Las sospechosas movidas por las que la exministra María Isabel Urrutia va a juicio

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó un escrito de acusación en contra de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, a quien señalan de presuntamente haber suscrito en cinco días 104 contratos de manera irregular.

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Las movidas ‘exprés’ las habría adelantado la exfuncionaria del Gobierno entre el 2 y el 4 de marzo de este año, justo después de cuando se enteró de que el presidente Gustavo Petro le había solicitado la renuncia al cargo.

Luego de ello, el escándalo de los contratos salió a la luz pública, y ante la situación, el jefe de Estado declaró insubsistente a su entonces funcionaria “por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”.

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Ante ello, las actuaciones de las autoridades no se hicieron esperar, y a comienzos de marzo tanto la Fiscalía como la Procuraduría empezaron a investigar. A nivel penal, lo que tiene el fiscal delegado ante el alto tribunal es que los polémicos contratos eran de prestación de servicios y apoyo a la gestión del Ministerio del Deporte.

Con elementos probatorios en mano, el fiscal Víctor Salcedo imputó a Urrutia ante el Tribunal Superior de Bogotá el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que no aceptó, y por el cual ahora deberá responder en juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema, en la cual está pendiente fijar la fecha para la respectiva audiencia.

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La imputación de cargos se realizó el 14 de junio ante el despacho de la magistrada Xenia Trujillo, del Tribunal de Bogotá. En la cita, la Fiscalía destapó algunas cartas en contra de María Isabel Urrutia, quien se ganó una medalla de oro en levantamiento de pesos en los Juegos Olímpicos de Sídney.

De acuerdo con el ente acusador, todo se remonta a la noche del pasado 27 de febrero, cuando la exministra supuestamente ordenó terminar de manera selectiva y subjetiva 104 contratos, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.

Y, al parecer, cada una de las personas que firmó el acta de terminación anticipada dijo que lo hacía por motivos personales, algo que no correspondería con la realidad, porque “días después y por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023”, explicó el ente acusador al momento de imputarla.

Los reproches están en que esas movidas se hicieron con al menos tres irregularidades: hubo ausencia de certificados de insuficiencia de personal de planta para cubrir las funciones que cumplirían los contratistas; no se encontró la justificación de la necesidad de contratar a profesionales bajo la modalidad de prestación de servicios; y usos de certificaciones de aportes al sistema de seguridad social desactualizadas que correspondían a periodos anteriores.

Básicamente, todo esto lo habría permitido con el fin de garantizar que continuaran vinculadas al Ministerio personas afines a ella, quien hace un par de meses sostuvo en la radio que le “habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios. No estaba haciendo nada irregular”.

Esos argumentos de la Fiscalía, así como la postura de la defensa de Urrutia, pasarán a ser evaluados por la Corte con las pruebas que se aporten.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49