Así operó red de tráfico de migrantes que movía a extranjeros a la frontera con Panamá

Seguimientos que por meses estuvieron realizando uniformados de la Dijín de la Policía, de la Fiscalía y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI/ICE) permitieron dar un golpe a una red de tráfico de migrantes que habría logrado transportar ilegalmente dentro de Colombia a 229 migrantes, 7 de ellos menores de edad, y que, según información de la Policía, habría logrado que 54 de estas personas ingresaran a territorio estadounidense de manera irregular.

(Lea también: Golpe al ‘clan del Golfo’: Policía incautó 2.4 toneladas de coca impregnada en carbón).

La investigación contra esta red arrancó en febrero de 2022 y hasta la fecha, según investigadores policiales, la organización se habría lucrado en más de 3.000 millones de pesos, “realizando hasta cuatro viajes por semana, utilizando vehículos con sistemas de identificación adulterados y sometiendo a los migrantes a diferentes riesgos”.

Los viajes, de acuerdo con lo documentado, se hacían por trochas peligrosas y a altas horas de la noche, también iban en buses que sobrepasaban su capacidad legal de carga e inclusive cuando los vehículos eran intervenidos por las autoridades, los integrantes de la red dejaban abandonados los vehículos con los ciudadanos extranjeros adentro.

(Le puede interesar: El caso que llevó a captura de Ciro Ramírez por trama que involucra a 6 congresistas).

Por los traslados en buses la red ilegal cobraba a los migrantes entre 2.000 y 4.500 dólares americanos, dependiendo de la ruta y la nacionalidad de la persona.

Los elementos de prueba recaudados hasta ahora por las autoridades también señalan que los integrantes del grupo ilegal también pagaban dádivas a integrantes de la Fuerza Pública para que facilitaran el paso, y la obtención de documentos de identidad y permisos migratorios falsos para los extranjeros.

Además, la Policía informó que durante la investigación se evidenció el alcance transnacional de esta organización criminal puesto que había migrantes de nacionalidad afgana, paquistaní y haitiana presentaban como documento de identidad cédulas chilenas falsas para intentar evadir los controles migratorios en territorio colombiano y facilitar su ingreso a EE. UU., ya que con ese documento no requerirían visa.

La Fiscalía señaló que esta red ilegal sería la responsable de mover ciudadanos africanos, asiáticos, cubanos, haitianos y venezolanos que ingresaban irregularmente al país, desde Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander) hasta Necoclí (Antioquia); ahí eran recibidos por otros integrantes de la organización, quienes realizaban el desplazamiento final por el Tapón del Darién hasta Panamá, y posteriormente seguían hacia Estados Unidos.

(Podría interesarle: Estos son los nuevos generales de la Policía y del Ejército).

Por estos hechos, fueron capturadas nueve personas en diligencias realizadas en Ipiales y Pasto (Nariño), Neiva (Huila), Maicao (La Guajira), Soledad (Atlántico), Santander de Quilichao (Cauca) y Bucaramanga (Santander).

Entre los capturados está Carlos Alberto Coy Martínez, alias Patrón, señalado cabecilla encargado de definir rutas y costos, designar conductores, coordinar transbordos y asignar presupuesto, para el pago de coimas o la obtención de documentos de identidad falsos. Incluso cuando los uniformados lo detuvieron en Ipiales, Nariño, estaba junto a Gilberto Ariza Carrillo, alias Pescuezo, precisamente cargando un bus con más de 19 migrantes irregulares.

(Más notas: Así cayó alias Guasón, señalado cabecilla disidente que azotaba la frontera con Ecuador).

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Aunque ninguno aceptó los cargos un juez le dictó a seis de ellos medida de aseguramiento en centro carcelario y a los tres conductores detenidos les dio casa por cárcel.

En esta operación también se logró la incautación de 18 bienes que entrarán a un proceso de extinción de dominio. Las propiedades, avaluadas en más de 2.367 millones de pesos, fueron ocupadas en procedimientos realizados en Nobsa (Boyacá), Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Villa del Rosario (Norte de Santander), Sibaté (Cundinamarca), La Virginia (Risaralda), Ipiales y Pasto (Nariño).

En X: @JusticiaET