Extorsión: las ‘vacunas’ que están asfixiando la economía en las regiones de Colombia

El pasado fin de semana, las alarmas se volvieron a encender en el Atlántico. Marcos Díaz Plata, un conocido comerciante en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, fue asesinado. Las autoridades siguen investigando quiénes están detrás de este homicidio, que al parecer se dio por no pagar una extorsión. La Policía tiene indicios, de acuerdo con información suministrada por fuentes humanas, de que un temido criminal estaría detrás de este crimen.

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Se trataría de un viejo conocido, el ‘Negro Ober’, uno de los cabecillas de la banda ‘los Rastrojos Costeños’, y quien actualmente se encuentra preso, pero sigue detrás de este flagelo del que esa región del país no se ha podido zafar.

Cifras de las autoridades han reportado un incremento de este delito en las principales capitales del país, lo que ha llevado a que comerciantes realicen marchas y hagan un llamado a las autoridades para atacar con contundencia ese foco de criminalidad.

Uno de los reportes más recientes que reflejan el incremento de la extorsión con números que no se veían hace cinco años lo dio a conocer el Ministerio de Defensa, al hacer un balance preliminar de los primeros dos meses de este año. 

De acuerdo con cifras oficiales del Ejército Nacional, a través del Gaula Élite Militar, en lo que va de 2024 se contabilizan 310 denuncias en el Atlántico. En diálogo con EL TIEMPO, el mayor Ricardo Andrés Díaz, comandante del Gaula Élite Militar n.º 2, indica que el sector de la ciudadanía más afectado por la extorsión en el Atlántico es el del comercio en Soledad, Malambo y Barranquilla, poblaciones mencionadas en ese orden por la cantidad de casos en cada una de ellas.

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Por su parte, el Grupo de Investigación de la Policía Nacional señala que de 963 denuncias por extorsión en el país en enero de este año, 97 corresponden al Valle del Cauca. En Cali hubo 52. Tuluá fue el municipio con más casos de extorsión con 15 reportes, de los cuales seis se efectuaron por llamada telefónica y dos, por carta.

Hay hasta el momento 93 casos denunciados en el Valle. En cuanto a las víctimas de extorsión aseguró que son en su gran mayoría comerciantes, pero “en muchos casos, en la denuncia no dejan sentados muchos detalles, de modo que cuando vamos a verificar hay muchos particulares”.

Por otro lado, aunque las denuncias por extorsión en Medellín han tenido una reducción de 49 por ciento con relación a las realizadas en los primeros tres meses del año, en las comunas de la ciudad la historia es diferente y los hechos cada día van en aumento, por lo que el subregistro es mucho mayor.

Autoridades de la capital antioqueña indicaron que las zonas más afectadas son la comuna 10, La Candelaria, con 22 casos; comuna 13 con 12 casos y la comuna 11, Laureles, con 8 casos. En un caso conocido recientemente, un ciudadano residente de la comuna 13 tuvo que empeñar sus pertenencias para pagarle al combo del sector y poder terminar de revocar y ponerle la baldosa a su casa.

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“Uno mejor tiene tranquilidad y no tiene problemas con esos ‘manes’ que, de todas maneras, en estos momentos le ganan a uno o uno les gana a ellos, pero mañana o pasado, por cualquier ‘bobadita’, le cogen la mala a uno y lo salen a matar. Uno quiere curarse en salud”, dijo. Precisamente, en este sector, el año pasado EL TIEMPO conoció el caso de un microempresario, ubicado en el barrio Boston, a quien los delincuentes le exigieron mostrarles las facturas de sus ventas para definir el monto que debía pagarles.

Cifras de las autoridades dan cuenta de que el 42 por ciento de las extorsiones en el país se concretan a través de los entornos digitales y son varias las modalidades, desde llamadas (muchas de ellas desde las cárceles) hasta con la presencia de hombres armados que intimidan a los dueños o encargados de puntos comerciales, que incluye al sector de transporte.

Las pretensiones económicas varían de acuerdo con el nivel de los extorsionistas, es decir, si pertenecen a un grupo delincuencial organizado, se financian de esta actividad, del microtráfico y hasta de los homicidios por encargo.

Para las autoridades, estos grupos han llegado a cometer homicidios para enviar un mensaje claro, “o pagan o se mueren”, y han llegado hasta a lanzar granadas contra los establecimientos comerciales, como se registró a principios de año en Bogotá, por hombres bajo el mando de ‘Satanás’.

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Pero hay otras redes de extorsionistas que se aprovechan de los pequeños tenderos de barrio, como se registra en Quibdó, Chocó, donde las bandas están integradas por menores de edad, fenómeno que se refleja en Buenaventura, Valle.

