417 casos están en investigación y se han obtenido 91 condenas, mientras que 110 casos están en juicio, 26 en imputación y 50 con orden de captura.

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