Los impactos de la pandemia en consumo y tráfico de drogas en el mundo

Este jueves se presentó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) sobre consumo y tráfico de drogas y medicamentos fiscalizados en el mundo. 

Este informe, además de hablar sobre los cambios en las dinámicas de consumo y distribución debido a la pandemia, también hizo una advertencia sobre lo que considera 'una epidemia oculta': el consumo de drogas entre las personas mayores y el daño que la pandemia ha causado a la salud y el bienestar de este grupo de población.

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Al respecto, el informe anual destaca que a medida que la población mundial envejece existe una mayor vulnerabilidad al consumo de drogas y la drogodependencia entre las personas mayores, entendidas como aquellas que tienen más de 65 años de edad. La Jife pidió a los gobiernos concentrarse en el consumo de drogas entre las personas mayores y extender e integrar el apoyo para ayudar a revertir esta alarmante tendencia.

Por otra parte, la junta expresó una preocupación por el efecto negativo de la pandemia de covid-19 en el suministro de medicamentos sometidos a fiscalización, como los derivados de opioides.

El informe señala que las medidas gubernamentales para frenar la propagación del virus provocaron una escasez de algunas de estas sustancias que tienen fines médicos y científicos. Además, señalaron que la demanda para el tratamiento de pacientes con coronavirus interrumpió el tratamiento y otros servicios relacionados con la salud.

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La Jife enfatizó además que las personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias se han visto particularmente afectadas por la pandemia debido a que restricciones de movilidad y el aislamiento les han impuesto una mayor presión y, en ocasiones, han empeorado los trastornos.

Por ejemplo, se informó que los consumidores de heroína que no habían podido acceder al tratamiento de sustitución con opiáceos habían experimentado graves síntomas de abstinencia. La escasez en el suministro de algunas drogas también hizo que varias personas utilizaran medios alternativos para consumirlas (por ejemplo, por inyección) y quedaran expuestas a riesgos adicionales como la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea.

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De otra parte, el informe expresó preocupación por el alto número de muertes por sobredosis de drogas, especialmente relacionadas con el fentanilo y la metanfetamina. Esta crisis se vio exacerbada por la pandemia y la junta prevé que contribuirá a aumentar el número de personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, junto con los aumentos de la depresión, la ansiedad, los traumas y el duelo.

Por otra parte, se exhortó a los gobiernos a aplicar respuestas proporcionales a la conducta delictiva relacionada con las drogas basadas en los derechos humanos. De acuerdo con la junta, las estrategias deberían basarse en el principio de proporcionalidad.

Cornelis de Joncheere, presidente de la Jife, dijo al respecto que "el tráfico de drogas y la violencia relacionada con las drogas deben enfrentarse con medidas amplias y equilibradas, y las respuestas a la conducta delictiva relacionada con las drogas deben ser proporcionales y respetar los derechos humanos y el Estado de derecho".

Igualmente, hubo preocupación de la junta por la despenalización que varios gobiernos han hecho del cannabis recreativo, e hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas legales que limiten la producción, distribución y uso de cannabis exclusivamente a fines médicos y científicos.

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Sobre el impacto que la emergencia sanitaria tuvo en el tráfico de drogas, el informe resalta que las restricciones a los viajes y otras medidas de distanciamiento aparentemente resultaron en la disminución de la disponibilidad de algunas drogas y el aumento de los precios en el mercado ilícito. Pero, además, la Jife tiene indicios de que la pureza de los suministros locales de drogas ha disminuido y se están utilizando adulterantes como el fentanilo, lo que aumenta las tasas de sobredosis y mortalidad.

El consumo de drogas habitualmente relacionado con la vida nocturna y las fiestas, como el éxtasis, ha disminuido debido a las restricciones de las reuniones y el cierre de locales.

Por otra parte, se detectó un aumento de la venta de drogas ilegales online. "Los mercados de la web abierta y de la internet oscura, los medios sociales y los foros en línea están desempeñando un papel más destacado entre los consumidores para abastecerse de drogas", señala el informe, que añade que esto plantea desafíos adicionales a las autoridades.

Sobre las situaciones evidenciadas en Suramérica, el informe de la Jife destacó que la pandemia de coronavirus afectó las rutas de tráfico y a las técnicas de microtráfico, así como a la oferta y la demanda. Pero ante ello, "las organizaciones delictivas volvieron a demostrar su capacidad de adaptarse a situaciones nuevas".

En Colombia, destaca el informe, la fabricación potencial total de cocaína aumentó en un 1,5 por ciento en 2019, pese a que disminuyó la superficie de cultivo de arbusto de coca.

En América del Sur están aumentando la fabricación y la presencia de drogas sintéticas, especialmente en Chile. La Jife prevé que la crisis económica causada por la pandemia hará que las modalidades del consumo y el tráfico de drogas se orienten hacia sustancias más baratas y adictivas.  

En el Uruguay, se lee, aumentó el número de consumidores habituales y frecuentes de cannabis y más de la tercera parte de ellos se considera dependiente. Sin embargo, en el 'Informe mundial sobre las drogas 2020' se señaló que el número de consumidores que tenían al cannabis por medios autorizados seguía representando un pequeño porcentaje del total de consumidores del país.

También hubo preocupación sobre medidas adoptadas en Brasil en las que se autoriza a comunidades terapéuticas istrar tratamiento a los adolescentes con trastornos por consumo de drogas, pese a que esas comunidades usan actividades de tratamiento sin base empírica. Además, se criticó una ley aprobada por ese país en la que se impone la hospitalización obligatoria de los consumidores de drogas, es decir, un tratamiento sin su consentimiento.

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