Sandra Ortiz: vea en esta infografía los salpicados en el caso de corrupción en la UNGRD

El miércoles 18 de diciembre, Sandra Ortiz se convirtió en la ficha de más alto valor del gobierno del presidente Gustavo Petro que estará presa por su papel en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En las instalaciones del complejo judicial de Paloquemao, la jueza tercera de control de garantías dictó medida de aseguramiento para la ex consejera presidencial para las regiones, bajo la presunción de que aprovechó su posición para cometer los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. 

EL TIEMPO reveló en primicia parte del escándalo de corrupción al interior del gobierno Petro y ha revelado detalles desconocidos, pruebas y testimonios relacionados al caso. Además, ha seguido de cerca los hechos judiciales y las determinaciones de las autoridades y los tribunales.

La Unidad de Reportajes de EL TIEMPO desarrolló esta infografía (hacer clic en ícono abajo) en la que se muestran las relaciones entre los exfuncionarios, altos del gobierno, cercanos al Presidente, y congresistas salpicados e involucrados en el entramado:

La audiencia del miércoles 18 de diciembre en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, comenzó con un acto simbólico del abogado Pablo Bustos, el defensor de las víctimas afectadas por el caso de los carrotanques en La Guajira, quien desde las 8 de la mañana estaba a las afueras del juzgado con 12 carrotanques de juguetes que tenían los rostros de los implicados en este escándalo. “Un aguinaldo anticorrupción, que representa el saqueo infame de los recursos públicos y la precarización de las comunidades indígenas más vulnerables”, dijo sobre su significado.

Hacia las 11:30 de la mañana, la jueza del caso dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, contra Sandra Ortiz. La medida tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía que señalan a la exfuncionaria como la presunta intermediaria entre Carlos Ramón González, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia y los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes presidían el Senado y la Cámara de Representantes, para entregarles 3.000 millones de pesos a cambio de impulsar las reformas del gobierno.

Además, el fallo consideraba el impacto que habría tenido Ortiz en la falta de abastecimiento de agua para La Guajira, pues su posición como alta ex funcionaria del Gobierno debía servir para proteger las comunidades que requerían del recurso. En su lugar, se habría aprovecahdo de su poder para manejar el erario público.

El hecho que rompió la rutina fue cuando Sandra Ortiz habló y aprovechó ese momento para acusar a una mujer que, según ella, habría armado un supuesto "complot" en su contra. "Ellos necesitaban un 'chivo expiatorio', y esa persona es una mujer, ella tiene mucho poder, y ella fue la que armó todo esto contra mi, yo sé como funciona esto, ella me armó este complot", dijo.

Laura Sarabia, la actual directora del Dapre, reaccionó al instante a través de sus redes sociales y ante medios de comunicación. Minutos después, interpuso una denuncia por injuria en contra de Ortiz. “He cumplido mi labor como funcionaria pública pero entiendo que el que las hace se las imagina”, escribió en su cuenta de X.

La audiencia se extendió hasta casi las seis de la tarde, pues la defensa de Ortiz, liderada por el abogado Oswaldo Medina, interpuso un recurso de reposición y otro de apelación, para evitar que la enviaran a esa cárcel. En el transcurso de la tarde, la defensa de Ortiz sostuvo que corría peligro en el Buen Pastor y que, por su importante rol, debían garantizar su protección.

Casi a las seis de la tarde, la jueza reescribió su decisión y aceptó enviarla a una guarnición militar ubicada en el Cantón Norte, en Bogotá. Desde allí, Ortiz pasará sus días a la espera de su juicio.

JUAN ALEJANDRO MOTATO SOTO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En redes: @juanalejandromotato