La reforma de la justicia, a un debate en el Congreso / Opinión

En un momento especialmente crítico para la justicia, cuando son, de lejos, mayoría los colombianos que responden en las encuestas que poco confían en sus cortes, el Congreso está a punto de aprobar el relajamiento de las condiciones para ser magistrado de la República.

El artículo 232 de la Constitución establece que para llegar a una corte en el país –y, por extensión, para ser fiscal y procurador general– es requisito insalvable “haber desempeñado, durante quince años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”. El proyecto de reforma de la justicia que hoy está a un debate de ser ley estatutaria, sin que se tenga plena certeza de la autoría de la propuesta, permite la homologación parcial de la experiencia de 15 años a los abogados que acrediten formación en áreas como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, istración de empresas y istración pública.

Aunque desde diversos sectores se ha advertido no solo sobre la inconveniencia sino sobre la inconstitucionalidad de abrir esa puerta –que podría llevar a que la jurisprudencia del país quedara en manos de personas que no tienen el conocimiento jurídico que da el ejercicio profesional–, la polémica homologación ha seguido adelante en el Congreso.

Además de preocupante, paradójico, porque precisamente uno de los problemas de nuestra justicia es que una silla en una alta corte en Colombia no es hoy el cierre con honores de la carrera de un abogado, sino, con frecuencia, un trampolín para otros cargos, incluso de elección popular.

También ha habido polémica porque algunas elecciones de funcionarios istrativos, que hoy están en manos del Consejo Superior de la Judicatura, pasarían a la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, lo que, según algunos analistas, podría exponer a los presidentes de las cortes y al Fiscal General a pujas por burocracia.

Que el país necesita una gran reforma judicial, nadie lo discute. En la propuesta que está en plenaria de Senado hay avances sin duda importantes, como el impulso a la justicia virtual, el precedente judicial y el reglamento de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero todos, especialmente el Gobierno, debemos estar atentos a que no se repitan dolorosas experiencias del pasado, cuando en otros intentos de reforma se colaron ‘micos’ no solo impresentables, sino peligrosos.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET