A esto podría enfrentarse Irene Vélez por presunta presión a funcionario de Migración

La salida del país de su hijo menor de edad, presuntamente sin tener los papeles necesarios, ha sido el más reciente lío de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.

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El hecho ocurrió en enero y al parecer, ante la falta de los permisos necesarios, la Ministra habría usado irregularmente su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia, a quien habría llamado para que le permitiera a su hijo salir.

Por ese episodio, la Procuraduría General ya le abrió una indagación preliminar para determinar si incurrió en alguna falta disciplinaria, y si es hallada responsable, podría ser sancionada con una suspensión por algún tiempo, o incluso con una destitución o una inhabilidad.

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Pero además, este hecho podría eventualmente tener un capítulo penal.

De acuerdo con el abogado penalista Camilo Burbano hay dos posibles escenarios.

En el primero, si el funcionario de Migración profirió una resolución o un acto istrativo otorgando la salida del niño, sin tener los permisos necesarios, “podría, eventualmente, haber incurrido en prevaricato, una conducta que implica que un servidor público profiera una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Si ese es el caso, respondería tanto quien profirió la resolución en calidad de autor, como quien lo motivó a hacerlo, en calidad de determinador”, comentó.

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La segunda posibilidad, si no se produjo una resolución manifiestamente contraria a la ley, es el delito de tráfico de influencias de servidor público, “el cual implica que servidor público utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de un servidor público en un asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer”.

En cuanto a las sanciones, Burbano explicó que el delito de tráfico de influencias de servidor público tiene una pena de prisión de 74 a 144 meses de prisión, mientras que el de prevaricato tiene una pena que puede ir entre los 48 y los 144 meses de cárcel.

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