En momentos en los que hay fuerte polémica en el país por la ampliación en más de 1.200 cupos de la nómina de la Procuraduría se conoció un duro pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reciente reforma de ese ente de control.
Según reveló el noticiero CM&, la Corte IDH advirtió que la reforma de la Procuraduría en la cual se justifica la creación de 1.208 nuevos cargos no cumple con el fallo emitido por ese organismo en el cual se condenó al Estado colombiano por la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
El documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
“El documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular”, indicó el noticiero sobre la resolución del pasado 25 de noviembre.
Por último, el noticiero CM& agrega que la Corte IDH “se encuentra pendiente de que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”.
Esto es una verdadera falsedad de la Procuradora
Petro, por su parte, indicó en Twitter: “Esto es una verdadera falsedad de la Procuradora. La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas; en cambio, lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.
La norma tiene 27 artículos y en el artículo 26 se establecen cuáles son los nuevos cargos por crear, entre los que habrá 20 asesores nuevos para el despacho de la procuradora general, un director en el despacho del viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrital, 60 procuradores provinciales, entre otros.
En total serán 1.208 empleos nuevos permanentes que llegarán a la entidad, según la descripción del articulado, que no establece la forma de provisión de los mismos, por lo que hay dudas sobre si serán de libre nombramiento y remoción; es decir, 'a dedo'.
Tras la polémica por el Decreto 1851 de 2021, la Procuraduría indicó que se debía cumplir el fallo de la Corte IDH "que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento".
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