En apenas 96 horas, Harold Andrei Echeverry, el criminal que asesinó a Michel Dayana González en Cali en la Noche de las Velitas, fue capturado y enviado a prisión. Un desenlace que, dijo Genaro González Valencia, el padre de la joven, no minimiza el dolor por el atroz feminicidio, pero al menos debería servir para evitar que el depredador sexual y asesino se cobre nuevas víctimas. Confiemos. Porque en el caso de esta niña, precisamente, todas las fallas de nuestra justicia propiciaron la situación de riesgo que terminó con su vida, apenas a los 15 años.
Harold Andrei Echeverry aceptó los cargos. Todas las pruebas estaban en su contra, así que no tenía camino diferente. El Código de Infancia y Adolescencia prohíbe la rebaja de penas para los responsables de crímenes atroces contra menores, lo que en teoría le implicaría una pena de 60 años.
Pero son tantos los atajos de nuestro sistema penal que es necesario que los ojos del país sigan encima del caso, para evitar que la tardanza de la justicia, cuando no decisiones indolentes de algunos operadores judiciales, terminen jugando en favor del victimario.
Michel Dayana no fue la primera persona atacada por Echeverry, un exmilitar que tenía tres procesos por agresión sexual –una de las víctimas tenía 12 años– y que estuvo preso entre 2019 y 2021, hasta que un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. Por más de dos años nadie logró mover el proceso contra este enemigo público, que finalmente volvió a atacar y a recordarle a Colombia que somos un país que no sabe proteger a sus niñas y niños.
Hasta octubre pasado, Medicina Legal había registrado 20.302 ataques sexuales. Al menos una de cada 10 víctimas era menor de edad; casi todas, niñas y adolescentes. ¿Cuántos de los señalados responsables –usualmente, cercanos o conocidos– fueron enviados a la cárcel? ¿Qué vigilancia se ejerce sobre los que, por la razón que sea, quedan en libertad? ¿Y por qué cuando esto último sucede no hay una acción puntual de Fiscalía y otras autoridades para lograr cuanto antes enderezar el camino de la justicia? El Estado todo tiene la obligación de sacar de las calles a los criminales que amenazan a la sociedad. Pero esa obligación es más acuciante ante feminicidas, asesinos, depredadores sexuales y delincuentes profesionales que, si es que son capturados, muchas veces no tardan en volver a salir por cuenta de un sistema desbordado. Empezar a cambiar esta realidad es la única manera de evitar que el país tenga que llorar a otras víctimas como Michel Dayana.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET