Fiscalía recibió 58 denuncias mensuales por feminicidios en 2024: ¿qué hay detrás de esta cifra?

Era domingo 5 de enero. En el pabellón 37 de La Picota, Iván José de la Rosa, condenado por el feminicidio de Stefany Barranco Oquendo fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente, se quitó la vida. El 29 de mayo del año pasado, había protagonizado una trágica escena en el concurrido Centro Comercial Santa Fe, en Bogotá, donde a la vista de decenas de personas asesinó a su expareja con un arma blanca. Esta fue una de las 640 noticias criminales por feminicidio que abrió la Fiscalía -con corte a noviembre- en 2024, 31 más que en todo 2023.

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Precisamente mayo, con 68 casos, fue uno de los meses en los que la entidad tramitó más casos de homicidios de mujeres por motivos de género. Junio tuvo la misma cifra. Números que sientan la base de un fenómeno que la Procuraduría y la Defensoría han alertado como una emergencia Nacional.

El Observatorio de Feminicidios, sin embargo, refleja un panorama aún más preocupante. Según la categorización que hacen de los homicidios de mujeres, de acuerdo con el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género, de los 919 registrados por Medicina Legal hasta noviembre, 815 fueron producto de violencia machista.

Este es uno de los grises de el flagelo. Algunas organizaciones como Pares (Fundación de Paz y Reconciliación) han advertido sobre la falta de unificación de datos sobre feminicidios como uno de las barreras que impide una comprensión completa y precisa de la situación.

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La cifra del Observatorio representa un crecimiento del 55 % en comparación con los 525 casos reportados por la misma entidad en 2023. Un aumento atípico frente al umbral que sostienen los demás delitos y que pone sobre la mesa las falencias de las políticas públicas, pedagógicas y de medidas de protección que el Estado debe garantizar para mantener en ceros este indicador.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Defensoría en diciembre, frente a lo que consideró una de las peores crisis de derechos humanos del país, las problemáticas se enquistan en factores "culturales y en la violencia institucional".

También alertó sobre la ausencia de casas de refugio y modalidades alternativas en ocho departamentos, que son los salvavidas a los que recurren las mujeres en alto riesgo.

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"El feminicidio sigue en niveles alarmantes. Aunque existe una declaración de emergencia nacional por las violencias basadas en género, solo hay 17 lugares de protección para mujeres víctimas de violencia, con alrededor de 212 cupos en refugios y casas de acogida. Lo más grave, además, es la violencia institucional en lugares donde se reciben denuncias, como las Comisarías de Familia, fiscalías o la Policía. Debemos mejorar mucho en este aspecto, pues las mujeres son revictimizadas o sus casos no son atendidos", comentó la defensora Iris Marín en una entrevista con este diario, finalizando el 2024.

Antioquia, con 119 casos y menos habitantes que Bogotá, ocupa el primer lugar en el ranking de departamentos con el mayor número de feminicidios, dicta el informe del Observatorio, que además es en el que se basan autoridades como la Defensoría y la Procuraduría. Le sigue la Capital, con 77, Atlántico, con 74 y Valle del Cauca, con 67.

De acuerdo con este medidor, en agosto se registró un pico, con 92 casos. Luego está marzo y julio, con 86 y 82 hechos, respectivamente.

Como Iván José de la Rosa expareja de Stefany Barranco Oquendo, en 282 casos el feminicida fue una persona conocida de la víctima. También se perpetraron 169 de estos crímenes mediante la modalidad de sicariato.

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Las mujeres de 25 a 29 años, con 111 casos, fueron el principal blanco de la oleada de violencia. El 34 % de ellas eran madres, el 4 % niñas y, con fecha a septiembre, hubo 11 transfeminicidios. 

A vísperas de año nuevo, Giselle Celin Villalobos fue asesinada por su exesposo Jorge Luis Borrero Barceló, en el kilómetro 95 de la Vía al Mar, en el municipio de Puerto Colombia. Villalobos se desempeñaba como estilista y era madre de tres niños.

Estos menores de edad forman parte de otro de los indicadores anexos, que abordan una realidad consecuencia de los feminicidios: los huérfanos de las víctimas. Según el Observatorio, hasta noviembre de 2024, 276 niños y niñas quedaron desprotegidos, bajo la tutela de otro familiar o el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debido al homicidio de su madre.

María Eugenia Sánchez, coordinadora de la organización Casa de la Mujer, aseguró que el problema no son las normas, ya que existen suficientes políticas de prevención "producto de la lucha feminista", como la Ley Rosa Elvira Cely, que aumenta la pena para los agresores hasta a 40 años de cárcel. Para ella, la raíz de esta escalada de violencia radica en que buena parte de la normativa se queda en el papel.

"Se han logrado leyes y normas, producto de la lucha feminista, en prevención y atención de las violencias, pero no hay una sostenibilidad de las políticas; tampoco hay recursos. Esto impide a las mujeres acceder a una atención pronta y eficaz para la atención de violencias", puntualizó la directora.

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En el estudio 'Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género', de Pares, también se destaca la necesidad de una transformación cultural de los estigmas que perpetúan la desigualdad de género, así como la lentitud del proceso judicial como otro palo en la rueda para lograr una reducción significativa.

De acuerdo con la organización, el 54 % de los casos están en fase de indagación, el 8.6 % en fase de investigación, el 47.3 % en juicio y solo el 7.3 % en ejecución de penas, lo que fomenta un entorno de impunidad.

Redacción Justicia