¿Tambalea la cédula digital? El duro debate que abrió un fallo de la Corte

La cédula digital para los colombianos, la gran apuesta del Registrador Alexánder Vega, podría quedar en el limbo tras una reciente decisión de la Corte Constitucional que asegura que todo lo que tiene que ver con la identificación, sus datos, las formas y mecanismos, debe regularse por una ley en el Congreso.

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“Sólo el legislador puede regular aspectos tales como las formas o mecanismos de identificación, su contenido, los datos que ha de incorporar, entre otros, pues se trata de aspectos relacionados con la identidad de las personas y el manejo de datos sensibles abarcados por el derecho de hábeas data”, dice el fallo que tuvo como ponente al magistrado Antonio José Lizarazo.

Aunque la sentencia no versa sobre la cédula digital, sino sobre un artículo del Código Electoral vigente, que es de 1986, que permitía cancelar la cédula si se tenía otra nacionalidad, fuentes de alto nivel advirtieron a EL TIEMPO sobre lo crucial de la argumentación de esa decisión para la cédula digital que fue presentada al país mediante la Circular Externa 011 del 5 de febrero de 2021 de la Registraduría, que tiene como fundamento legal un decreto en el que se habla de la identificación por medios digitales, entre otros.

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Ese nuevo documento se empezó a producir desde diciembre de 2020 y tiene, entre otros, información biométrica. A finales de 2022, ya se habían expedido 1.101.133 cédulas digitales, que se pueden portar en el celular y que prometen agilizar trámites. Y, a la fecha, ya la cifra se acerca a los 2 millones.

Apenas unas horas después de que se conoció el fallo de la Corte, se empezaron a conocer las primeras alertas sobre sus posibles consecuencias para la cédula digital.

“Lo que le está recordando la Corte a la Registraduría es que no puede cualquier registrador o registradora sencillamente considerar que hay que hacer un cambio del documento de identidad y sin ningún tipo de consulta, hacerlo”, dijo a este diario la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

Añadió que la Registraduría y su equipo de expertos tenían que saber que los cambios no se podían hacer por una circular, sino por ley. 

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“Tanto se sabía que se tenía que haber hecho un procedimiento por el Congreso que en el nuevo código electoral (en trámite) eso queda en cabeza solamente de la Registraduría. Cada Registrador, entonces, cuando llegue, podría hacer los cambios de cédula que considere, con todas las implicaciones económicas y de registro”, advirtió Barrios, quien aseguró que hoy la cédula digital se emite para quienes sacan el nuevo documento o para quienes lo perdieron.

Así, Barrios hizo un llamado al Congreso para tratar este tema con seriedad en vez de aprobar grandes bloques de artículos a pupitrazo, y otro al Consejo Nacional Electoral para que ponga en marcha un plan de acción que también dé claridad sobre lo que podría pasar de cara al uso del documento digital para las elecciones regionales de octubre, más allá de si se presenta o no una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la normativa de la cédula digital que sería el escenario que zanjaría esta discusión.

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Además, la experta dijo que esto tiene implicaciones frente al contrato que se firmó para poner en marcha la cédula e incluso para todas las entidades que tienen  que adecuar su tecnología a las especificaciones que termine definiendo la Registraduría.

El abogado experto en temas electorales Hollman Ibáñez le dijo a EL TIEMPO que presentará un derecho de petición el martes pidiendo que se suspenda la cedulación electrónica, al considerar que con la decisión de la Corte, aún si sobre ella solo se conoce el comunicado de prensa, es suficiente para justificar esa medida.

"Acá lo que le están diciendo es que una cosa son las funciones electorales y otras las de identificación y que estas últimas están sometidas a reserva legal", dijo. 

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El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, por su parte, aseguró que como hay aspectos claves en la cédula digital, que no están en la cédula amarilla de hologramas, y un debate sobre si se podrían compartir documentos sin autorización previa del portador, el CNE debe presentar con urgencia un proyecto de ley y analizar el alcance de la sentencia de la Corte.

"“El registrador no tiene competencias motu propio para en forma discrecional determinar las características, el contenido, el alcance de ese nuevo documento de identidad (...) En la época de la ciberseguridad y de la introducción de algoritmos es apenas obvio que hayan mayores garantías para proteger los derechos de los ciudadanos (a la intimidad y la privacidad de los datos) y eso solamente es competencia del legislador y no de una autoridad istrativa", dijo Novoa quien consideró que el Registrador "actúa como una autoridad sin controles.

