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Ministro de Justicia habla sobre los grandes retos de su cartera en 2022

Poner en marcha el Plan Nacional de Política Criminal, el primer desafío del año. Entrevista.

La nueva reforma de la justicia dispuso que el 50 % de los de las altas cortes deben ser mujeres. Foto: MinJusticia

María Isabel Ortíz Fonnegra

PERIODISTA03.01.2022 00:10 Actualizado: 03.01.2022 23:00

03.01.2022 00:10 Actualizado: 03.01.2022 23:00

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Robustecer la presencia de los organismos de justicia en las regiones más afectadas por los delitos, reducir el consumo de drogas y poner en marcha el Plan Nacional de Política Criminal son algunos de los planes del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, para este año.

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En conversación con EL TIEMPO, el alto funcionario reafirma que la reactivación de la aspersión con glifosato sigue en la mira del Gobierno y, además, aborda las preocupaciones de algunos sectores por los efectos de la ley de seguridad ciudadana en el hacinamiento carcelario.

¿Cuál es su balance de la gestión del Ministerio de Justicia en 2021?

Son muchos los programas y actividades que logramos desarrollar durante 2021. Entre ellos podría destacar que en el marco del programa Familias Fuertes se ha logrado beneficiar a más de 40.000 familias de sitios de alto riesgo para el consumo de drogas alucinógenas.

En materia de extradiciones, en este ministerio hemos logrado 269 efectivas, entre ellas la de cuatro integrantes del Eln, siendo los primeros de esta organización ilegal que son enviados a los Estados Unidos para que respondan por sus delitos. Se logró la extradición de España a Colombia de Luis John Castro, alias el Zarco. Igualmente, Estados Unidos extraditó hacia Colombia a Hernán Giraldo, exjefe paramilitar señalado de diferentes delitos, entre ellos el de abuso de menores de edad. Uno de los resultados más importantes fue la aprobación y expedición del Plan Nacional de Política Criminal.

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¿Qué decir del sistema penitenciario?

Respecto del sistema penitenciario y carcelario, en este periodo se registró el hacinamiento histórico más bajo de los establecimientos de reclusión, pasando de un 54,5 por ciento al 16,7 por ciento. Para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y ofrecer mayores garantías de seguridad, se construyeron 1.360 cupos carcelarios y el próximo año se entregarán unos 2.000 cupos más.

¿En qué va la meta de digitalizar la justicia?

Se consiguió su financiación con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que tendrá un desembolso en una primera fase de 100 millones de dólares, cuya ejecución está contemplada en un lapso de cuatro años.

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¿Cuáles son los retos clave en política criminal para 2022?

En política criminal, el primer reto de 2022 será la implementación del Plan Nacional de Política Criminal, que fue aprobado por el Consejo Superior, con 126 acciones y cerca de 398 hitos para luchar contra la criminalidad y proteger los derechos ciudadanos. El segundo reto es avanzar en la territorialización de la política criminal, a través de la estrategia territorializada contra el crimen organizado, mediante la cual se busca aumentar la presencia de las entidades del sector justicia en los municipios con mayor afectación por la criminalidad organizada, para ir consolidando el imperio de la ley en los territorios.

Y en cuanto a drogas, ¿cuáles son los desafíos?

En materia de drogas, reducir el consumo. La política de drogas debe mantener los esfuerzos en las acciones frente al consumo de sustancias, teniendo en cuenta que el 9,7 por ciento de la población colombiana entre los 12 y los 65 años ha consumido sustancias ilícitas alguna vez en la vida. Cada vez es más evidente que el problema de las drogas en Colombia no se limita a los cultivos y la producción, sino que enfrentamos también una situación de consumo de sustancias psicoactivas compleja y con múltiples afectaciones en nuestra sociedad.

Cannabis para uso medicinal, un mercado en crecimiento en Colombia Foto:AGENCIA

El Estado debe lograr que la prevención y el tratamiento sean efectivos y, asimismo, debe redoblar esfuerzos para desarticular los grupos dedicados al microtráfico, porque este es un factor de riesgo para el consumo de drogas y a la vez son generadores de violencia y alto impacto negativo en la seguridad. Otro reto en materia de drogas es la detección de drogas sintéticas y sus efectos. Igualmente, tenemos que seguir disminuyendo los cultivos ilícitos.

La reglamentación del cannabis ha sido crucial en su istración. ¿Cuántas licencias han otorgado?

La expedición del Decreto 811 de 2021 afianza la industria nacional farmacéutica y garantiza la disponibilidad y el de medicamentos a base de cannabis, seguros y eficaces. En materia de licencias de cannabis se han expedido más de 2.700 trámites y otorgado unas 1.950 licencias para cultivos.

Desde el comienzo del gobierno Duque se habló de regresar al glifosato. La Anla ya hizo público su concepto y el INS afirma que también entregó ya el concepto en salud. El Minjusticia ya expidió en un decreto la regulación. ¿Por qué no se ha citado al Consejo Nacional de Estupefacientes para discutir el tema? ¿Volveremos a la aspersión en el último año de gobierno?

El Gobierno nacional tiene el compromiso con los ciudadanos y el medio ambiente de enfrentar el narcotráfico con contundencia, afectando cada eslabon de la red de valor del narcotráfico, para lo cual emplea todas las herramientas disponibles.

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La reactivación de la aspersión aérea en el país debe cumplir con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-236 de 2017. En ese sentido, y como garantía de cumplimiento del ordenamiento jurídico, el ejecutor del programa de aspersión aérea debe allegar a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes, entre otros, los siguientes requisitos: la solicitud de reanudación con la debida justificación e información técnica correspondiente, los conceptos previos en materia de salud y ambiente, que serían en los términos del Decreto 380 de 2021, el concepto del Instituto Nacional de Salud y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por parte de la Anla, y los estudios e investigaciones científicas realizadas desde los sectores de salud y ambiente.

El proyecto de ley no está generando la posibilidad de tener cárceles privadas, esto es un concepto erróneo

La ley de seguridad ciudadana aumenta algunas penas y crea nuevos delitos. Esto, además de mejorar la seguridad, ¿puede tener algún efecto en incrementar el hacinamiento en cárceles?

En primer lugar, a través de esta ley se busca tener un efecto disuasivo que permita generar una reflexión en nuestra sociedad para evitar y prevenir la comisión de delitos, pero, por otra parte, se busca combatir con firmeza y contundencia la criminalidad, garantizando la protección de la ciudadanía. Ahora bien, precisamente, para lograr evitar el hacinamiento en las cárceles, el Gobierno ha venido trabajando en generar más cupos carcelarios en el orden nacional.

En el mismo sentido deben proceder los entes territoriales en los municipios, teniendo en cuenta su obligación legal en el orden territorial frente al sistema carcelario en lo referente a los centros de detención transitoria y cárceles territoriales, y ahora que esta misma ley brinda la posibilidad de esquemas asociativos público-privados que pueden tener en cuenta y que contribuirán en la generación de nueva infraestructura carcelaria para evitar el hacinamiento. Hay que dar un tiempo de espera para constatar los efectos de esta ley con el fin de poder evaluar su impacto en materia de hacinamiento.

¿Ya se han explorado estas alianzas? ¿Tendremos cárceles ‘privadas’ en un futuro cercano?

Lo primero que se debe precisar y aclarar es que el proyecto de ley no está generando la posibilidad de tener cárceles privadas, esto es un concepto erróneo, pues lo que se busca es generar alianzas público-privadas para contribuir en la construcción y generación de infraestructura penitenciaria y carcelaria del Estado.

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Existe la necesidad de garantizar nuevos cupos carcelarios y así lograr erradicar el hacinamiento, por lo cual este tipo de alianzas constituyen una buena forma de financiar proyectos que requieren una alta inversión de recursos y que pueden aumentar la eficiencia en su construcción y en oportunidad para evitar el hacinamiento. De manera que, por el momento, se esta trabajando en que este proyecto de ley sea una realidad.

¿Cómo van los trámites para que Mancuso sea enviado de Estados Unidos a Colombia?

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y este Ministerio de Justicia, ha hecho todos los trámites necesarios para lograr la extradición del señor Salvatore Mancuso. La decisión está en manos de las autoridades estadounidenses.

Dairo Antonio Úsuga David es el máximo jefe del 'Clan del Golfo'. Fue detenido este sábado. Foto:Presidencia de la República

Las extradiciones que tiene en cola el Ministerio de Justicia

Tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe máximo del ‘clan del Golfo’, Colombia está a la expectativa de que se defina su extradición a Estados Unidos, país que lo solicita por narcotráfico.

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Según le dijo a este diario el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a la fecha hay cuatro extradiciones que están próximas a ser efectivas, todas hacia Estados Unidos. Se trata de la de Luis Bonza Ortega, señalado de pertenecer a una red que enviaba cocaína a Puerto Rico; Juan Carlos Perlaza, conocido como ‘Olindillo’, que intentó colarse en la lista de ex-Farc desmovilizados y fue capturado; Alejandro Rosario Batista, un dominicano requerido por el país norteamericano, y Luis Ángel Úsuga Murillo, un primo de ‘Otoniel’ que operaba como inversionista y coordinador de embarques de droga del clan, según las pesquisas.

“Estas personas están pendientes de que se resuelvan los recursos que interpusieron”, informó el ministro Ruiz.

Y aunque el alto funcionario no se refirió a la extradición de ‘Otoniel’, desde finales de octubre, el Gobierno recibió de manera oficial el escrito de acusación de la justicia estadounidense contra el capo. Por ahora, las autoridades están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia emita su concepto sobre la solicitud de extradición, un trámite que puede tomar meses o, dependiendo del caso, incluso años.

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De hecho, el alto tribunal tardó tres años estudiando el envío a Estados Unidos de Carlos Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quien en su momento fue el segundo jefe del ‘clan del Golfo’. El pasado 25 de noviembre, la Corte le dio luz verde al trámite, y dos semanas después el presidente Duque firmó la resolución de extradición, por lo que se espera que pronto se defina el envío de ‘Nicolás’

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Redacción Justicia

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