A este sistema se une la extorsión carcelaria, que es una especie de ‘pesca milagrosa’ que se aprovecha de la ingenuidad de las personas o de la manipulación emocional a través de muchas modalidades y cuya información en muchas ocasiones es obtenida a través de las redes sociales de las potenciales víctimas. Y aquí los extorsionistas se hacen pasar por representantes de las autoridades o por integrantes de grupos al margen de la ley.

Los registros de las autoridades han llevado a establecer que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla las ciudades capitales donde se tiene el mayor número de casos por extorsiones. 

En esa línea, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula Policía Nacional, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que en lo corrido de este año han recibido 2.229 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que equivale a un incremento del 5 por ciento respecto a igual periodo del año anterior.

“Lo importante es que en el 79 por ciento de esas denuncias no se logró materializar la extorsión, es decir que fueron personas adas para intentar extorsionarlas, pero que gracias a su oportuna denuncia tuvimos la oportunidad de orientarlos y acompañarlos”, afirmó el coronel Alfonso.

El director del Gaula resaltó que así se logró evitar que “más de 28.000 millones de pesos llegaran a las arcas de esas estructuras criminales”.

El oficial señaló que el incremento de la denuncia hay que verlo desde varios aspectos, lo primero, que “es un sinónimo de confianza hacia la institucionalidad, pero sobre todo una ventaja que nos permite tener una caracterización más ajustada a la realidad y así enfocar nuestros esfuerzos en lo preventivo e investigativo”.

De igual forma, el coronel Alfonso dijo que no se puede desconocer que se han intensificado las llamadas para tratar de ar y de extorsionar a estas potenciales víctimas, y estas obedecen “al asedio permanente de las autoridades para afectarlos”.

Para Janiel Melamed, profesor de la Universidad del Norte y director de su Observatorio de Seguridad Ciudadana, este auge de la extorsión en Colombia se debe a muchos factores entrelazados. “En la extorsión una llamada y el uso calculado de la violencia pueden ser suficientes para obtener dinero. También requiere menos exposición. El criminal ha aprendido que, a través de llamadas extorsivas, no necesita exponerse físicamente y se vale de los mecanismos de transferencia electrónica para obtener el producto de la extorsión”.

Indicó el académico que la extorsión “está desbordada a nivel nacional, no ha sido posible derrotarla integralmente”, por lo que sugiere un “esfuerzo para reforzar los niveles de la política criminal y cuantiosas inversiones en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas policiales y judiciales”, además de la construcción de nuevos centros carcelarios “que den mayores cupos para internos y brinden unas mayores posibilidades de resocialización”.

Sobre este último punto, Manuel Iturralde, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y miembro del grupo de prisiones, señaló que es sabido que desde las cárceles hay grupos delincuenciales que cometen delitos, sobre todo la extorsión, y eso se debe a un problema crónico y es que las cárceles tan hacinadas con precariedad de servicios, de infraestructura y de personal “impiden ejercer un control efectivo sobre la población privada de la libertad”.

“Lo que sucede dentro de los patios realmente es manejado por los internos, no por la guardia, porque para un patio de 700 internos puede haber uno, máximo dos guardias, que realmente no tienen ninguna capacidad de ejercer control efectivo. Tampoco tienen los medios ni la tecnología ni los recursos, eso mismo facilita que entren materiales prohibidos, como celulares, con los que pueden tener o con el mundo exterior y realizar actividades delictivas”, señaló Iturralde.

Al tiempo, Melisa Franco, experta en temas de seguridad, señaló que en los últimos cinco años, la extorsión ha experimentado un marcado aumento en Colombia, convirtiéndose en una de las principales actividades ilícitas impulsadas por los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que operan a lo largo de diversas ciudades del país. Este delito ha impactado significativamente a diversos sectores de la población, siendo los comerciantes y tenderos los más afectados.

Estos últimos son sometidos a coacciones que van desde amenazas y lesiones personales hasta, en algunos casos, homicidios, obligándoles a realizar pagos para poder seguir con sus actividades comerciales.

“Las estrategias implementadas hasta ahora no han sido suficientes ante la magnitud y el crecimiento del delito. Por ello es imperativo adoptar en las ciudades un enfoque integral que aborde simultáneamente diversas facetas del problema”, indicó la experta.

Franco propuso varias salidas para atacar este fenómeno, entre ellas, el fomento de la confianza para la denuncia y “asegurar el control territorial por parte de la Fuerza Pública en áreas con alta incidencia de extorsión”; mejorar las capacidades de investigación, operativas y tecnológicas del Gaula de la Policía Nacional y del Ejército Nacional y fortalecer la cultura de prevención y las medidas de autoprotección, implicando a los gremios y a la institucionalidad de manera continua.