"Las farmacéuticas y el Ministerio de Salud se pusieron de acuerdo para frenar la entrega de los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19. Están incumpliendo un fallo judicial”. Así lo manifestó a EL TIEMPO el abogado Ramiro Bejarano, quien logró, mediante un recurso de insistencia, que el Tribunal istrativo de Cundinamarca ordenara la entrega de esa información.
El 21 de mayo, el Tribunal dio tres días de plazo para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) atendiera la solicitud de Bejarano, que le había sido negada, y le entregara la información sobre los contratos firmados por el Gobierno y varios laboratorios. Además, la UNGRD debía responder si Pfizer, AstraZeneca y la estrategia Covax “han recibido pago anticipado para asegurar el envío oportuno de las vacunas adquiridas; en caso positivo, a cuánto ascendió cada desembolso, a través de cuál entidad, cuándo se hicieron tales erogaciones y (entregar) copias de los documentos que sustenten y acrediten esas operaciones”.
Ante la petición de varios sectores para que la información se haga pública, el Gobierno ha manifestado que “el país firmó los contratos con acuerdos de confidencialidad, y violarlos tiene consecuencias de incumplimiento”. Y así lo reiteró anoche Víctor Muñoz, portavoz de la Casa de Nariño, quien aseguró que los contratos en cuestión están en poder de los órganos de control, bajo reserva.
Bejarano señaló que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, y varias farmacéuticas pidieron ante el mismo Tribunal de Cundinamarca la nulidad del fallo del magistrado Moisés Mazabel, argumentando que se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.
Muñoz explicó que la UNGRD radicó una solicitud de aclaración de la sentencia, “toda vez que esta no precisó algunos aspectos necesarios para su cumplimiento”. Y confirmó que el Ministerio de Salud formuló un incidente de nulidad por vulneración a su debido proceso, “ya que no lo hicieron parte y que el resultado del proceso afecta directa y gravemente el Plan Nacional de Vacunación”.
“Esa es una maniobra dilatoria. Lo que deben hacer es entregar los contratos”, dijo Bejarano, quien añadió que al mismo tiempo fue presentado un recurso de tutela ante el Consejo de Estado para evitar, por esa otra vía, que se haga la entrega de los contratos.
Este diario estableció que se trata de una acción de tutela de la farmacéutica estadounidense Janssen contra el fallo derivado del recurso de insistencia de Bejarano. Este dijo que ya fue citado por el magistrado Gabriel Valbuena, a quien le llegó el caso y lo notificó como parte interesada. “Le respondí lo mismo: que entreguen los contratos y dejen de incumplir el fallo”, afirmó el abogado.
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien también presentó un recurso de insistencia contra las restricciones a la información de los contratos, señaló: “Desde que el Tribunal instruyó al Gobierno para entregar copia de los contratos, la istración de Iván Duque y las farmacéuticas han usado todo tipo de malabares para incumplir la sentencia . (...) Lo que buscan, lamentablemente, es proteger la información sobre el precio de las vacunas, para segmentar mercados, manipular precios y perpetuar un oligopolio que atenta contra los principios más elementales del derecho de la competencia y del mercado libre, y que desafía decisiones previas de la Corte Constitucional”.
Enciso dijo que no conocer los contratos en detalle les impide a los ciudadanos saber a quién reclamar ante “cualquier vacuna defectuosa o consecuencia imprevista”. En su opinión, “no hay claridad sobre quién debe responderles: ¿el Estado, las empresas, la EPS? No sabemos, porque no hemos podido leer los contratos”.
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