El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez fue condenado este jueves a 19 años y un mes de cárcel por su responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.
El juez décimo de conocimiento de Bogotá también lo sentenció al pago de una multa de 485 salarios mínimos. Además cumplirá una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.
El juez del caso también indicó que el procesado deberá cumplir su pena en centro carcelario al considerar que no puede ser objeto de casa por cárcel o suspensión de la sentencia.
Tras conocer la decisión del juez, la representante de la Fiscalía General y el abogado del exmagistrado anunciaron que apelarán la sentencia por escrito para que sea revisada en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.
Las partes cuentan con cinco días para hacer llegar al despacho sus respectivas apelaciones.
Por parte del ente acusador, la fiscal del caso dijo que no están de acuerdo en la forma como el juez tasó el monto de la condena impuesta al procesado. Durante los alegatos de conclusión, realizados el 9 de marzo, la Fiscalía había pedido que se le condenara a 23 años y 8 meses de prisión, es decir, cuatro años y siete meses más del monto establecido por el juez décimo.
La petición de la Fiscalía irá en el sentido de aumentar la condena, mientras que la defensa pedirá la absolución del exmagistrado, que ha insistido en su inocencia.
Ricaurte Gómez fue señalado como uno de los cerebros de una organización criminal que ofrecía sus servicios a políticos para favorecerlos con decisiones judiciales.
El juez del caso dijo que el exmagistrado estuvo vinculado a seis casos puntuales en los que se registraron irregularidades para beneficiar a políticos.
Por esos casos fue procesado y encontrado responsable de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada.
El juez rechazó una solicitud de nulidad presentada por la defensa del exmagistrado que argumentaba que no se había permitido escuchar en el juicio a testigos que favorecían al procesado. El funcionario dijo que la defensa podía acudir a otras evidencias para sustentar su teoría del caso.
Añadió que la Fiscalía demostró la teoría del caso y la vinculación de Ricaurte Gómez en las irregularidades investigadas y que el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera —también condenado por este escándalo— se mantuvo todo el tiempo en su versión y sobre él no hay indicios de que sea mendaz.
Así descartó la teoría de la defensa que pretendía que no se le diera credibilidad al exfiscal Moreno Rivera.
El juez dijo que el exmagistrado faltó a sus deberes y quedó demostrado que intentó influir en decisiones para favorecer a aforados.
El exmagistrado escuchó la lectura de la sentencia desde la cárcel La Picota, en donde se encuentra privado de la libertad. Ricaurte estaba en libertad por vencimiento de términos, pero fue recapturado por el CTI de la Fiscalía el 10 de marzo.
En caso de exmagistrado Malo, no se ha resuelto recusación
En la Corte Suprema de Justicia está pendiente que se resuelva la recusación que interpuso el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, procesado por el ‘cartel de la toga’ y quien con ese recurso logró frenar la etapa final del juicio en su contra.
El 10 de marzo estaba programada la audiencia de alegatos finales de juicio en el proceso contra Malo Fernández, pero su defensa recusó a dos de los magistrados del alto tribunal, la recusación fue rechazada y, al ser apelada, la decisión quedó en manos de conjueces.
El exmagistrado es juzgado por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato
por acción, prevaricato por omisión y uso indebido de asuntos sometidos a reserva. Entre los casos en los que habría interferido para beneficiar a los procesados están los de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, ambos investigados por ‘parapolítica’.
Por otro lado, el proceso en contra del también exmagistrado Leonidas Bustos, que está fuera del país, no ha superado esta etapa y sigue en manos de la Comisión de Instrucción del Senado.
Por su responsabilidad en el escándalo ya fueron condenados los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Pinilla, que incluso fueron extraditados a Estados Unidos por lavado de activos y ya regresaron al país. Además fue sentenciado el exfiscal delegado ante la Corte Suprema Alfredo Bettín.
Igualmente están en juicio en los juzgados de Paloquemao excongresistas como Argenis Velásquez y Julio Eugenio Gallardo, señalados por la Fiscalía de pagar 200 y 300 millones de pesos, respectivamente, para afectar las investigaciones que adelantaba la Corte Suprema en su contra.
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