Las escandalosas cifras de la impunidad en la justicia

En materia de criminalidad, los expertos aseguran que el delincuente actúa racionalmente: calcula su ganancia –el valor de un robo o de eliminar a la competencia, o el pago por cometer un crimen– y su posible pérdida –entendida esta como el riesgo de ser capturado o incluso de morir en medio de su delito–, y decide si viola o no la ley.

El riesgo más probable, en todo el mundo, es el de ser capturado y terminar en una prisión. Un riesgo que en Colombia, no obstante todos los anuncios y los billonarios recursos destinados a la Fiscalía y la Rama Judicial desde los 90– sigue siendo extremadamente bajo.

Las cifras son lapidarias. El año pasado, según estadísticas de la Fiscalía, se denunciaron 1’477.989 delitos. Casi 80.000 más que en 2018. Y al menos siete de cada diez terminaron, como todos los años, en archivo: la investigación no se cierra, pero tampoco se mueve, incluso por años, porque nuestro sistema de justicia no logra identificar al menos a un presunto responsable contra el que dirigir la acción penal.

De todos los delitos, el homicidio es el más grave. Y de los 12.277 que se cometieron en 2019 –en medio de todo, una buena noticia porque fueron 307 menos que en 2018– fueron esclarecidos 3.772. Pocos frente a la magnitud de nuestra violencia homicida, pero casi 900 más que en 2018.

Por supuesto, hay frentes en los que los avances son notorios: del total de feminicidios cometidos en el país el año pasado, el 95,6 por ciento de los casos terminaron con un proceso formal o una captura. Pero el panorama del bosque completo sigue siendo desolador: con un promedio de 13.000 asesinatos-año en la década, las estadísticas generales señalan que la muerte violenta de casi 100.000 personas –equivalente a la población de una ciudad como Arauca– sigue impune.

Y aun con esas magras cifras, el homicidio es de los delitos graves que tienen más altas posibilidades de terminar con el delincuente detrás de las rejas.

La Fiscalía recibió 447.156 denuncias por robos y atracos el año pasado. Pero, en total, en la cárcel, en detención domiciliaria y con brazalete, hay 27.000 personas sindicadas o condenadas por hurto. Más dramático aún, de las 100.879 denuncias de violencia intrafamiliar (20.500 más que en 2018), solo se hizo justicia en el 14 % de los casos. Y apenas se esclareció el 12,3 % de las 36.812 denuncias de delitos sexuales, flagelo que creció en 2.083 casos.

Los datos son los datos. Y al país solo le queda esperar que el nuevo Fiscal General, que podría ser elegido esta semana, se la juegue en serio por tratar de cambiar el final de ese cuento sin fin llamado impunidad.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET