Ultimátum de la Corte Constitucional para que centros de detención transitoria no sean usados como cárceles

En una contundente decisión la Corte Constitucional asegura que la situación en los centros de detención transitoria del país está peor que antes, pues se encuentran cada vez más hacinados y en condiciones más precarias, superando las situaciones de indignidad y degradación que se viven en cualquier centro penitenciario del país.

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Según la Corte Constitucional, nada ha mejorado desde que declaró, en 2022, el estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración sistemática de derechos en dichos centros transitorios, lugares que están diseñados para detenciones de hasta 36 horas y en donde, con corte a julio de 2024, encontraron ‘viviendo’ a más de 1.500 personas condenadas y más de 5.000 imputados que llevan allí más de 12 meses.

“Los centros de detención transitoria en la actualidad representan una tragedia humanitaria para Colombia, avergüenzan a la República y no pueden permanecer huérfanos de atención”, dice la Corte con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez.

La Corte le ha dado un ultimátum al Inpec para que traslade inmediatamente a todos los condenados a establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), con apoyo de la Fiscalía General y de la Policía Nacional.

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El alto tribunal también le ordenó al Inpec trasladar de manera inmediata a todas las personas privadas de la libertad a quienes un juez les haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria. 

“Para materializar los traslados previamente ordenados, resulta fundamental que el Inpec, con el apoyo de la Policía y de la Fiscalía, priorice los centros de detención transitoria con mayores índices de hacinamiento”, exhortó la corporación.

La Corte le llamó la atención al Inpec porque se ha negado a recibir en cárceles a condenados que no tienen su sentencia en firme. “Resulta imprescindible mencionar la concepción errada e infundada que ha acogido el Inpec para obstaculizar el traslado de las personas condenadas cuya sentencia aún no se encuentra en firme a los Eron”, advierte la decisión.

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El alto tribunal también cuestionó el plan de acción para descongestionar los centros que presentó en agosto de 2023 el Ministerio de Justicia.

Las órdenes proferidas por la Corte Constitucional dejan ver la gravedad del hacinamiento que en la actualidad hay en los centros de detención transitoria, tanto de la Policía, como de la Fiscalía (URI).

EL TIEMPO conoció que con corte del pasado 24 de julio, el hacinamiento en las estaciones de policía alcanzaba el 146 por ciento, con una sobrepoblación de 12.652 personas, y en las URI rondaba el 16 por ciento, es decir, una sobrepoblación de 171 personas. Las cifras son obtenidas del Centro de Análisis del Servicio de la Policía (Cepol).

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Al poner la lupa sobre las estaciones de policía se tiene que en todo el país hay 1.578 salas en estaciones de policía, que tienen una capacidad de 8.660 detenidos; sin embargo, en la actualidad hay 21.312. De la cifra, 1.558 están condenados y 19.754 están imputados.

Otra de las características de los tenidos es que 20.591 son hombres, 684 son mujeres y 37 pertenecen a la población LGBTIQ+. En estaciones de policía metropolitanas hay 13.470, y estaciones de policía departamentales hay 7.842.

En el caso de las URI, en todo el país hay 86 salas de detención con una capacidad para 1.060 personas, pero en la actualidad hay 1.231 detenidos; 86 están condenados y 1.145 están imputados. De la población recluida en las URI, 1.145 son hombres y 86 mujeres.

En 1998 la Corte declaró la existencia de una gravísima crisis de violación de derechos, o estado de cosas inconstitucional (ECI), por el hacinamiento En 2013 la Corte declaró otro ECI por la intensificación de ese hacinamiento asociado a las fallas en la política criminal del Estado, a la que catalogaron de “populista” e “incoherente”.

Y en 2022 el ECI se extendió a los centros de detención transitoria y estaciones de policía, en los que han recluido indefinidamente a condenados –que deberían estar en cárceles– cuando se supone que dichos centros están diseñados para detenciones de hasta 36 horas.

Redacción Justicia:

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