Drummond: en firme acusación a su presidente por presunta financiación a paramilitares

La Fiscalía General de la Nación acusó en segunda instancia al presidente de la empresa Drummond, José Miguel Linares Martínez, por presuntamente haber financiado a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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La noticia fue dada a conocer por el jefe de la Dirección de Justicia Transicional del ente acusador, Salomón Strusberg, quien resaltó que entre 1996 y 2001 Linares habría aumentado el valor de un contrato de suministros de alimentos con una empresa proveedora para en realidad destinar esos recursos a cubrir compromisos ilegales con los paramilitares.

La acusación de la Fiscalía también es contra el expresidente de la compañía, Augusto Jiménez Mejía, y se lleva a cabo bajo la Ley 600 del 200 -el sistema penal anterior- con un largo historial en los estrados judiciales.

Resulta que la resolución de acusación había salido hace cerca de tres años desde la Fiscalía 251 delegada ante jueces del circuito especializado de la Dirección de Justicia Transicional del ente acusador, pero la misma fue apelada ante una segunda instancia y el caso recayó en la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se tomó la determinación.

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Finalmente se resolvió esa apelación y Linares y Jiménez tendrán que responder por concierto para delinquir agravado, ya que al parecer tuvieron nexos financieros con paramilitares del frente 'Juan Andrés Álvarez' de las Auc, a quienes les habrían ayudado monetariamente a cambio de que los integrantes de este grupo al margen de la ley les prestaran seguridad entre 1996 y 2001.

Esa seguridad se las habrían otorgado principalmente en el departamento de Cesar, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagüa de Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná, "donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a quienes los directivos de la multinacional Drummond Ltd. financiaron y promovieron, a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona", decía la primera acusación contra el presidente y expresidente de la compañía.

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Para la Dirección dirigida por Strusberg, estos dos hombres habrían conocido todos los detalles de la financiación a los paramilitares, a quienes, después de alterar el valor del contrato para el suministro de alimentos, se les habría cumplido con un pago mensual para que les brindaran protección. Linares y Jiménez han negado esos hechos.

Lo mismo han hecho con las acusaciones sobre su presunta participación en los homicidios de los sindicalistas Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, perpetrados en el año 2001. En este caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) fue recibido el año pasado como parte civil, representación que está en manos de la Comisión Colombiana de Juristas, la cual en noviembre alertó a las autoridades de ataques e intimidaciones a sindicalistas de las seccionales El Paso, Cesar; y Ciénaga, Magdalena.

A la par de esta acusación se tiene documentado en este expediente el llamado a indagatoria contra James Lee Adkins, quien fue agente de la CIA, para que también responda por supuestos nexos con paramilitares.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49