‘Las cortes no nos oponemos a ser controladas’: Jorge Octavio Ramírez

Las denuncias de corrupción en las altas esferas de la justicia reabrieron el debate sobre la necesidad de una reforma de fondo a la Rama Judicial. Varios de los puntos que están hoy sobre la mesa fueron enterrados hace un año, cuando se cayó gran parte del proyecto de equilibrio de poderes. El presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez Ramírez, explicó las propuestas que debate ese tribunal para paliar la crisis de la justicia.

Hemos dedicado varias salas plenas a estudiar la situación, que todos los días es más grave. La primera idea en la que estamos es que tiene que haber un órgano de control de la conducta de los magistrados de altas cortes que sea ágil, eficaz y oportuno, llámese comisión de acusación, tribunal de aforados, como lo quieran llamar, pero que tenga esas calidades.

Desde el 2015, el Consejo de Estado ha presentado alternativas en ese sentido, pero desafortunadamente fracasó la reforma al equilibrio poderes porque la Corte Constitucional consideró que por razón de su origen se vulneraba un principio esencial de la Carta Política. Hay que crear un organismo que respete las pautas que definió la Corte para que no tengamos otro fracaso, que llevó a pensar que nos estábamos oponiendo a tener control. Las cortes no nos oponemos a ser controladas.

Lo importante es que el órgano que juzgue la conducta penal y disciplinaria de los magistrados de altas cortes tenga unas competencias perfectamente definidas de acuerdo a las faltas. Se debe ocupar de causas graves y tener un mecanismo que permita depurar previamente qué es grave y qué no lo es, para que se dedique a lo importante. No puede ser lo mismo, ni puede tener el mismo tratamiento una falta leve, como lo es una queja contra un magistrado porque falló en determinado sentido, que una denuncia de una supuesta negociación de una sentencia. Un organismo que coexista con el que juzgue lo penal y disciplinario se dedicaría a ese tipo de faltas leves.

Desde 2015, en la declaración de Paipa, el Consejo de Estado lo discutió y, si bien no hubo una posición unánime, la mayoría de los consejeros consideraron conveniente la supresión de esas facultades electorales, incluso, por eso, se suprimió la facultad de postulación que tenían los jueces en relación con el Contralor.

Se siguen estudiando esos aspectos, pero la tendencia apunta a la supresión de esas facultades electorales. Otras cosas que habrá que revisar será la elección de los magistrados, los periodos de los magistrados, las inhabilidades e incompatibilidades. Estamos de acuerdo en que se establezca un régimen muy estricto sobre ese tema.

Las circunstancias están desbordando todo lo que se conversa porque todos los días surgen hechos nuevos, pero es muy importante que se entienda que tenemos el propósito de buscar una solución a esta crisis.

No hemos tomado decisiones concretas. Quedamos en entrar a estudiar aspectos relacionados con los nombramientos, el sistema de carrera. Incluso, hemos discutido temas como el cabildeo, las visitas a las corporaciones, permisos para dar clases, en fin. Hemos dado debates amplios donde ventilamos todos estos aspectos, incluso la posibilidad de que todo lo nuestro sea público: las decisiones, las deliberaciones, las salas. La idea es que cuanta más transparencia y más publicidad haya de la gestión del Consejo de Estado, más sabrá el ciudadano sobre lo que hacemos y podrá tener confianza en nosotros.

Hemos discutido la posibilidad de que se conforme un grupo especial de jueces y fiscales con acompañamiento de la Procuraduría para que investiguen los casos de corrupción de quienes no estén cobijados por el fuero. La idea es que ese grupo cuente con una veeduría ciudadana, que haya una persona de la ciudadanía con intachable reputación que pueda vigilar esa unidad especial, la cual concentraría el conocimiento de todos esos procesos.

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