Cadena perpetua a violadores: ¿qué tanto cambia nuestra realidad?

Este martes, con la firma del presidente Iván Duque, quedará en firme la resurrección de la cadena perpetua, que por su atávica severidad –junto con el destierro, la confiscación y la pena de muerte– fue abolida hace décadas de nuestro mapa jurídico y que desde hoy vuelve a tener vigencia en los casos de violadores y asesinos de niños.

Poner en duda la efectividad de este tipo de medidas punitivas, como lo hicieron en su momento reconocidos penalistas, no es para nada popular. Menos en un país que es golpeado cada vez con mayor frecuencia por casos como el del auxiliar de un hogar infantil de Medellín que habría abusado de al menos 14 niños y niñas menores de 5 años. Frente a realidades tan macabras, no tarda en imponerse la idea de que lo que procede es que los depredadores pasen el resto de su vida en prisión, lejos de potenciales nuevas víctimas.

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Sin duda, cada paso que dé el país para proteger a sus niños y adolescentes representa un avance. Pero particularmente frente a este cambio extremo de códigos y Constitución, es importante que los colombianos entiendan que la cadena perpetua no es suficiente –muchos la califican incluso de inocua– para cambiar una situación que nos avergüenza.

Aún está por verse si la figura logra pasar el examen de la Corte Constitucional, que en los últimos 15 años tumbó medidas menos drásticas contra los violadores, como el uso de los llamados ‘muros de la infamia’, en los que aparecían los rostros de criminales con sentencia ejecutoriada.

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Pero, de nuevo, lo cierto es que nadie –ni ciudadanos ni gobernantes ni congresistas– puede darse por satisfecho por la sola aprobación de la cadena perpetua. La guerra contra los depredadores no se libra solo con más penas –hoy pueden ser condenados hasta a 60 años–, sino con prevención y educación en calles, hogares y colegios, y con la captura, condena y envío a prisión de los delincuentes.

Nilson Pinilla, quien fue presidente de las cortes Suprema y Constitucional, así lo explica: “Lo que muestra la experiencia es que esas personas deciden cometer el crimen no en función de la condena que pueden recibir, sino calculando la alta posibilidad de que nunca sean procesados ni capturados”. ¿Y qué pasa en Colombia? Que para un delincuente la posibilidad de ir preso, incluso en los casos más graves, sigue siendo muy baja. En 6.557 de los 9.037 casos de violencia sexual que fueron atendidos por Medicina Legal entre enero y mayo de este año, las víctimas eran menores de edad. En el mismo lapso de 2020 fueron 6.479.

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¿Cuántos de los agresores están hoy tras las rejas? Según el Inpec, en las cárceles hay 13.110 condenados o sindicados por delitos sexuales contra menores. Esa cifra, que corresponde a todos los casos en los que hay actuaciones de fondo de la justicia en décadas, es incluso inferior al total de denuncias por niñas y niños de un solo año.

Tenemos, pues, cadena perpetua. Pero para aplicar estas penas extremas y otras más realistas se necesita una justicia que funcione, y eso es lo que no hemos podido garantizar ni frente a la violencia sexual ni frente a ningún delito.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET