Esto dijo la Fiscalía sobre responsabilidad de Melo en caso Odebrecht

La Fiscalía le pidió este jueves al juez 14 penal de conocimiento que emita sentencia condenatoria contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Durante la audiencia de alegatos de conclusión del juicio contra Melo -quien siempre ha sostenido que es inocente-, el representante de la Fiscalía afirmó que los hechos que originaron el caso penal se registraron en Bogotá entre los años 2009 y 2010, durante el proceso de adjudicación de la Ruta del Sol fase 2.

Añadió que para la adjudicación se pagó un soborno de 6,5 millones de dólares al condenado exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales, “con pleno conocimiento y autorización” de Melo Acosta.

Igualmente indicó que durante el juicio, “más allá de toda duda razonable, se probó la teoría de la Fiscalía”, y que se evidenciaron las reuniones del 2010 entre el exviceministro García Morales y Luiz Antonio Bueno Junior, representante legal de Odebrecht en Colombia, para acordar el pago del soborno del cual supuestamente estaba enterado Melo Acosta.

“Estuvo al tanto del pago corrupto acordado y pagado a Gabriel García Morales con el fin de asegurar la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II", afirmó la Fiscalía.

Dijo, además, que se acordó que el pago inicial lo haría Odebrecht y luego se compensaría durante el desarrollo de la obra. Esto, según la Fiscalía, se habría hecho a través de la firma de un contrato “ficticio” con la empresa española DCS Management S.A., por 10,8 millones de dólares.

La Fiscalía dijo que hubo una alerta del funcionario Mauricio Millán, quién fue gerente de gestión contractual en el consorcio Rutal del Sol II, y que declaró en juicio que le informó a Melo Acosta sobre la existencia de contratos sospechosos, y que él les respondió que iba a consultar con los socios de Odebrecht y luego autorizó que se hiciera el pago.

En la audiencia,  la Fiscalía sostuvo que García Morales exigió dos conceptos que certificaran la viabilidad del proyecto y pidió que uno de ellos fuera suministrado “por un abogado reconocido y de preferencia de Corficolombiana”, con lo que buscaba blindarse, pues “no le interesaba su contenido técnico ni jurídico, le interesaba era de dónde venía el concepto y quien precisamente lo preparaba: Corficolombiana. Es el seguro que él directamente requiere (…) para sentir confianza sobre el conocimiento del otro socio del soborno para acceder a la adjudicación ilegal ”.

Señaló que la defensa de Melo,  durante el juicio, no logró desvirtuar las evidencias de la Fiscalía frente a la existencia de ese concepto que fue entregado a García Morales.

“Quien fungía como presidente de Corficolombiana durante el desarrollo de estos hechos era el aquí acusado José Elías Melo Acosta”, añadió el representante de la Fiscalía tras señalar que él “normalmente autorizaba ciertos pagos que presentaban inconsistencias, no solo el comunicado por Mauricio Millán, sino también otros contratos y pagos irregulares detectados por el controller Jorge Enrique Pizano Callejas, quien al igual que Millán le comunicaba a Melo Acosta sin encontrar eco alguno en el asunto”.

Para la Fiscalía quedó demostrado, incluso con evidencias presentadas por la defensa, que Melo Acosta y Bueno Junior tuvieron una presencia “notoria en el proyecto desde la fase contractual y en la fase de ejecución”.

Añadió que Odebrecht no actuó solo y que aunque el soborno lo ofreció Bueno Junior, hubo “conocimiento y autorización del otro socio, José Elías Melo Acosta, de Corficolombiana”, quien según insistió el ente acusador, tuvo una actitud pasiva frente a las alertas sobre contratos irregulares.

Además señaló que no era normal que “Episol no se hubiera alertado ante los pagos de una suma tan alta de 6,5 millones de dólares para Gabriel Ignacio García Morales y 10,.8 millones de dólares girados a DCS Management de España”.

El fiscal dijo que el grupo Aval realizó una auditoría interna para establecer si algún funcionario conoció o se lucró de actividades ilegales, la cual concluyó que ningún funcionario tuvo relación con los hechos, y que en esa auditoría no fue escuchado Melo Acosta, quien “nunca solicitó ser escuchado o someterse a la prueba del polígrafo (…) con el ánimo de dejar clara su participación honesta y transparente en el proyecto”.

La Fiscalía cuestionó que un testigo de la defensa en el juicio habría faltado a la verdad. En concreto se refirió a Gustavo Ramírez Galindo -vicepresidente de Corficolombiana-, quien declaró sobre la información que habría entregado Mauricio Millán a Melo Acosta sobre la existencia de contratos sospechosos. “La respuesta en principio fue evasiva, con un no sé, y por último contestó al requerimiento del señor juez y de la Fiscalía: 'hasta donde sé, no'. Situación que se aparta de la verdad, pues sabemos que Millán reportaba al señor Melo Acosta y Gustavo Ramírez;  así lo ha declarado en todas las diligencias de este caso”, señaló el fiscal.

Sostuvo que el presidente de Coviandes, Alberto Mariño, testigo de la defensa, no estuvo en los estudios previos a la adjudicación de la obra, y no tenía el conocimiento necesario sobre los asuntos tratados entre Bueno Junior y Melo Acosta.

La Fiscalía añadió que Melo Acosta conocía de los temas que estaba tratando, pues tenía toda la experiencia y el conocimiento en contratación “para no dejar huella alguna de pormenores ilícitos”, y que sin las confesiones de Odebrecht no habría sido posible detectar las irregularidades investigadas.

“Desconoció los principios morales y legales en materia contractual (…) Con su accionar lesionó de manera evidente, sin justa causa, un bien jurídicamente tutelado como lo es el de la istración pública”, indicó el ente acusador.

El abogado Carlos Alberto Serrano, representante del Ministerio de Transporte como víctima acreditada en el proceso, no hizo un pronunciamiento de fondo sobre el caso.

“Este delegado se abstiene de hacer alegatos de conclusión y se atiene a los argumentos, consideraciones fácticas, jurídicas y probatorias que en su análisis fueron expuestas tanto en la apertura como en estos elementos conclusivos por la Fiscalía, que ha adelantado la investigación”, dijo el abogado.

Mañana viernes intervendrán al final del juicio el representante de la Procuraduría y la defensa de Melo Acosta.

Aunque hasta ahora ha dicho poco, y está programada su intervención para este viernes, la defensa de José Elías Melo aseguró en el juicio que el investigado no aparece en ninguno de los trámites cuestionados por la justicia. 

La defensa ha dicho que Odebrecht, como líder y socio mayoritario del consorcio, era el responsable de ejecutar y manejar el dinero de la obra. Así, la defensa ha dicho que parte de sus compromisos era informar a los socios sobre los avances del proyecto.

Según Melo, es importante ver quiénes firmaron esos documentos para evidenciar que él nunca los suscribió. 

Durante la imputación José Elías Melo no aceptó cargos, por lo que fue a juicio para tratar de demostrar su inocencia. 

REDACCIÓN JUSTICIA