Juez critica demora del Estado en proteger víctimas de minería ilegal

Un juez de Bogotá envió a casa por cárcel a Alirio Rojas Villegas, conocido como Pambelé, capturado por las autoridades y señalado de liderar una red criminal que logró ingresos millonarios provenientes de la minería ilegal.

Según la investigación de la Fiscalía, Rojas Villegas, que era un reconocido líder del sur del departamento de Bolívar, manejó durante una década 15 explotaciones ilegales de oro en la quebrada Caribona del municipio de Montecristo, ocasionando un grave daño ambiental por el uso de mercurio y explosivos.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de un juez de control de garantías de Bogotá, que legalizó la detención. Luego la Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento aurífero, homicidio culposo y tráfico, porte o fabricación de explosivos.

Expertos peritos del CTI de la Fiscalía visitaron la zona afectada por la explotación ilegal y establecieron la existencia del negocio ilícito al tiempo que documentaron los estragos causados a la naturaleza, con consecuencias nocivas también para los campesinos.

El juez del caso señaló que, según lo manifestado por la Fiscalía, el capturado hace años venía realizando sus actividades ilegales y “nadie hizo nada”.

Criticó que ahora se pretenda que con una medida de aseguramiento del capturado se solucione la situación cuando no se tomaron medidas antes por parte de las entidades relacionadas con la regulación de la minería y la protección del medioambiente.

“Desde cuándo documentaron los peritos que estaban funcionando los socavones ilegales, que se estaba contaminando la quebrada y por esa vía los recursos naturales. Desde 2016, y nada se hizo”, dijo el juez del caso.

Y añadió que del caso tenían cocimiento otras entidades del Estado como el Ministerio de Ambiente “¿Y qué hicieron? ¿Están esperando a que con una medida de aseguramiento para el presunto autor de estos delitos se solucione esto? ¿Cuánto daño ambiental se pudo evitar? Se pudieron tomar medidas antes, medidas de protección para las víctimas, para el medioambiente”, añadió el juez.

Y sostuvo que frente a este tipo de hechos no solo debe actuar la Fiscalía, sino también el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla): “Todos ellos tenían que haber actuado en conjunto”, dijo.

Afirmó que incluso las autoridades hicieron un estudio epidemiológico en la zona en el que se encontraron evidencias de los daños causados. “¿Y qué han hecho? Nada, absolutamente nada. Eso sí que duele”, dijo el juez 75 de Bogotá.

Según los investigadores, la red liderada por ‘Pambelé’ había obtenido una licencia ambiental a nombre de una asociación de mineros artesanales gracias a la cual podía explotar máximo 33 gramos de oro mensualmente.

Este tipo de licencias no permiten el uso de maquinaria pesada, equipos mecánicos, tanques o materiales pesados como mercurio o cianuro y, a pesar de ello, en la zona se utilizaban sin permiso explosivos para romper las rocas de los túneles.

La Fiscalía señaló que usando la licencia para la comunidad se activaron 15 socavones “que alcanzan en algunos casos los 500 metros de profundidad y de los cuales salían toneladas de material rocoso del que se extrae el oro puro”. Los socavones no cuentan con medidas de seguridad ni su construcción es técnica, de ahí que los accidentes han sido continuos. Se conoció que un minero falleció al caer de gran altura dentro de uno de los agujeros.

En el expediente se lee que en la zona afectada hay piscinas artesanales con agua contaminada de cianuro o mercurio que contamina las áreas cultivadas de la región, la quebrada Caribona y otros afluentes del río Cauca.

Según la investigación de la Fiscalía, la red liderada por el capturado llegó a alcanzar la explotación de mil gramos de oro y una ganancia que alcanzaría los 9.000 millones de pesos, que no fueron reportados y por tanto no pagaron regalías para los habitantes de la región.

Sumado a esto, en la investigación hay un estudio epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud de Bolívar en el año 2012 que señalaba que “había contaminación con metales pesados en los peces del río Caribón y en muestras de cabello tomadas a los campesinos”.

RONAL MAURICIO PINZÓN

PARA EL TIEMPO

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