Diez municipios concentran la tasa de violencia más alta del país

Los avances de Colombia en la tarea de disminuir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes son evidentes, y se alejó del terrible número de 1990, cuando se registró la tasa más alta (81 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos).

Sin embargo, a la sombra de ese balance están decenas de municipios cuya situación de violencia deja un panorama alarmante: la cifra supera, incluso, a la de ciudades mexicanas como Tijuana (134), que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo.

Es el caso de Tarazá, un municipio de casi 43.000 pobladores enterrado en el bajo Cauca antioqueño donde, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, la tasa para 2019 fue de 324 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Este índice supera de lejos al de Cali (48), la ciudad con más asesinatos en Colombia, y el de Bogotá (14).

Pero no es el único. Otros municipios pequeños, ubicados en departamentos históricamente golpeados por el conflicto, están en una situación similar: Corinto y Argelia (Cauca), Cáceres (Antioquia), Cumbitara (Nariño), Papunaua (Vaupés), Segovia (Antioquia), San José de Uré (Córdoba), Vegachí (Antioquia) y Suárez (Cauca), solo por mencionar el listado de los 10 con mayor tasa de homicidio.

Estas zonas aparecen priorizadas en el plan de Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía para los próximos cuatro años, que tiene como primer objetivo aumentar el esclarecimiento de los delitos.

En ese plan, el ente investigador señala que “estos municipios tienen en común que son mayoritariamente rurales y que tienen presencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados”.

Analistas y alcaldes de varios de estos lugares, consultados por EL TIEMPO, coinciden en señalar que, aunque desde el Gobierno Nacional se mencione al narcotráfico como la causa de los crímenes, existen más elementos que explican el dramático escenario en el que se encuentran: ausencia estatal, el control de otras economías ilegales, falta de inversión social y lentitud en la implementación del acuerdo de paz con las Farc son algunos de estos.

Y aunque la tasa de homicidios en Colombia para el 2019 fue de 24 por cada 100.000 habitantes, esta reducción, explica la Fiscalía, “estuvo en buena parte arrastrada por las grandes ciudades, que son las que tienen mayor número de homicidios en términos absolutos y en las que se ha presentado una mejoría en años recientes”.

Por eso, es clave poner la lupa sobre los altísimo índices de asesinatos en los municipios pequeños, pues, como explica Isaac Morales, experto en seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, al analizar este fenómeno no solo hay que tener en cuenta la población, sino las particularidades de cada municipio y, en el caso de nuestro país, la tradición histórica del conflicto.

Ferney Álvarez, alcalde de Tarazá (Antioquia), señala que en este municipio “se ha visto desde hace varios años una confrontación armada entre grupos al margen de la ley, tanto ‘Los Caparros’ como el ‘clan del Golfo’. Esta confrontación ha significado, para este 2020, 60 homicidios, tres desplazamientos masivos y 558 desplazamientos individuales”.

Álvarez pone de relieve que es poco el margen de acción que tiene la istración municipal para enfrentar esa situación, pues, dice, “este es un problema de competencia departamental y nacional”.

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Aunque en Tarazá hay presencia de la Fuerza Pública, el mandatario local cuestiona la estrategia de militarización: “Las acciones son las mismas, pero si todo sigue igual, hay que cambiar la estrategia. Necesitamos más inversión social, más articulación. Solos como municipio nos queda muy difícil que cambie el panorama. Este cambia si los grupos armados hacen la paz, pero si no, nos queda muy díficil bajar las cifras”.

Casi mil kilómetros al sur, atravesando la cordillera occidental, en Argelia (Cauca), se vive un drama similar.

Este municipio, de menos de 30.000 pobladores, tiene una tasa de homicidio de 289 por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del país. Durante los últimos años, los argelinos han vivido en medio del fuego cruzado entre el frente ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las Farc, y el frente José María Becerra, del Eln.

Para el alcalde Jhonnatan Patiño Cerón, “la narrativa que maneja el Gobierno fomenta el crecimiento de esos grupos, toda vez que no se llama a que termine el conflicto, a buscar soluciones pacificas, sino a continuar con la guerra”.

Las cifras de violencia en el municipio son escalofriantes: a corte de la semana pasada iban 62 muertes violentas y más de 400 familias desplazadas, “pero la comunidad habla de más asesinatos y más desplazamientos que no se registran. Pueden ser muchos más”, advierte.

Patiño menciona dos elementos clave que pueden cambiar la situación de la región: primero, dice, “que el Gobierno reconozca que hay un conflicto y le busque una salida real y negociada.

Hay que ver cómo se le busca solución a las causas que generan ese conflicto. La desigualdad, la pobreza, todo eso que lleva a que haya una población dispuesta a meterse al narcotráfico o a grupos ilegales”.

El segundo factor es el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz, pues, según señala el mandatario, varios de los grupos que están en la zona son excombatientes que se habían desmovilizado pero, a raíz de los incumplimientos, pasaron a formar parte de las disidencias.

Sobre ese punto, Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD. HH. y conflictividades de Indepaz, explica que tras negociaciones como la que desarrolló el Gobierno con la exguerrilla de las Farc, surgen dos escenarios: la pacificación de los territorios o la exacerbación de la guerra en estos.

Para González, la principal razón detrás de las altísimas tasas de homicidio en los municipios mencionados es “la mala transición que se ha hecho después del proceso de paz en esas zonas, que se caracterizan por la diversidad en riquezas naturales, pero también por ser tránsito de todo lo ilegal”.

El investigador aclara que no se trata simplemente de la economía ilícita de la coca, sino también de la minería, el tráfico de armas, la trata de personas, entre otras que tienen cabida donde hay ausencia del Estado.

Según él, “en estas regiones hay presencia de la Fuerza Pública, pero no una presencia integral del Estado” que garantice la sustitución de cultivos de uso ilícito, oportunidades de educación que eviten que a los jóvenes los recluten, o vías de para que los campesinos puedan sacar sus cosechas y no se vean motivados a usar las tierras para siembras ilegales.

Didier Osorio, alcalde de Segovia (Antioquia), menciona otro punto que complica la ecuación, a pesar de que este año se han reducido en un 30 por ciento los homicidios en su municipio, donde, según él, hay una constante articulación entre toda la institucionalidad: “Estos grupos armados tienen una mutación ligera y, mientras se desarticula una estructura, en una semana sale otra. Aparte, con la instrumentalización de menores y extranjeros, fortalecen su actuar”.

En ese mismo sentido, el secretario de Gobierno del vecino municipio antioqueño de Vegachí, Johan Uribe Palacio, dice que “para un municipio de sexta categoría, enfrentar un flagelo como el homicidio cuando el origen es la disputa de bandas del narcotráfico, es muy complejo. Lo que uno haga en lo local es muy poco efectivo. La solución a ese problema tiene que ser estructural y de políticas del Gobierno”.

Frente a las críticas a la estrategia del Gobierno para cambiar el panorama violento en las regiones, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “la implementación de los acuerdos es también responsabilidad de los alcaldes, quienes también son Estado”.

Ceballos resaltó el avance en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Sobre la militarización, apuntó que “si bien es cierto que la presencia del Ejército no es suficiente, sí es una condición para garantizar la seguridad, complementada con los proyectos de desarrollo social que se vienen adelantando”.

Y agregó: “El espíritu debe ser de colaboración y trabajo coordinado y articulado entre los gobiernos nacional, departamental y local, para combatir unidos la verdadera causa de la violencia, que es el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, la cual quiere ser controlada por grupos armados como los disidentes de las Farc, el Eln, el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los Caparros’, que de acuerdo con la Fiscalía son los mayores responsables de los crímenes en esas zonas”.

MARÍA ISABEL ORTIZ Y JULIAN RÍOS MONROY

JUSTICIA