Una auditoría de la Contraloría al ICBf terminó con 62 hallazgos istrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscal por posibles daños al patrimonio público de 9.127 millones de pesos, así como 37 hallazgos con presunta connotación disciplinaria, 8 de carácter penal, 6 con otras incidencias y 8 más para apertura de indagación preliminar.
En esta auditoría el órgano de control evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF, por $1.100.871.557.980, y verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos y la efectividad de la supervisión.
En particular se auditaron los recursos asignados para el proyecto “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional (AAVN) entre 2021 y el primer semestre de 2022.
Por ejemplo, en Chocó hay un hallazgo fiscal por 6.611 millones de pesos que está relacionado con inconsistencias en las bases de datos que, al cruzarlas con la base de datos de la Registraduría, muestran que varios de los beneficiarios supuestamente atendidos entre 2020 y 2022 estaban fallecidos, incluyendo menores y mayores de edad.
El valor de daño al patrimonio público es el resultado de tomar el valor de la canasta por cada beneficiario atendido y multiplicarla por el tiempo de atención. Según la Contraloría, la situación encontrada en la Regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos del ICBF como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas.
“Los hallazgos fiscales en esa Regional del ICBF suman en total $7.016 millones, incluyendo otros 2 que tienen que ver con constitución de cuentas maestras y cobro de gravamen a los movimientos financieros. Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca y está relacionado con inejecuciones en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores”, indicó el órgano de control.
Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades e instancias correspondientes, y además, hay cuatro hallazgos sobre los cuales se abrirán indagaciones en la Contraloría, el primero por la actualización de la base de datos de entrega de Unidades de Servicio (UDS) de raciones para preparar en la Regional Amazonas, y tres más en la Regional Vichada por entrega de raciones a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos del ICBF o son presuntamente fallecidas.
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