‘Cada año se deforesta en Colombia un territorio del tamaño de Bogotá’

Como “una masacre ambiental” calificó esta semana la Contraloría General de la República la situación de deforestación que se registra en el país, donde, de acuerdo con un informe presentado por el órgano de control, cada año se pierden, en promedio, 170.000 hectáreas de bosques.

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Esto equivale a que al día se talan 500 hectáreas de bosques, lo que representa un daño irreversible para el medioambiente, porque se rompe con los ciclos de conectividad biótica de todos los ecosistemas, advierte la Contraloría.

“El tema del cambio climático nos está golpeando y cerca del 60 por ciento de las emisiones de CO2 que se emiten en el país son producto de estos procesos de deforestación, particularmente por las quemas que se están haciendo”, aseguró Gabriel Jurado, contralor delegado para el Medio Ambiente.

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De hecho, el informe se sustenta en el reporte oficial de deforestación que realizó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, (2018 a 2020), evaluando igualmente las alertas emitidas en este lapso por la entidad.

De acuerdo con el Ideam, las causas que han llevado a la deforestación son cinco: la siembra de los cultivos de uso ilícito, malas prácticas de la ganadería extensiva, expansión agrícola en áreas no permitidas, la tala ilegal y la extracción ilícita de minerales.

Y en esa línea, Jurado afirmó que “hace 30 años, en 1990 Colombia tenía algo así como 65 millones de hectáreas de bosques. Hoy esa cantidad está por el orden de 59 millones. Es decir, hemos perdido en 30 años más de 5 millones de bosque”.

Colombia tiene hoy aproximadamente 59,7 millones de hectáreas (40,3 por ciento del territorio colombiano) de bosques; de ellos, 48 millones de bosques están en la Amazonía, que comprende Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Vaupés y Guainía.

En esta región, la de Amazonía, se concentran 11 Parques Nacionales Naturales, dos reservas naturales y un santuario de flora y fauna, con una riqueza natural tan abundante que el parque de la serranía de Chiribiquete cuenta con 1’280.000 hectáreas, casi el tamaño de Bélgica.

“Chiribiquete no es de público porque es considerado patrimonio de la naturaleza, pero la mano del hombre, en este caso destructora, hace presencia en la zona”, dijo a EL TIEMPO una autoridad local de Guaviare que prefiere no ser mencionado al afirmar que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se refugian en el parque.

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“Ellos, los de ‘Mordisco’, son los que han venido impulsando a los colonos a que tomen propiedad de Chiribiquete, les reparten hectáreas y les dicen que tarde o temprano se las van a escriturar, traen ganado y además fomentan las quemas, como la que se registró hace unos 45 días”, afirmó la fuente.

La denuncia concuerda con la alerta sobre la deforestación que han lanzado las autoridades ambientales, que advierten que la Amazonía concentra el 65 por ciento de la tala de bosques.

Señala la Controlaría en su informe que han evaluado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas para frenar la deforestación, en la Amazonía, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas que tienen jurisdicción en la región y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En dicha auditoría, a corte de 2020, la Contraloría encontró, entre otros, que “los planes y políticas nacionales no se llegan a implementar completamente o se ponen en práctica de forma tardía. O, igualmente, no avanzan en la forma que se prevé o se requiere”.

Finalmente, la Contraloría lanza una alerta sobre la situación en Chocó y pide hacer seguimiento “de la movilización de los recursos forestales maderables explotados en este departamento”.

En la auditoría en Chocó se indica que se detectaron deficiencias en el procedimiento o trámite de expedición de permisos de aprovechamiento forestal persistentes, otorgados por CodeChocó en las vigencias 2018, 2019 y 2020.

A lo que se suma el hallazgo fiscal por 4.280 millones de pesos en CodeChocó.

(En contexto: La Amazonia se acerca al punto de no retorno para convertirse en una sabana).

En el plan de gobierno del presidente Iván Duque se definieron el agua y los bosques como activos de protección por la Fuerza Pública, “eso es innovador y revolucionario en el mundo”, aseguró a EL TIEMPO el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, quien dijo que “no hay ninguna fuerza militar ni policía en el mundo trabajando el tema de deforestación y cambio climático como lo viene haciendo la Fuerza Pública con el objetivo de proteger la biodiversidad y los bosques”.

Molano Aponte reiteró que la operación Artemisa, lanzada en 2019 y que ejecuta la Fuerza Pública, tiene, entre otros, el objetivo de “reducir las causas y los efectos del cambio climático y combatir los factores que generan deforestación o afectaciones al medioambiente”.

Señaló que junto al ministro del Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, han logrado sacar avante la iniciativa y hace dos meses lanzaron la fase 14 de Artemisa.

El ministro lamentó que en Colombia se deforesten anualmente 200.000 hectáreas. “Es como si toda la extensión de Bogotá fuera deforestada cada año”, y dijo que las regiones donde se presenta la mayor parte de este fenómeno son Meta, Guaviare y Caquetá.

Molano aseguró que detrás de la deforestación hay actividades ilegales como la explotación de tierras de grandes terratenientes, especialmente de grupos armados ilegales que “tumban bosque para crear espacios donde puedan ejercer minería ilegal”.

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A esto se suma el cultivo de hoja de coca y el negocio del narcotráfico, que se han movido a lo largo de los años de territorios de sabana a zonas de reserva ecológica y a Parques Nacionales Naturales. “Estos criminales saben que ahí es más difícil hacer erradicación”, y ese desplazamiento de cultivo genera deforestación, enfatizó.

Además de la tala indiscriminada de árboles para uso ilegal de madera, que es uno de los factores que contribuyen al cambio climático.

En la lucha contra los deforestadores se ha incorporado a los gobiernos de Ecuador y Costa Rica, pues una de las funciones de la Fuerza Naval será proteger los arrecifes de coral, que se ven afectados por la pesca de arrastre que se realiza en la zona limítrofe.

Artemisa, de acuerdo con Molano, ha permitido ajustar los instrumentos de políticas públicas.

“Cuando hicimos las primeras operaciones de Artemisa, la gente quedaba libre de una porque los delitos ambientales eran excarcelables. Con la nueva ley de delitos ambientales, todo capturado puede recibir medidas intramurales y penas más severas”, puntualizó.

Además, mencionó la importancia de desarticular las organizaciones criminales que están detrás de la deforestación, entre las que están los grupos armados ilegales, terratenientes ganaderos ilegales que se apropian de ese negocio, por lo que se creó un grupo especial de investigación y judicialización de la Policía en conjunto con la Fiscalía.

En ese empeño, por primera vez, un fiscal imputó a ‘Gentil Duarte’ y a ‘Iván Mordisco’, jefes de las disidencias, delitos ambientales; se lanzó el cartel de los más buscados, con recompensas de hasta 300 millones de pesos para judicializar a Joan Sebastián Ramírez, Luz Mary Contreras Sierra, Óscar Eduardo Cumber, Miguel Ángel Triviño, José Gerasimo Polanía Perdomo y Óscar Leonidas Martínez Morales.

Ellos hacen parte de los más buscados como actores de primer orden en el drama ambiental que ya viven muchas regiones del país.

REDACCIÓN JUSTICIA

EL TIEMPO