Las razones que llevaron a la Fiscalía a reactivar órdenes de captura contra el Eln; tumba decisiones del Gobierno

La política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro sufrió un revés judicial en las últimas horas. La fiscal Luz Adriana Camargo, con una decisión autónoma, determinó la reactivación de las órdenes de captura de 31 guerrilleros del Eln que podían movilizarse libremente por el territorio nacional debido a que jugaban un papel importante en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno. 

(Puede ver: Urgente: Fiscalía reactiva órdenes de captura contra voceros del Eln en mesa de paz tras crisis en Catatumbo)

La jefa del ente acusador fundamentó su decisión en la difícil situación humanitaria que se vive en el Catatumbo, donde miles de familias han tenido que huir desde sus casas por el temor a la guerra que sostiene el Eln con las disidencias de las Farc. Algunas de las víctimas, incluso, han visto cómo los delincuentes se llevan a sus familiares a la fuerza y hasta los matan.

Es por eso que para la Fiscalía, "la ola de violencia desatada por el Eln en la región del Catatumbo desde el pasado 16 de enero, desdice de la participación genuina y comprometida con el proceso que se adelanta".

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Ese es uno de los apartes de la resolución de ocho páginas conocida por EL TIEMPO que Camargo firmó el 21 de enero, día en el que la alta funcionaria estuvo concentrada durante varias horas con su equipo dentro de su despacho, ubicado en Bogotá. En la mañana, el general José Luis Ramírez, uno de los hombres con más poder en la Policía, llegó a las instalaciones de la Fiscalía para sostener una reunión en la que se trató la crisis en el Catatumbo, y horas después fue que se hizo pública la decisión de Camargo.

En el documento se concluye que "el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de del Eln, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023".

Con esto, se caen cuatro resoluciones que había expedido el presidente Petro desde que llegó al Gobierno, en las que enlistó nombres de representantes del Eln que iban a participar en las mesas de paz. Se trata de las resoluciones 265 del 15 de noviembre de 2022, la 274 del 21 de noviembre de 2022, la 140 del 1 de junio de 2023 y la 241 del 11 de agosto de 2023, con las que se suspendieron las órdenes de captura de varios cabecillas de la guerrilla, que tiene a cerca de 2.000 personas armadas en el Catatumbo.

Los perjudicados con la medida son Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; y Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.

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Aunque las autoridades regionales han hablado de cerca de 100 personas asesinadas en el Catatumbo desde la última semana, la Fiscalía acreditó que se han registrado 37 homicidios y 7.560 desplazamientos forzados en los que tiene injerencia el Eln, a través del 'Manuel Pérez Martínez'.

Esta es una cifra que maneja a la par con Medicina Legal, entidad que ha hecho las inspecciones forenses a los cuerpos, casi en su totalidad ya identificados. A nivel penal, el ente acusador ya tiene investigaciones sobre 22 víctimas de homicidio: 21 hombres y una mujer.

Para sustentar su decisión, además de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Luz Adriana Camargo se basó en un informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en la que detallan que el Eln ha participado cerca de 60 asesinatos y el desplazamiento forzado de 18.000 personas; el confinamiento de más de 1.000 personas yukpa; la privación de la libertad de al menos 30 personas; la desescolarización de 46.000 niñas, niños y adolescentes: amenazas y estigmatización de liderazgos sociales; y homicidio de firmantes de paz".

Según la resolución, el mismo Eln a través de su máximo cabecilla, alias Antonio García, dijo en su cuenta de X que esos crímenes eran cometidos por ellos.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]