Obteniendo documentos y permisos falsos, y con la complicidad de funcionarios de Migración Colombia, una red criminal enviaba irregularmente a migrantes desde la costa Atlántica colombiana hacia Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
Tras una investigación de la Fiscalía en Bolívar, y con el apoyo de la Policía y Migración Colombia, en las últimas horas nueve personas fueron judicializadas por estos hechos, entre ellas dos funcionarios de Migración Colombia.
De acuerdo con la Fiscalía, uno de esos funcionarios, Rolando Iglesias Sanjuan, sería el líder del grpo y al parecer desde su puesto de trabajo en Paraguachón, La Guajira, aba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran colombianos, o prórrogas en sus pasaportes, para que pudieran salir por los aeropuertos de Cartagena y Soledad.
Por su parte, Rafael Púa Ríos, el otro servidor público, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes en los filtros de migración del aeropuerto de Barranquilla.
Los demás capturados tendrían diversos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.
Cinco migrantes murieron en uno de los viajes
Entre los casos documentados por la Fiscalía en los que la red ilegal habría actuado está uno que terminó con un desenlace fatal. El caso ocurrió en febrero de este año cuando murieron cinco ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad, que eran movilizados ilegalmente junto a otros migrantes en un bus que cubría la ruta Maicao (La Guajira) – Guayaquil (Ecuador). El automotor se accidentó en el puente La Magdalena en Ipiales (Nariño), antes de cruzar zona de frontera. En el siniestro 24 extranjeros resultaron heridos.
Otro de los casos documentados por los investigadores fue en septiembre de 2021, cuando cuatro ciudadanos venezolanos, integrantes de una misma familia, fueron retenidos en el aeropuerto de Cartagena, antes de que abordaran un avión a México, por portar prórrogas falsas en los pasaportes.
Así mismo, en agosto de 2021 una joven venezolana habría salido por el aeropuerto de Cartagena con una prórroga falsa en su pasaporte que le fue suministrada por la red criminal. Al llegar a México, las autoridades detectaron la ilegalidad y deportaron la mujer a Colombia, y después ella fue expulsada de territorio nacional.
También se tiene un caso de noviembre de 2020, cuando cuatro dominicanos fueron capturados en el aeropuerto de Cartagena por portar pasaportes colombianos que habrían sido tramitados con registros civiles falsos que los acreditaban como nacidos en el país.
La imputación
Por esos hechos, las autoridades capturaron a las nueve personas presuntamente involucradas en diligencias realizadas en distintos municipios de Atlántico, Córdoba y La Guajira.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según su posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Además, una juez les impuso a todos medida de aseguramiento domiciliaria.
Cinco de los procesos aceptaron cargos: Rolando Iglesias Sanjuan, oficial de Migración Colombia en Paraguachón (La Guajira), Ramón Antonio Toncel Ariza, presunto responsable de la falsificación de los documentos y prorrogas en los pasaportes que usaban los extranjeros para permanecer en el país o pasar por los puestos migratorios.
También Lucy Patricia Conrado Manotas y Diana Patricia Hernández Almanza, señaladas de recibir a los migrantes que aba la organización y brindarles hospedaje mientras les ubicaban pasaportes, cédulas de extranjería y otros documentos.
Finalmente, Gustavo Moya Puertas, propietario de una empresa de transporte de pasajeros con sede en La Guajira y Cesar. Al parecer, él ofrecía paquetes de alojamiento, alimentación y transporte de migrantes. Asimismo, habría coordinado el traslado y la logística del grupo de ciudadanos venezolanos que se accidentó en Ipiales (Nariño) intentando llegar a Ecuador.
De otra parte, quienes no aceptaron los cargos y por tanto, irán a juicio, son: Rafael Púa Ríos, servidor de Migración Colombia que cumple funciones en los filtros del aeropuerto Ernesto Cortizzos; Jorge Williangton Cabral Suárez, quien estaría involucrado en la captación de migrantes en La Guajira, y la obtención de sellos y documentos para garantizarles el tránsito por el país; y Óscar Gabriel Dickson Herrera, presunto mediador.
Finalmente, Arlington Camargo Diaz, señalado de llevar ciudadanos extranjeros a Valledupar (Cesar) para facilitarles la documentación necesaria para transitar y salir del país, manifestó su voluntad de suscribir preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en los hechos.
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