El Plan de Desarrollo se la juega en la Corte Constitucional: ya tiene 13 demandas

El Plan de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, que es la hoja de ruta de su mandato, fue aprobado luego de un duro pulso en el Congreso y ahora, mientras está en marcha, se juega otro más ya que a la Corte Constitucional ya llegaron 13 demandas que buscan tumbarlo total o parcialmente.

(Lea: Cartel de la toga: Procuraduría inhabilita al exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz)

EL TIEMPO revisó los expedientes y encontró, entre otras, dos demandas que buscan tumbar toda la ley: una la presentó el senador Miguel Turbay y el representante Carlos Osorio y otra del abogado Delain Arias que alegan que hubo vicios de trámite en el Congreso en las jornadas en que se votó en bloque y por supuesta violación al principio de la publicidad a la hora de votar proposiciones y cambios concretos a artículos.

“Es importante precisar que la presente acción de inconstitucionalidad no busca proponer un debate de fondo, lo que aquí se tilda de inconstitucional es precisamente el aspecto formal de la manera en que fue aprobada la actual Ley del Plan de Desarrollo 2022-2026”, dice el recurso de Turbay.

De otro lado, Samir Pacheco demandó un artículo que señala que los dueños de predios rurales en zonas donde no hay alumbrado público pagarán el impuesto respectivo “por medio de una sobretasa al impuesto predial” que no podrá ser superar 1 x100 del mismo. El recurso dice que esto obliga a las autoridades a financiar el alumbrado público y llevaría a que se modifiquen presupuestos, afectando “la planeación de cada ente territorial”.

(Lea: Consejo de Estado mantuvo la elección del congresista Daniel Carvalho, ¿por qué?)

El concejal de Bogotá Marco Fidel Acosta Rico demandó artículos que versan sobre la contratación y compras mediante las Asociaciones Público Populares que permite que el Estado celebre contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.

Según el recurso, se están cambiando los “requisitos legales para postularse como funcionarios o contratistas del Estado (…) se está creando unas nuevas reglas de juego saltándose este principio constitucional que constituye en un elemento trascendental en el marco de la construcción del Estado de derecho, éste establece como imperativo para la gestión pública, brindar igual trato a quienes se encuentren en igual situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho”.

Además, Acosta demandó la entrega de facultadas extraordinarias dadas al Presidente para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción por supuestamente desbordar las competencias para ello.

“Dicha vulneración se configura en la medida que el artículo acusado introduce un procedimiento especial para la aprobación de las leyes orgánicas donde el legislador le entrega esta función al Presidente de la Republica permitiéndole modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, e incorporarlos al Sistema de Transferencias, ignorando lo establecido en el art 150 de la Constitución que incorpora una prohibición expresa en este sentido”.

(Lea: Arranca seguimiento de la CIDH a recomendaciones a Colombia tras el paro nacional)

La abogada Luisa Fernanda Guarín Plata demandó un artículo que permite al Ministerio de Hacienda disponer de la istración de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales bajo la modalidad de contratación directa y hasta por cinco años al indicar que esto no está relacionado con el resto del plan de desarrollo y podría poner en riesgo recursos que superan los 50 billones.

"Los propósitos de diseñar una regulación eficiente para avanzar en términos de transparencia para combatir de manera eficaz las diferentes formas de corrupción, no se compagina con la norma instrumental que modifica el sistema de seleccionar las entidades que istrarán los recursos del Fonpet”, dijo.

Laura Juliana Baquero Manzano y Sihara Veruzca Acosta Escandón demandaron un artículo que crea un mecanismo para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta a cargo de la Agencia Nacional de Tierras y que le permite a la entidad comprar directamente al Frisco por vicios de trámite en el Congreso. Sobre este tema, el senador Miguel Turbay presentó otra demanda.

(Lea: Frenan plan de exmagistrado Ricaurte para levantar su sanción disciplinaria)

Y Sara Lucía Calvo demandó varios artículos que tienen que ver sobre el a la tierra y la formalización de títulos.

Según ella, “los artículos 57, 58, 59 y 61 son violatorios del artículo 2 del acto legislativo 02 de 2017 porque modificaron el decreto ley 902 de 2017, el cual hace parte del desarrollo normativo de implementación del proceso de paz y el cual debe mantenerse vigente por tres periodos presidenciales completos y posteriores a la firma del mencionado acuerdo”.

(Lea: ¿Los funcionarios judiciales pueden ir a la huelga? Corte pide regular)

“Esta violación se soporta en que el acto legislativo 02 de 2017 ordenó preservar los contenidos normativos y leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final hasta por tres periodos presidenciales completos y posteriores a la firma del acuerdo, con lo cual se hace evidente que los artículos y apartes de la ley demandada, al modificar una norma de implementación del proceso de paz, quebranta el mandato constitucional".

Igualmente, Fasecolda, a través de su Presidente Gustavo Morales Cobo, demandó un artículo que dispone que todas las entidades y corporaciones públicas se afiliarán a la a de riesgos laborales de carácter público (Positiva Compañía de Seguros S.A), señalando que esto tampoco tendría relación con los mandatos del plan y que esa medida no tiene recursos asignados en el Plan Plurianual de Inversiones 2002-2026.

"No es claro que aumentar el número de s al sistema de aseguramiento público de riesgos laborales lo vaya a fortalecer. Esto, considerando que se le encargó velar por la seguridad en el trabajo de todas las personas que laboran en las diferentes entidades públicas del país, pero en el Plan Plurianual de Inversiones no se prevén recursos para responder por esta nueva carga, como se explica en el apartado siguiente", dice esa demanda.

(Lea: Desde cero debe iniciar el proceso para elegir Contralor: Consejo de Estado)

Edwing Fabián Díaz Plata por su parte, demandó una artículo que crea la sibrección istrativa, la oficina de Control Disciplinario Interno y la División de Tecnologías de Información y Comunicación en la Cámara de Representantes por no tener relación con el plan de Gobierno del Presidente Petro. 

Las demandas ya fueron repartidas entre los magistrados para su revisión.

@JusticiaET