Lío por inscripción de jugadores de Nacional y la Dimayor llega a la Corte

La Corte Constitucional seleccionó para estudio las tutelas que, por separado, presentaron los jugadores Yeison Estiven Guzmán Gómez y Nelson Daniel Palacio que no pudieron ser inscritos a mediados de este año en la plantilla del Atlético Nacional por una disputa entre el equipo y la Dimayor.

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El impedimento para inscribir los jugadores estaba ligado a una larga diferencia entre el Atlético Nacional y el Cortuluá por la polémica transferencia del jugador Fernando Uribe que se realizó en 2012. Uribe pasó del Cortuluá al Chievo Verona manteniendo el 50 por ciento de los derechos económicos, y de allí a Nacional.

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En 2014, Nacional cedió a Uribe a Millonarios y luego el jugador se quedó con sus derechos al no renovar con ningún equipo. El lío comenzó porque Cortuluá exigió el 50 por ciento del acuerdo inicial, que era por 10 millones de dólares. Y en 2018 la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor fallaron a su favor.

Nacional llevó el caso al TAS que ordenó que este pagara 150.000 dólares al Cortuluá, correspondientes a la mitad del valor del préstamo. Cortuluá llevó el caso al Tribunal Superior Suizo que anuló la decisión del TAS. En medio de esa disputa, los jugadores Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Ruyery Blanco, Nelson Palacios y Yeison Guzmán no pudieron ser inscritos.

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Varios de ellos interpusieron tutelas reclamando su derecho al trabajo, que fueron rechazadas por los jueces de la República. Luego, por un acuerdo entre partes en agosto pasado, este problema se resolvió y los jugadores pudieron ser inscritos e hicieron parte del equipo antioqueño en esta temporada.

No obstante, como todas las tutelas del país pueden ser objeto de revisión de la Corte Constitucional, el alto tribunal optó por hacerlo en la última sala de selección que se realizó la semana pasada.

La tutela fue seleccionada por “la necesidad de pronunciarse sobre sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental”. Y quedó en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo.

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En la misma Sala de Selección, la Corte Constitucional decidió que revisará varias tutelas más que tiene que ver con derechos pensionales de servidores públicos de la Alcaldía de Caldas o casos de personas, cuya pensión fue revocada por Colpensiones por supuestas irregularidades en la consolidación de la historia laboral.

Igualmente fue seleccionada una tutela que pretende la protección del Río Supía (Caldas) afectado por minería ilegal, deforestación y prácticas agrícolas, principalmente por una empresa que vierte en el río desechos de toda clase.

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Además, fue seleccionada el caso de una decisión que, vía tutela, suspendió el acto istrativo dispuso la liquidación de una EPS. Y una en relación con una población afro que se dedica a la pesca, ganadería, agricultura y alega que, con motivo de la ejecución de un programa de es solares, se está afectando su seguridad alimentaria, por lo cual solicita suspender el proyecto, que se adelante la consulta previa y un estudio de impacto ambiental.

Además, la Corte se pronunciará sobre la discriminación de las mujeres transgénero en el trabajo por un caso particular y de un paciente con VIH y depresión a quien se le negó un seguro de vida para acceder a un crédito beca de Colfuturo.

Entre otros casos, el alto tribunal seleccionó tutelas en que un grupo de personas solicitan a la Unidad de Víctimas y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado con ocasión de las olas invernales y al desbordamiento del río Bojabá. Y el de una señora de 72 años que es parte de una comunidad indígena, cuyo hijo desapareció en 2005, y que no está registrada como víctima.

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También hay un caso de presunta desaparición forzada en que las autoridades no han entregado los restos de la víctima, ni iniciado una investigación pese a la confesión del perpetrador. Y una tutela presentada por el personero de Palestina (Caldas) dado que los presos del departamento alegan que han recibido alimentos en estado descomposición.

Además, la Corte selecciona la tutela que presentó la Fundación Una Vida con Propósito y Amo, que protege niños víctimas de violencia sexual, maltrato, abandono, que cuestiona un proyecto que adelanta el Grupo de Energía de Bogotá para la trasmisión de energía de alta tensión, bajo el argumento de que evalúe los impactos que las líneas y torre de alta tensión pudieran tener sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes de la fundación.

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Finalmente, la Corte seleccionó para revisión una tutela presentada por un exjuez de San José del Guaviare que en 2010 declaró insubsistente a una trabajadora judicial. Ella demandó a la Rama Judicial y la Nación fue condenada alegando que la declaratoria de insubsistencia se debió a un presunto acoso laboral y sexual sin que pudiera defenderse. El exjuez alega que nunca pudo defenderse de esos señalamientos.

@JusticiaET

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