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En ese sentido, para Novoa sería ideal que el tema fuera objeto de una discusión en el Congreso y no necesariamente en el Código Electoral en trámite que va en primer debate en el Senado de la República.

El exregistrador delegado en lo Electoral, Alfonso Portela, dijo que la decisión de la Corte implicaría retroceder en materia de tecnología.

"Es un golpe al documento como tal en la medida en que lo devuelve a la cédula tradicional que solo tiene la huella, el número, apellidos, nombres, lugar de expedición, fecha y lugar de nacimiento, la estatura, el color de la piel, señales particulares, la firma y la fotografía. En ese orden de ideas, todo lo que se adicione a ese documento tendría que haber sido materia del legislador", explicó.

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Esos otros elementos que tiene la cédula digital y que, según la argumentación de la Corte tendrían que discutirse en el Congreso, dijo Portela, son una serie de atributos que incluyen más "información, la posibilidad de que se incorporen una serie de datos que pueden individualizar más a las personas y tener un historial mayor del portador de ese documento. También está el tema de la identificación facial".

El asesor en temas electorales aseguró que este fallo devuelve al país a la cédula física hasta que no haya una ley y, en su criterio, sí se podría incluir en el Código Electoral que está en trámite, hacer una enmienda y habilitar lo necesario para que "el avance en materia de identificación no se caiga".

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"Regresarnos a un documento que riña con las nuevas formas de circular y portar documentos pues volveríamos a ese formato tan criticado que cada vez que necesiten el documento se pide con fotocopia al 150 por ciento, cuando el documento digital tiene otras rutas de verificación. Eso sería un golpe durísimo", dijo al tiempo que indicó que los documentos físicos hoy son factibles de falsificar y que el digital da más seguridad.

Consultado por EL TIEMPO, el Registrador Alexánder Vega dijo que en su criterio la cédula digital no se queda sin piso con esta argumentación porque el Decreto 1010 de 2000 permite a la Registraduría expedir y elaborar cédulas de ciudadanía y adoptar un sistema único de identificación. También dijo que el Código Electoral vigente le permite fijar, con aprobación del CNE, las dimensiones y el contenido de la cédula.

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“La expedición de la nueva cédula digital en sus dos formatos, fue surtida de acuerdo a lo preceptuado por las leyes mencionadas”, indicó Vega quien agregó que los mecanismos de validación de identidad pueden ser múltiples, “como el uso de firmas electrónicas y digitales regulados actualmente en la ley 527 de 1999”.

Vega agregó que un decreto de 2017 definió el concepto de cédula de ciudadanía digital y que en el 620 de 2020 “se definió el concepto de la cédula digital bajo el entendido que es el equivalente funcional de la cédula, es decir, que presta las mismas funciones y fines en medios electrónicos”.

Preguntado sobre si esta regulación se podía hacer por una circular y sin pasar por el Congreso, Vega Rocha dijo: "Sí, el Registrador Nacional por mandato constitucional derivado de sus funciones establecidas en el artículo 266, tiene a su cargo la identificación de las personas que se entiende como la instrumentalización del derecho a la personalidad jurídica que se establece a partir de los formatos establecidos por la única autoridad en identificación Registraduria Nacional del Estado Civil".

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En ese sentido, explicó que, "para asegurar que cada colombiano tenga un único número de identificación personal desde su nacimiento hasta su muerte y que se materialice en igual forma en los documentos de identidad , que sean exclusivos a una única persona, se emplean las tecnologías más robustas que permiten la asociación exclusiva de datos biográficos y biométricos que son indivisibles y que permiten relacionarlo con un número único de identificación personal".

De otro lado, el Registrador defendió el contrato para la puesta en marcha de la cédula de policarbonato y la plataforma de cédula digital, que es el otro sí por 16.000 millones al contrato de servicios 002 de 2020 suscrito por la Registraduría e Idemia Identity & Security Sucursal Colombia, al indicar que la contratación directa se justificó porque esa empresa es proveedor exclusivo de los algoritmos de identificación.

Y señaló que en el actual proyecto que cursa en el Congreso se incluye la definición de documentos de identificación y sus clases, tarjeta de identidad y cédula, "por cuanto son necesarios para la confirmación de los censos electorales, que se encuentran en debate en el legislativo".

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Ante este panorama, lo cierto, por ahora, es que solo una demanda ante el Consejo de Estado podría resolver de fondo esta discusión.

@JusticiaET