'Nunca he consignado injurias o amenazas contra magistrados': abogada

Luego de conocerse que la Corte Constitucional negó una recusación que la abogada Natalia Bernal presentó contra el magistrado Antonio José Lizarazo, y que además le pidió a la Sala Disciplinaria de la Judicatura -hoy Comisión de Disciplina Judicial- que la investigue por un trato irrespetuoso con los magistrados de esa corporación, y por un supuesto abuso del derecho al hacer múltiples recusaciones y presentar toda clase de recursos ante ese tribunal, Bernal le envió un nuevo escrito a la Corte. 

El año pasado la Corte resolvió dos demandas que Bernal le presentó y en las que ella intentaba que en el país se prohibiera por completo el aborto, incluso en las tres causales que fueron despenalizadas por esa corporación en el 2006.

Sin embargo, la Corte se declaró inhibida en esas demandas señalando que ella no presentó argumentos suficientes para hacer un estudio de fondo, ni para justificar por qué debía tumbarse la cosa juzgada.

Desde entonces, Bernal ha alegado que supuestamente hubo irregularidades en el trámite de su demanda, en la publicación del fallo, y ha dicho que hay un trato inequitativo frente a la demanda que presentó el movimiento Causa Justa, que busca lo contrario a lo que ella quería: la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Incluso ha dicho que Lizarazo publicó el fallo de su demanda un día después de que aceptó estudiar la de Causa Justa, lo que para ella es una irregularidad pues considera que no se podía aceptar una demanda nueva sobre la norma que ella demandó hasta que no se publicara la sentencia en su caso. Ese argumento ha sido rechazado por la Corte, por varias universidades del país, e incluso por Presidencia. 

Ante todos los correos, recusaciones, documentos y solicitudes que Bernal ha enviado a la Corte,  los magistrados solicitaron que se evalúe la posibilidad de abrirle como abogada un proceso disciplinario.

Pero además, la instaron a que se "abstenga de formular solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas hacia los magistrados y magistrados de la Corte", o podrían aplicar sobre ella las medidas correctivas que permite la ley. 

Tras conocerse esa comunicación de la Corte, Bernal le dijo al alto tribunal en un correo enviado desde Lubine, Francia, que en ningún momento ha consignado "expresiones injuriosas ni amenazas en contra de los funcionarios públicos de la Corte Constitucional, ni en contra de ninguna persona en los documentos de mi autoría confiados a su institución". 

También asegura que el 19 de enero les pidió "excusas públicas" a los magistrados por usar palabras como "secreto, engaño, deshonesto, y fraude" en sus documentos. Dice que en esas expresiones no había nada "injurioso ni irrespetuoso", pero que cambió esos vocablos en sus documentos "para reemplazarlos por términos más diplomáticos", como decir "comportamiento contrario a la ley exigible a un funcionario judicial" en lugar de fraude, o "trámite oculto al público o confidencial" en lugar de secreto. 

Aunque Bernal cambió esas expresiones en sus documentos, les dice a los magistrados que confirma "todas las denuncias y documentos" que ha presentado y en los que ha denunciado una supuesta falsedad ideológica en documento público que, según ella, ha sido cometida "por los magistrados". 

Bernal afirma que alteraron la autenticidad de los argumentos originales que ella presentó en su demanda en la que pedía la penalización completa del aborto, pues según ella hubo una "falsificación de mala fe" de esos argumentos en la sentencia que se negó a aceptar su demanda. Dice que no tuvieron en cuenta sus pruebas sobre los supuestos daños que causan los abortos, incluso legales, y señaló que "se encubrieron en total 704 referencias médicas". 

"Una cosa es desacreditar argumentos respetando autenticidad de los mismos y otra cosa diferente es adulterar su autenticidad para desacreditarlos intencionalmente como desafortunadamente ocurrió en mi caso", asegura Bernal, afirmando que por eso debe anularse el fallo que rechazó su demanda, solicitud de anulación que ya esta siendo evaluada por la Corte en el despacho de Lizarazo, luego de negarse la recusación que ella presentó contra el magistrado. 

Además, asegura que ha denunciado un delito de prevaricato por el "retardo ilegal" en la publicación del fallo en el que la Corte se inhibió en su demanda, pues la decisión fue tomada en marzo del 2020 y la sentencia fue publicada el 20 de octubre. 

Aunque la Corte señaló que si se demoró ese tiempo fue por la suspensión de términos por la pandemia de coronavirus, Bernal asegura que ese argumento no es de recibo pues "los términos judiciales se restablecieron el primero de julio de 2020". 

REDACCIÓN JUSTICIA