Piedad Córdoba: confirman condena al Estado por interceptaciones ilegales

En segunda instancia, el Tribunal istrativo de Cundinamarca  confirmó una condena a la Nación por el daño a la exsenadora Piedad Córdoba y su familia, por la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre.

(Lea también: Mattos acepta cargos en segundo caso y pide traslado a una unidad militar).

En particular, la condena es contra el extinto DAS y la Presidencia de la República por las interceptaciones ilegales adelantadas contra Córdoba.

(Más notas: Cada día se han desplazado 38 personas en Arauca por violencia: Defensoría).

Según informó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para el Tribunal fue claro que “el Departamento istrativo de la Presidencia, (Dapre) realizaba requerimientos al (Departamento istrativo de Seguridad) DAS relacionados con las interceptaciones realizadas a Piedad Córdoba y  exigía mantenerlos informados respecto a este blanco político de gran interés para el Gobierno Nacional y por ello mismo, los directores del DAS recopilaban, analizaban y enviaban información al alto gobierno, sin fundamento legal alguno”

Por este caso, en mayo de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá ya había condenado a los capitanes de la Armada Nacional Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina, por las labores de recopilación de material grabado e inteligencia ilegal realizadas en contra de la entonces senadora.

Además, en agosto de 2011 se profirió sentencia anticipada en contra de Germán Villalba Chávez y Fabio Duarte Traslaviña por los delitos de concierto agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en concurso sucesivo y homogéneo.

(Puede interesarle: Piedad Córdoba: así se ha movido indagación en su contra en Corte Suprema).

Según resaltó el Colectivo, entre 2005 y 2008 desde el extinto DAS y por orden de la Presidencia de la República se realizaron labores de inteligencia, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, registros de celular, reporte de datos financieros e incluso hubo una infiltración al esquema de protección brindado a la excongresista.

Todo esto, según el fallo, con “un fin ilegítimo y con propósitos prohibidos por la Constitución y la ley, como lo fue el lesionar su honra, integridad y buen nombre y [además] el Departamento istrativo de la Presidencia solicitó información privilegiada que pudiera poner en tela de juicio la reputación de Piedad, sin existir razones legales y constitucionales para ello”.

De acuerdo con el Tribunal istrativo de Cundinamarca, el Dapre y el DAS son responsables de la vulneración de los derechos de Córdoba y su familia, por lo que además de ordenarle a estas entidades la reparación integral de las víctimas, confirmó que Víctor Manuel Muñoz Rodríguez como director del Dapre o quien haga sus veces, deberá realizar un acto de desagravio en el que ofrezca disculpas públicas.