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Sanción para abogado que engañó a mujer haciéndole creer que le habían dado un predio

Comisión de Disciplina Judicial dio validez a
conversaciones de WhatsApp como prueba documental.

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto: Cortesía

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Jesús BlANQUICET

PERIODISTA JUDICIAL02.04.2024 09:48 Actualizado: 02.04.2024 09:48

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó una sentencia que busca proteger los derechos de ciudadanos que se ven perjudicados por abogados que abusan de su conocimiento y la confianza de las personas, resultando en engaños hacia sus clientes.

Esta confirmación de responsabilidad y sanción recae sobre un jurista suspendido de ejercer su profesión por un año y multado con cuatro salarios mínimos mensuales vigentes.

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El caso se originó a partir de una queja presentada en febrero de 2020 por una profesora de Ibagué. Esta docente había otorgado poder a un abogado en mayo de 2018 para que gestionara la adjudicación de un predio en su nombre, creyendo que era propiedad municipal, pero ocupado por ella.

Según consta en el expediente, el abogado hizo creer a la profesora, a través de conversaciones de WhatsApp en julio de 2019, que el predio había sido adjudicado a través de una resolución oficial. Además, se aportaron pruebas que incluyen testimonios de colegas de la denunciante y registros de pagos realizados al abogado investigado.

Comisión de Disciplina Judicial. Foto:Cortesía

Posteriormente, se reveló que la resolución presentada por la profesora en diciembre de 2019 era fraudulenta, ya que había sido alterada.

“Entre las pruebas allegadas figura el testimonio de otra profesora y compañera de trabajo de la denunciante, quien afirmó que el abogado visitaba frecuentemente a la quejosa en la Institución Educativa donde laboraba para pedirle dinero. En ese sentido, la empresa de giros a través de la cual se hicieron efectivos los pagos, acreditó cómo entre el 01 de enero del 2017 y el 31 diciembre del 2020 se hicieron efectivos 9 pagos por un monto total de $4.653.373 en favor del abogado investigado”, se lee en una .

Además, se aclaró que el abogado no había iniciado ningún trámite istrativo en favor de la denunciante, y el registro de propietario del predio estaba a nombre de otra persona.

El jurista fue encontrado culpable de demorar la gestión encomendada para la adjudicación del predio y de participar en un acto fraudulento al presentar documentos falsos para engañar a su cliente. Por lo tanto, se le impuso una suspensión de un año en el ejercicio de la profesión y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, según lo establecido en la Ley 1123 de 2007.

A pesar de la apelación del abogado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sentencia inicial, destacando que existía un mandato explícito para que el abogado llevara a cabo el trámite de adjudicación del predio en favor de la profesora.

Redacción Justicia:

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