Ordenan al Mininterior divulgar sentencia sobre vulneración a niños wayú

La Corte Constitucional le otorgó tres meses al Ministerio del Interior para que adelante un proceso de divulgación y comunicación en lenguaje wayuunaiki de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por las afectaciones a los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez wayuu en La Guajira.

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La decisión fue adoptada por la Sala Octava de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, luego de valorar el cumplimiento de la orden novena sobre divulgación y comunicación de dicha sentencia.

Aunque la Sala reconoce que se han adelantado algunas actuaciones por parte del Ministerio del Interior, concluyó que hay un cumplimiento bajo de la orden.

Esto porque la cartera tardó más de un año en ejecutar las acciones, pese a que era una orden de inmediato acatamiento.

Además, dijo la Sala, existen dudas sobre la efectividad de la estrategia de divulgación a través de las emisoras, "pues no es claro cuáles fueron las comunidades receptoras de la información, las horas preestablecidas y si el tiempo de difusión fue suficiente para transmitir las más de cinco horas de lectura de los principales apartes de la decisión".

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A esto se suma que la información remitida a la Corte no da cuenta del contenido que se tradujo al lenguaje wayuunaiki y se divulgó en las comunidades.

"De hecho, esta información permite inferir que se hizo una lectura textual que no tuvo en cuenta la necesidad de transmisión en un lenguaje sencillo y culturalmente adaptado para garantizar la comprensión y apropiación del contenido del fallo por parte de las comunidades", dice el alto tribunal.

Por último, según la sala, de acuerdo con lo manifestado por los representantes de las comunidades indígenas y la Veeduría Ciudadana, actualmente persiste el desconocimiento del contenido de la sentencia en muchas de estas comunidades.

“Pese a la importancia de la orden novena y al largo tiempo transcurrido desde la notificación de la sentencia, no existe un conocimiento efectivo de su contenido esencial entre los líderes y los de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, circunstancia que contribuye a que se prolongue en el tiempo el ECI”, indicó la Corte.

De otro lado, la Corte le ordenó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que realice un acto simbólico de reconocimiento de la comunidad wayú como sujeto de derechos en el departamento de La Guajira.

El alto tribunal evidenció que esta comunidad no se siente ni percibe como parte del proceso de conformación de la política pública para solucionar la difícil situación a la que ha estado sometido históricamente, en particular, con un lugar en la sociedad y en el derecho por tener una identidad que no es inferior ni subordinada a las demás, al ser titulares de los mismos derechos fundamentales. 

La Corte reiteró que las comunidades indígenas deben ser escuchadas, que la materialización oportuna y efectiva de sus derechos constitucionales debe ser tratada con la debida relevancia, y que el Estado, los entes territoriales y la sociedad deben trabajar arduamente por garantizar la subsistencia en condiciones dignas de los pueblos étnicos.

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"El acto simbólico que deberá realizar el ICBF, además de constituir una forma de reparación histórica y simbólica, pretende resaltar el rol fundamental que está llamado a cumplir el pueblo wayú como participante activo, en condiciones respetuosas de su identidad e integridad cultural, del proceso de diseño e implementación de la política pública dirigida a solucionar el ECI", informó el alto tribunal.