“No encontramos evidencias de que funcionarios de la empresa hubieran conocido de irregularidades o hubieran recibido dineros de (Odebrecht)”.
Así lo afirmó Rafael Eduardo Neira Torres, vicepresidente senior de la contraloría corporativa del Grupo Aval, en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta.
Neira Torres señaló que luego de que estallara el escándalo de Odebrecht, el presidente del grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, pidió el 17 de enero de 2017 que se realizara una auditoría interna para establecer si funcionarios de Episol o Corficolombiana habían estado enterados de presuntas irregularidades.
Indicó que se creó un grupo de 17 personas que recopiló más de 18 mil folios en su investigación que llevó a identificar a las personas que tuvieron mayor relación con Odebrecht, si ellas tuvieron algún incremento patrimonial injustificado y si en sus gestiones pudo haber irregularidades. El rastreo se hizo revisando documentos desde 2010 a 2017.
Neira Torres indicó que identificaron a 23 personas, de ellas seis que ya no trabajaban para el grupo y ocho que eran las que tenían poder de decisión y tuvieron o con la Ruta del Sol 2. Ellas fueron escuchadas por los encargados de la auditoría y fueron remitidas a la prueba del polígrafo.
El funcionario explicó que la auditoría solo se hizo en Episol y Corficolombiana porque no era posible hacerlo en Consol o en Odebrecht que no eran controladas por el grupo.
Uno de los escuchados fue Mauricio Millán, gerente de gestión contractual en el consorcio, quien según el testigo, dijo que nunca observó nada raro ni sospechoso.
Luego, señaló Neira Torres, el funcionario se negó a someterse al polígrafo y pidió ser escuchado de nuevo manifestando que sí había observado irregularidades como pagos sospechosos, pero no entregó detalles puntuales sobre sus valores, fechas o empresas a las que se habrían hecho.
Ante esa situación, señaló Neira Torres, se dieron instrucciones por parte de las directivas de la empresa para poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos narrados por Millán, quien señaló, no era subalterno de Melo Acosta y tenía autonomía en su labor.
Millán, indicó el testigo, dijo que había informado a Melo Acosta sobre esas operaciones sospechosas pero no dio detalles de cómo lo hizo. Según lo dicho por Millán a la auditoría, Melo Acosta quedó en hablar con los representantes de Odebrecht.
Igualmente sostuvo que la auditoria de la empresa Price Water House no entregó a la empresa ningún reporte negativo o que generara alerta sobre los balances presentados a la asamblea del grupo. Tampoco lo hizo la empresa KMG contratada por Odebrecht.
Aceptan trasladar declaración de Pizano
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que se permitiera llevar al proceso la declaración que entregó al ente acusador Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol II, quien había sido pedido como testigo antes de su muerte.
El juez 14 de conocimiento avaló la petición y determinó que ese testimonio sea leído en la audiencia de juicio contra Melo Acosta.
Sobre las declaraciones de Pizano Callejas también habló en el juicio el vicepresidente senior de la contraloría corporativa del Grupo Aval.
Neira Torres sostuvo que se reunió 11 veces con Pizano Callejas para hablar sobre las inquietudes que tenía él sobre giros irregulares que habrían salido de la Concesionaria en 2015 “que no tenían alguna justificación”.
Indicó que de la situación se enteró a Melo Acosta y se determinó llamar a Javier Mejía de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) para que diera más información del tema, quien manifestó que también tenía dudas de algunos pagos.
Dijo que las informaciones de Pizano “no eran precisas" y se le suministraron documentos para que se pudieran aclarar los hechos, y realizar una reunión con los señores de Odebrecht y pedirles explicaciones sobre los pagos.
REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