Ordenan libertad condicional para el exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo

Un juez de ejecución de penas acaba de ordenar la libertad condicional del exsenador Álvaro García Romero, condenado en el año 2010 a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, concretamente por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, cometida por paramilitares el 14 de octubre del año 2000, en la que 12 personas fueron asesinadas. 

De acuerdo a la decisión del Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, el exsenador purgó 25 años y tres meses de la condena que le impuso la Corte. Ahora quedará en libertad condicional continuando el pago de la pena que le falta: 14 años y ocho meses.

García fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, peculado por apropiación y homicidio simple. "El procesado

fue uno de los gestores en la consolidación de los grupos armados ilegales en su departamento; además, les brindó apoyo constante por diferentes medios en calidad de Senador de la República durante los años de permanencia del grupo en el departamento, gestiones que por supuesto obedecieron a intereses mutuos, entre otros, asegurar su poder político, convirtiéndose en una persona importante para el desarrollo de las políticas de las autodefensas y así, en parte de la estructura", advirtió el fallo de la Corte que lo condenó. 

"Tal compromiso lo vincula hoy como autor mediato de los homicidios ocurridos en Macayepo, hechos lamentables, reprochables a cualquier ciudadano pero, aún más, al señor GARCÍA ROMERO quien era representante del pueblo, gestor de leyes que debía impulsar desde el Congreso para la protección de sus coterráneos y del país, se reprocha hoy, que su actuar fue contrario a todo mandato legal. De manera consciente y voluntaria puso al servicio de las autodefensas su poder político, cuando le era exigible brindarlo a los ciudadanos de bien", agrega la decisión.

El exsenador es integrante del llamado 'clan político García Romero' que ha trabajado electoralmente en los departamentos de Sucre y Bolívar.

ANA MARÍA CUESTA, editora de justicia @JusticiaET