Este lunes, en una audiencia pública, una juez confirmó la imposición de
medida de aseguraiento a Jhonier Leal, confeso asesino de su hermano Mauricio Leal y de su madre. Su defensa había pedido
revocar la medida de aseguramiento intramural.Desde el 14 de enero, cuando fue capturado, Leal permanece en los calabozos de la Fiscalía General, en Bogotá.
Tras su captura, Leal fue presentado a la audiencia de imputación de cargos, en la que el hombre no aceptó los delitos imputados, pero un día después confesó los crímenes y posteriormente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, que está a la espera de ser validado por un juez.
En virtud del preacuerdo con el ente acusador, el confeso homicida podría pagar una pena de 27.6 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La audiencia en la que un juez deberá decidir si avala este acuerdo fue fijada para el próximo 29 de marzo; mientras tanto, el abogado Daniel Peña, que lleva la defensa pública de Leal, pidió su libertad indicando, entre otras cosas, que en diciembre Jhonier Leal había informado a la Fiscalía su dirección y datos de ubicación para ser ubicado y evitar ser restringido de su libertad, por lo cual no había necesidad de una captura.
Además de pedir la libertad de su cliente, la defensa también pidió declarar la ilegalidad de unas incautaciones hechas por la Fiscalía.
Sin embargo, la juez 51 penal de Bogotá confirmó integralmente la decisión de primera instancia, al considerar que no hubo ninguna violación a los derechos fundamentales del procesado.
Con esto, Leal seguirá preso y las incautaciones y allanamientos que criticó la denfesa seguirán así mismo en firme dentro del proceso.
La defensa había hecho reparos a los allanamientos e incautación de un dinero que tenía en su posesión Leal, así como de documentos de derechos de petición que Leal hizo a bancos, en los que pedía información por las cuentas de las peluquerías de Mauricio Leal, pero también por las cuentas personales de su hermano y de su madre.
Según la defensa, el procesado podía haber enviado esos documentoas a petición de la Fiscalía y no había necesidad de allanamientos, sin embargo, la juez expuso que sí se hacían necesarios los allanamientos pues, por ejemplo, no había una garantía de que los documentos fueran enviados sin modificación.
Frente a los cuestionamientos de la defensa sobre la necesidad de la orden de captura, la juez indicó: "Este no es el escenario para esos cuestionamientos, los mismos fueron estudiados por el funcionario que emitió la orden de captura. En cuanto al procedimiento de aprehensión, el mismo se adelantó con sujeción a los parámetros legales y derechos fundamentales".