Por estos días en los que la campaña presidencial se sacude por la propuesta, harto polémica, del llamado ‘perdón social’, vale la pena analizar cómo una de las cosas que más le han hecho falta a la Colombia de las últimas décadas ha sido, precisamente, lo contrario: la sanción social.
Sanción social entendida en el sentido estrictamente democrático del término: esto es, la expresión de rechazo firme, pero también respetuosa de los derechos y de la legalidad, hacia lo que representan los que delinquen y los que aprovechan leguleyadas y resquicios jurídicos para salir indemnes de sus andadas al filo de la norma. Hacia los antivalores de esos que promueven la cultura del más vivo. Rechazo social a la parábola de los que a pesar de haber sido condenados por la justicia no dan señal de resocialización, y menos de reparación a sus víctimas, sean estas personas, instituciones o entes territoriales.
Los colombianos nos quejamos, con razón, de las muchas y onerosas fallas de nuestra justicia. Corrupción, desidia, elefantismo burocrático, indolencia y falta de transparencia son algunos de los numerosos males que nos aquejan institucionalmente. Pero como ciudadanos, como familia y como sociedad podemos –mejor dicho, nos falta– hacer mucho más que lo básico, que es respetar la ley.
Desde hace ya muchos años, más después de las malas herencias que cargamos de la cultura del narco, no son pocos los que no ven como una desviación social el triunfo de los avivatos y de los que pasan sobre lo que sea para sacar adelante sus intereses.
Es la sociedad que celebra el derroche de los que supieron hacerse con la plata fácil. La misma que no ve problema en hacer negocios con ellos, que no denuncia, que va a sus fiestas y luego hace cara de sorpresa cuando –nos acaba de pasar con Emilio Tapia– vuelven a las andadas: a saquear las platas públicas. Es la Colombia que por décadas eligió a barones políticos que luego terminaron condenados por corrupción o nexos con ‘paras’, narcos y guerrillas. El país que a pesar de esas condenas volvió a elegir y siguió eligiendo a los herederos de los votos de esas castas políticas cuestionadas.
El derecho de todos a regresar a la plena ciudadanía después de haber cumplido una condena penal no ite discusión alguna.
Pero mucho va de la resocialización real al relativismo moral que nos ronda hace décadas y amamanta a muchos de nuestros males endémicos como sociedad, empezando por el mal de la corrupción.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO