‘Extinción de dominio debe ser una salida a la explotación sexual’

La crisis desatada por el covid-19 incrementó el desempleo, pero también exacerbó la explotación sexual comercial de mujeres, niños y niñas. Colombia sigue siendo uno de los países donde este crimen no logra frenarse.

Una de las personas que más han trabajado en el tema es el exfiscal Mario Gómez Jiménez, quien desde hace unos meses es procurador judicial para tratar esta problemática. En diálogo con EL TIEMPO, recordó la necesidad de hacer un frente común para desvertebrar las redes de trata de personas y de explotación sexual.

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En los últimos veinte años el país había logrado una reducción de cerca de 19 puntos porcentuales en relación con todos los aspectos de trabajo infantil, en diversas categorías. Sin embargo, el aumento del desempleo, la deserción escolar consecuencia de la dificultad de niños y niñas para permanecer en el sistema educativo, la obligación de muchos que sienten que tienen que salir a la calle a buscar trabajo para ayudar a sus familias y la disminución del flujo internacional de las remesas hacia Colombia –todo esto resultado de la pandemia– van a producir que, definitivamente, haya un incremento en todas las modalidades de trabajo infantil. Por supuesto que también en la explotación sexual comercial, que además en Colombia tiene un ingrediente particular y es que ha habido un avance inusitado en la expansión de la tecnología y de las redes sociales.

Ahora las niñas están vinculadas a grandes redes de “pornografía infantil”, como lo denomina la ley penal colombiana, que es el delito de exponer su cuerpo desnudo a prácticas sexuales que pueden, de una u otra manera, involucrar adultos del otro lado de la pantalla. Va a ser muy dramático este aumento de las webcam y de todo lo que significa el o sexual por vía de internet. Es claro que la expresión ‘pornografía infantil’ está mal usada, porque de alguna manera responsabiliza y culpabiliza a las niñas de su propia explotación sexual. Por eso es mejor hablar de material abusivo en redes sociales. Pero ese material va en aumento, paralelo con una notoria dificultad de la Policía y de la Fiscalía de controlar el fenómeno y de poder intervenirlo.

La pandemia ha hecho que las niñas, en muchos casos, salgan a buscar oportunidades laborales. Allí, el ofrecimiento para participar en pornografía o en abuso sexual por vía de las redes sociales es muy notorio.

En grandes cascos urbanos, como ya ocurrió en Barranquilla el año pasado, se viene presentando un incremento importante del material de abuso sexual a través de la pornografía que involucra a niñas en prácticas sexuales en webcam, a través de redes que usan el internet para llegar a lugares de Colombia y el exterior. Esto es tan grande que se ha vuelto incontrolable, y las autoridades no han podido ponerle freno ni lograr la sanción de todos los responsables vinculados a estas redes.

Efectivamente. Se da en los os que hacen grupos armados en medio de la pandemia. La Procuraduría General de la Nación denunció las prácticas de reclutamiento y de uso de menores de edad en la comisión de este delito. Estos grupos utilizan las redes sociales, especialmente WhatsApp, para invitar a niños y jóvenes a fiestas que vinculen a sus filas. Y a muchas de las niñas también las vinculan a prácticas delictivas y a la explotación sexual con jefes de grupos armados. Todo eso está pasando durante la pandemia e implica que los laboratorios de cibernética de la Policía y de la Fiscalía actúen para ser mucho más precavidos y oportunos.

El país tiene que contemplar la posibilidad de ampliar suficientemente esa figura para efectos de que en las casas, los inmuebles, los hoteles, los moteles en donde se perpetran estos delitos de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes en el país sean objeto de extinción de dominio, de forma paralela al proceso de investigación criminal y sanción penal de los responsables. Es muy importante que la ciudadanía denuncie y pueda, de una u otra manera, alertar al aparato de investigación criminal del Estado, que no solo tiene que perseguir a los delincuentes, sino obtener la extinción del dominio de los lugares en donde se perpetraron los hechos. Y adicionalmente, propugnar el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Pero en Colombia debe renacer la prevención. No hay suficientes ejercicios de prevención del delito sexual en ámbitos escolares y de la comunidad.

Sabemos que el 88 por ciento de los responsables de la violencia sexual –no de la explotación sexual comercial, sino de la violencia sexual cotidiana– son los mismos familiares.

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De alguna manera, vemos en Cartagena un lugar relevante por su papel histórico y turístico. Y es también lamentable que allí se den los peores casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Particularmente casos de migrantes venezolanas que han tenido que huir de ese país, escapando de una situación de degradación humanitaria, para llegar aquí a Colombia e involucrarse penosa y vergonzosamente en redes que se aprovechan de la posibilidad de explotarlas sexualmente a cambio de un poco de dinero.

Esta situación, que fue denunciada por el Procurador y que No Es Hora De Callar lideró para llamar la atención, lamentablemente se sigue presentando. Ha habido importantes ejercicios de la Fiscalía en el desmantelamiento de redes criminales de trata de personas, pero el fenómeno en los parques y las plazas sigue siendo muy lamentable, de amplio espectro, y amerita una mayor intervención que debe darse sobre la base de varios ejes: tecnología de punta, incorporación de policía calificada con laboratorios, y por supuesto, tiene que haber una priorización de los procesos judiciales.

El procurador general, Fernando Carrillo, ha liderado las denuncias ante la Fiscalía por los casos del César y La Guajira, donde todavía creen que es posible enajenar niñas con fines de esclavitud sexual, particularmente niñas indígenas wayús. Así mismo, la Procuraduría hace un monitoreo muy riguroso de los casos en los que actúa como una agencia especial y viene monitoreando que se activen los mecanismos de justicia, del sistema de salud y de todos los implicados en garantizar los derechos de las niñas víctimas de explotación sexual.

JINETH BEDOYA LIMA

No Es Hora de Callar

Twitter: @jbedoyalima