Seis años, la condena a Tarquino, expresidente de Corte, por 'cartel de la toga'

Este 3 de mayo un juez de Bogotá dio a conocer el monto de la condena contra Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de corrupción conocido como ‘cartel de la toga’.

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El sentido de fallo condenatorio contra el extogado se había conocido en febrero, pero este miércoles se supo que deberá pagar 6 años de cárcel por haber usado su cargo y posición para incidir ilegalmente en las investigaciones que el alto tribunal llevaba contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

La condena a Tarquino es por el delito de concusión, en calidad de interviniente, por haber sido un intermediario en los sobornos que pagó Lyons a otros magistrados de la Corte Suprema.

Además de la pena de cárcel, la condena también lo obliga a pagar 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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Tras la lectura del monto de la condena, el juez ordenó la captura inmediata de Tarquino para que sea puesto a disposición del Inpec.

Es de recordar que en el juicio contra el exmagistrado la Fiscalía señaló que él se reunió cuatro veces con Lyons para hablar de las indagaciones que tenía la Corte en su contra por casos como el ‘cartel de la hemofilia’.

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Camilo Humberto Tarquino Gallego, quien fue presidente de la Corte Suprema en 2011, es un abogado de Ibagué, graduado de la Universidad La Gran Colombia, con una especialización en Derecho Procesal de la Universidad Libre, en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana, en Derecho Laboral de la Universidad de Salamanca (España) y en Derecho Laboral del Aula Iberoamericana La Coruña (España).

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Llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en junio de 2004, posesionado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y su periodo fue hasta junio de 2012.

Cuando la Fiscalía lo llamó a juicio señaló que junto a los también expresidentes del alto tribunal Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, participó en la red para cobrar millonarios sobornos a políticos investigados para que sus casos fueran archivados.

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