Bloqueadores de celular que no operan, foco de criminalidad en las cárceles

En la mañana del 6 de enero, después de una de las primeras jornadas de disturbios del año en el sur de Bogotá, las autoridades de la ciudad dieron a conocer una información que causó estupor: desde su sitio de reclusión en la cárcel La Picota, el señalado líder de la primera linea, Sergio Andrés Pastor (conocido como ‘19’), habría seguido en una transmisión en vivo el desarrollo de los desmanes e, incluso, impartido órdenes para cometer actos de vandalismo.

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Tres días atrás, el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar –también privado de su libertad– quedó en el ojo del huracán luego de que se reveló un video en el que aparece celebrando el Año Nuevo con botellas de whisky y haciendo uso de teléfonos celulares dentro de su celda.

Estos dos casos son apenas una muestra de las irregularidades que se presentan en el interior de los centros carcelarios, donde está prohibido el uso de dispositivos celulares a tal nivel que en varias prisiones, desde hace más de una década, se hicieron millonarias inversiones en bloqueadores o inhibidores de señal, cuya eficacia, a la luz de los hechos, es bastante cuestionable.

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Según información del Ministerio de Justicia, estos aparatos –cuya función es cortar la comunicación de los celulares en determinadas áreas– están instalados en 16 de los 132 establecimientos penitenciarios de Colombia. Sin embargo, en siete de estos los inhibidores de señal están apagados debido a “vandalismo, fallos judiciales y por falta de presupuesto para mantenimiento y actualización”.

Detrás de esa posibilidad de que los presos puedan tener servicios de comunicación en sus celdas, que va de la mano con una cadena de corrupción que facilita la tenencia de celulares tras las rejas, se ha tejido un entramado criminal que permite que los condenados sigan dando órdenes para cometer delitos aun estando en prisión.

Una de las principales conductas ilegales cometidas a través de dispositivos móviles es la extorsión. Según informes del Gaula, por cuenta de esta actividad hay redes que mueven hasta 2.000 millones de pesos al año desde el interior de las cárceles, y de un solo celular se hacen hasta 250 llamadas tratando de conseguir víctimas.

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Desde 2016, las autoridades han incautado más de 6.000 celulares en las cárceles del país. Solo en una operación, desarrollada en octubre del año pasado en 47 cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encontró 756 teléfonos y 2.011 rios.

Y aunque no todos los reclusos que tienen celulares los usan para cometer delitos, la incapacidad de las autoridades para controlar el ingreso de estos aparatos y las fallas en los bloqueadores de señal abren una ventana a la criminalidad que no ha podido ser sellada ni controlada.

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“Es inconcebible que se presupuesten y se adquieran estos aparatos y no los pongan en marcha y se limiten a decir que no funcionan, aun cuando eso permite delitos de extorsión y secuestro”, asegura el profesor Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana.

Desde inicios de 2013, el Inpec puso en marcha los planes Cerrojo, Orión e Institucional para combatir el uso de teléfonos móviles en las prisiones y se instalaron los primeros inhibidores de señal en diez de estas.

Según la entidad, “el Estado colombiano no designó recursos de la Nación para esta actividad, pues se hizo mediante la gestión con los operadores de telefonía que prestan los servicios en los establecimientos de reclusión”. Esas empresas, que istran los sistemas de llamadas legales, con teléfonos instalados en sitios específicos de los pabellones de las cárceles, pusieron el dinero para la instalación de esos inhibidores de señal.

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De hecho, según el Minjusticia, hasta febrero de este 2022 son esos operadores de telefonía los que tienen la responsabilidad del mantenimiento de los equipos. No obstante, cuando este diario cuestionó al Inpec sobre el estado de los bloqueadores de señal, la entidad detalló que de los 16 instalados, tres están fuera de servicio por vandalismo; uno, por incendio, y otros tres no funcionan por falta de mantenimiento de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entre estos el de la cárcel La Picota, donde están recluidos alias 19 y el exgobernador ‘Kiko’ Gómez.

El director de la Uspec, Andrés Díaz, aseguró que, por el momento, la inhibición de la señal está en manos de las empresas de telefonía. “La Uspec empezará a jugar un papel en esto a partir de febrero de 2022, que es cuando se acaba el contrato de terceros, por orden del Consejo de Estado”, dijo Díaz, y añadió que ya se está estructurando el nuevo contrato de telefonía, que tiene como punto clave el bloqueo de la señal de celulares “para que el servicio se dé de manera legal”, y recordó que los sistemas actualmente instalados tienen más de 10 años.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia reconoció que “en el país se han autorizado nuevas bandas de señal celular (4G, 5G) y las soluciones existentes no son efectivas para el bloqueo de esta tecnología”. La cartera puntualizó que en la actualidad se busca actualizar estos sistemas de inhibición, y que además “se están evaluando nuevas tecnologías que no afecten la calidad de las llamadas de la ciudadanía que está alrededor de los establecimientos de reclusión ubicados en zonas urbanas”.

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Ese detalle no es menor, pues en los últimos años han sido presentadas varias tutelas de personas que viven en barrios vecinos a las cárceles y que alegan afectaciones en sus comunicaciones por cuenta de los bloqueadores. “Existen multas y sanciones para el Inpec por las afectaciones a la señal de los dispositivos móviles, lo que obliga a realizar ajustes a las soluciones de bloqueo instaladas, disminuyendo la efectividad de las mismas”, dijo la entidad. De hecho, los nueve inhibidores de señal que están activos tienen un porcentaje de bloqueo de apenas el 70 por ciento, según información del Minjusticia.

Para Óscar Robayo, presidente nacional de la unión de trabajadores penitenciarios, además de garantizar la efectividad de los inhibidores de señal, hay que atacar otros temas.

“El 80 por ciento de los establecimientos carcelarios del país tienen infraestructura antigua y no cuentan con elementos de detección para asegurar que no se ingresen elementos prohibidos. Los privados de la libertad han buscado la forma de burlar la ley para ingresar esto con drones, palomas, bombazos (lanzamientos desde afuera de las cárceles) y, hay que decirlo, también hay algunos compañeros funcionarios del Inpec que ingresan celulares y elementos prohibidos”, asegura el líder sindical, y agrega que el déficit de guardias dificulta el control y que “si se tuvieran los instrumentos y los escáneres corporales funcionaran bien, se podría mitigar el ingreso de material prohibido”.

Por su parte, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, aseguró que hay otras medidas que pueden reducir la criminalidad en las cárceles. “Hay que auspiciar la rotación de patios para que no concurran y no se formulen orquestaciones o conciertos para delinquir desde las prisiones. También, acciones operativas del Inpec, como que la guardia tenga el suficiente volumen y juicio para atender la función de la seguridad en las prisiones”.

De otro lado, dijo Herrera, se deben existir programas de resocialización, en dos escenarios. Primero, incrementar los talleres pedagógicos y de trabajo, que les permitan a las personas no solo ir redimiendo la pena, sino volviéndolos diestros y expertos en un oficio. El segundo, sostuvo, es la posibilidad –mediante un programa del Estado con apoyo de la empresa privada– “para tener la capacidad de absorber esa mano de obra preparada en los centros carcelarios y asegurar, precisamente, una opción de vida distinta a la criminal”.

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