Tratamiento a menores consumidores de drogas, estrategia contra delito

Un gran operativo contra el narcotráfico en Urabá dejó el pasado primero de noviembre 55 personas detenidas, cuatro de ellas eran menores de edad. En los primeros seis meses del año pasado fueron capturadas 231 personas en Pasto por microtráfico, 29 de ellas eran adolescentes. Solo hasta mayo del 2017 iban en Bogotá 4.000 menores detenidos.

Pese a que el sistema de responsabilidad penal adolescente señala que desde el 2013 las cifras de menores infractores ha venido disminuyendo, lo cierto es que los operativos de las autoridades contra el delito evidencian que la vinculación de niños y adolescentes con la criminalidad sigue siendo alarmante, si se tiene en cuenta que cada día del 2017 fueron vinculados al sistema penal para adolescentes 49 menores.

Después de casi tres años de plantearse con mayor profundidad la posibilidad de establecer en Colombia tribunales de drogas, el año pasado se desarrolló en Medellín un plan piloto de seguimiento penal al tratamiento de drogas para adolescentes, cuya prioridad es que los menores que han sido procesados por cometer delitos como consecuencia el consumo problemático de sustancias psicoactivas dejen las adicciones y se reintegren a la sociedad para evitar, a través de un principio de oportunidad o la sustitución de la sanción, ser privados de su libertad.

La iniciativa del Ministerio de Justicia acogió en la capital antioqueña a 27 adolescentes que cometieron delitos de tráfico o porte de drogas, hurto y violencia intrafamiliar. Este año el proyecto será asumido por la Alcaldía de Medellín con un cupo de 30 personas y se expandirá a cuatro ciudades más: Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Yopal.

Este sistema tomó como modelo el programa estadounidense de Tribunales de Drogas; de hecho, dentro de los financiadores de este está, además de las carteras de Justicia y Salud, el ICBF y la Fiscalía, la embajada de Estados Unidos en Colombia. Otros países como Inglaterra, Chile, Australia y Costa Rica tienen programas similares, algunos de ellos inclusive para la población adulta y para todo tipo de delitos.

Según un informe del Minjusticia y la Fundación Ideas para la Paz del 2015, el 40 por ciento de las personas vinculadas al mercado de drogas en Bogotá son niños y adolescentes. “Parte de la evidencia recolectada en los territorios, por parte del Ministerio de Justicia, indica que es un hecho común que las estructuras criminales regalen dosis de diferentes sustancias a niños, niñas y adolescentes, con el fin de expandir la demanda a partir de la generación de adicciones. De igual forma se reclutan muchos jóvenes para que hagan parte de las estructuras criminales a partir de su adicción. En muchas ocasiones, las actividades criminales se pagan con dosis de sustancias”, señaló ese mismo documento.

La explicación para ello, de acuerdo con el informe, es que los jóvenes son inducidos con más facilidad al consumo riesgoso de drogas que escala rápidamente hasta volverlos dependientes. Ese tema los hace vulnerables para ser instrumentalizados por las economías criminales que los usan como parte de la cadena de distribución de sustancias ilícitas.

Para las autoridades, la droga empezó a ser un problema de seguridad nacional y de salud pública cuando aumentó la cantidad que se quedaba en el país por las dificultades que estaban teniendo para ser sacadas del territorio colombiano.

“Se ha observado que las personas se reintegran a su sociedad si cesa el consumo o lo reduce y son funcionales en su ámbito laboral. Eso ha transformado el sistema”, señaló una fuente de la coordinación del programa en Medellín.

Los menores de 18 años a quienes se les atribuya la comisión de los delitos de tráfico o porte de drogas, hurto y violencia intrafamiliar, que corresponden al 75 por ciento de las conductas que llevan a niños y adolescentes ante la justicia, serán postulados por los fiscales que consideren que el delito estuvo relacionado con un consumo problemático de drogas, que lo cometió bajo el efecto de esta, como consecuencia de abstinencia o buscando cómo proveerse de ella.

El programa que se está realizando en Medellín en convenio con el Hospital Carisma, especializado en adicciones, tiene una fase de hospitalización de 30 días, otra de 20 días con visitas diarias y de jornada completa al hospital y la última que es la fase ambulatoria, con tres consultas a la semana.

La vinculación es voluntaria y debe cumplir con los requisitos que imponen las instituciones vinculadas, pues comprende una articulación de justicia, entes territoriales y EPS, y en todo caso podrá ser excluido si incumple; lo que quiere decir que tendrán que pagar la sanción ordinaria que impone el juez.

Santiago* tiene 17 años, fue detenido en diciembre del 2016 con 103 gramos de marihuana en su poder. En marzo del año pasado fue vinculado al programa, tras seis meses de tratamiento recayó luego de perder el examen de ingreso a una universidad pública en Medellín.

Hace dos meses se reintegró al programa y ahora trabaja en un puesto de comida rápida con una señora que como parte del pago le da también hospedaje. El caso de Santiago es uno de los más relevantes del plan piloto, pues aunque no tiene vínculos familiares que le permitan construir lazos que el programa considera relevantes para que se garantice su recuperación, él ha demostrado que quiere mantenerse en él.

Fuentes vinculadas al programa que se desarrolla en Medellín señalan que de los 27 jóvenes que al finalizar el 2017 habían ingresado, 8 abandonaron el proyecto. Sin embargo, destacan que en medio de todas las dificultades que representa enfrentarse a un tratamiento para dejar las adicciones se ha generado bastante adherencia, pues el nivel de éxito de los tratamientos de rehabilitación es normalmente del 40 por ciento.

Mauricio* entró al sistema el 21 de junio pasado por denuncias de violencia intrafamiliar. El joven de 16 años y que vive en el barrio Doce de Octubre de la capital antioqueña fue sancionado con dos años de privación de la libertad por agredir físicamente a su mamá, pero pactó con el juez que lleva su caso que si cumple el tratamiento, que puede extenderse hasta por ocho meses, puede dar por cumplida su pena.

El joven, que se encuentra en fase de tratamiento ambulatorio –va tres veces a la semana a las citas de psicología, trabajo social y medicina– pero ya vive en su casa, volvió a estudiar.

JUSTICIA

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*Nombres cambiados