Lo que dicen varios aspirantes del curso de formación Judicial sobre la elección de jueces por voto popular: 'Irregularidades en el concurso llevarían a aceptar la propuesta'

La reciente polémica sobre la elección popular de los jueces en México -ideada por el expresidente Manuel López Obrador-, que llegó a Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro hizo referencia a ese mecanismo en un comentario -que no es un proyecto a aplicar-, “no es descabellada” para los aspirantes del IX Curso de Formación Judicial para Jueces y Magistrados.

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Lo anterior, toda vez que alegan que en la actualidad “no hay transparencia” en la escogencia de jueces y magistrados que, según los aspirantes, persisten las “irregularidades en el concurso de jueces y magistrados” que desde hace seis años lleva a cabo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Guillermo Arrázola, uno de los aspirantes, señaló que al no haber transparencia en el proceso y si no se cumple con el propósito de la convocatoria de proveer los cargos vacantes “se mantendrá la provisionalidad”.

“¿Qué diferencia hay entre la designación o nombramiento que hagan los magistrados de los funcionarios judiciales frente a una propuesta populista de elección de jueces?, en el fondo ninguna. Da igual que sea conocido de los magistrados o un hábil político. En ambos casos llegarían a los cargos personas sin mérito ni competencias para istrar justicia" dijo Arrázola.

El aspirante señaló que todo lo que viene ocurriendo con el concurso “allana el camino para que este tipo de propuestas tengan una mediana aceptación.”

Parte de las quejas manifestadas por los aspirantes han quedado recogidas en diversas tutelas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla toda vez que la entidad, según dicen las acciones, “eliminó el aspecto presencial de la capacitación y se negó a atribuir puntaje a las actividades desarrolladas durante el curso, lo cual refleja un apartamiento total de la delegación de funciones atribuidas por el Consejo Superior de la Judicatura y los protocolos establecidos en los acuerdos PCSJA19-11400 y PCSJA18-11077, poniendo en superioridad de condiciones a los jueces en posición de discentes sobre los compañeros discentes que por primera vez acudimos a un curso programado por la EJRLB”.

Para la Organización Iniciativa Formación Judicial, hoy hay 2.744 cargos disponibles, y el concurso le ha costado al Estado “más de 26.000 millones de pesos”.

“Es el concurso de méritos más largo de los últimos 30 años; van 6 años; y faltan 2 años para terminar. Todas las etapas del concurso han tenido irregularidades. Debido a estas deficiencias, sólo continúan 2.310 aspirantes, los cuales conformarían una lista insuficiente para cubrir las casi 3.000 vacantes disponibles, sin contar las que se generarían durante los siguientes seis años”, señaló la organización.

Otro de los aspirantes, Alberto Mario Quintana Majul, consideró que la iniciativa de México comparado con lo que ocurre en Colombia con el concurso de formación "no es distante". “Incluso, es más democrático que se elijan a los magistrados y jueces por voto popular, a que de forma tirana estos sean escogidos por conveniencia política, por vínculos familiares y amistades, usando como como resorte el curso fallido al que no han querido hacerle correcciones”.

“La convocatoria 27 ha servido para dar la percepción de que está dando la elección de jueces a través de mérito, pues eligieron a más 3000 participantes, pero después eliminaron a la mitad para quedar con el poder nominador sobre 1500 puestos restantes”, señaló Quintana Majul.

Maycol Rodríguez Díaz, quien también hace parte del concurso, señaló que el mérito es importante dentro del Estado, el cual está consagrado en la Constitución, es por ello que defiende el proceso de selección de los magistrados y jueces.

Otro de los participantes de la convocatoria 27 de jueces y magistrados, Roy David González Angulo, indicó que el atraso del concurso abre el debate para que se tenga en cuenta una propuesta similar a la que se lleva a cabo en México. “En Colombia, en los últimos años la mayoría de los jueces y magistrados se está escogiendo sin que haya un mérito, toda vez por las irregularidades que se llevan a cabo en el concurso”, dijo.

Los candidatos aseguran que la Escuela Lara Bonilla “aplazó” para noviembre la emisión de los actos istrativos que resuelven los recursos de reposición que han interpuesto, pese a que la Escuela había dicho que se iba a notificar el pasado 26 de septiembre. 

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Precisamente frente a estas quejas, la Escuela manifestó, a finales de julio pasado, que como cualquier proceso istrativo, el IX Curso de Formación Judicial Inicial “no ha estado exento de oportunidades de mejora que, de manera permanente, se han venido implementando, en procura de optimizar la realización de este proceso meritocrático de selección del talento humano al servicio de la istración de justicia”.

Además expusieron que los discentes “han estado rodeados de todas las garantías procesales”, en razón de la posibilidad de presentar peticiones y recursos legales y de obtener respuesta, “lo cual no conlleva el que necesariamente la istración acceda o consienta con todo lo pedido”.

“Estimamos importante destacar que las acciones constitucionales que los participantes del IX Curso de Formación Judicial Inicial han interpuesto ante diversos despachos judiciales de todo el país, incluidas las Altas Cortes, han resultado altamente favorables para el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, lo cual añade mayor legitimidad y confiabilidad en cuanto al desarrollo del curso concurso”, indicó la escuela en una comunicación que hizo llegar a este diario.

Redacción Justicia