Lo que debe saber sobre la casa por cárcel para Álvaro Uribe

La medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por el proceso de los falsos testigos sacudió este martes el mundo político-jurídico de Colombia. 

Uribe se convierte en el primer exmandatario en la historia reciente del país en ser detenido por orden de un juez. Pero la casa por cárcel que le ordenó por unanimidad la Sala de Instrucción de la Corte no representa, necesariamente, que el jefe del Centro Democrático haya perdido la batalla legal en ese alto tribunal.

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Esto es lo que debe saber del caso que hoy concentra la atención de los colombianos.

La casa por cárcel contra Álvaro Uribe es inédita porque nunca antes, en la historia moderna de Colombia, un expresidente de la república había estado cobijado por una medida de aseguramiento, que es como se conoce técnicamente a cualquier medida que restrinja la libertad de un investigado.

Esa situación se potencia además porque se trata del político colombiano más exitoso y con mayor poder en las últimas dos décadas, el mismo que logró cambiar la Constitución y revivir la figura de la reelección y que, tras su salida del poder, siguió poniendo presidentes gracias a su caudal electoral. 

Pero hay un detalle clave: la decisión de la Corte no cobija a la figura de un expresidente, sino a la de un senador en ejercicio. Uribe está investigado por supuestos hechos ocurridos con posterioridad a su salida de la Presidencia, y por su condición de congresista quedó en la órbita de la Corte Suprema.

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El actual proceso es una segunda parte de una denuncia que Uribe interpuso hace 8 años contra el también senador Iván Cepeda, a quien acusó ante la Corte de buscar en las cárceles del país falsos testigos, supuestamente para enredarlos a él y a su hermano Santiago en crímenes cometidos por los paramilitares. 

En el 2018, la Corte cerró el proceso contra Cepeda porque consideró que no había cometido las conductas que le reprochaba Uribe y, al revés, inició una investigación contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el mismo Cepeda. Ese es el proceso que hoy lleva a la orden de casa por cárcel y que tiene en una difícil situación jurídica al abogado de Uribe, Diego Cadena. Este último, según la Fiscalía, habría ofrecido sobornos a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les pagó por declarar contra Uribe. 

La Sala de Instrucción definió la situación jurídica del senador y le impuso medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel. Uribe perdió una batalla, pues por ahora no podrá defenderse en libertad, pero aún está lejos la conclusión de su proceso. En todo caso, la medida en su contra no implica, para nada, que se haya determinado en este momento su eventual responsabilidad en los delitos imputados.

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Así, el mismo magistrado que pidió la detención podría considerar, al completar la investigación, que no hay mérito para acusar formalmente, caso en el cual el proceso no llegaría a juicio.

Si finalmente hay acusación contra Uribe, el caso pasaría a los magistrados de la Sala de Primera Instancia. Y el último escenario sería la Sala Penal de la Corte, que hace las veces de segunda instancia. Todo ese proceso puede durar al menos dos años. 

Tras la valoración de decenas de testimonios y pruebas técnicas de las partes en el proceso, la Sala consideró que había mérito para imponer una medida de aseguramiento contra Uribe. El escenario de que siguiera defendiéndose en libertad era posible, y, de hecho, en él han insistido diversos sectores y personajes públicos, incluyendo al presidente Iván Duque. 

Según la ley, para imponer una de esas medidas restrictivas de la libertad se requiere la existencia de al menos uno de estos riesgos: que el investigado sea un peligro para la sociedad (que evidentemente no aplicaba en este caso), posibilidad de fuga (casi nula, dado el carácter y el arraigo del investigado) y posible obstrucción de la justicia. 

La Corte consideró, analizando el expediente, que ese riesgo sí existe. De hecho, la esencia misma del caso —posibles falsos testigos— se refiere a una eventual afectación de la istración de justicia. 

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Desde el comienzo de la investigación, los abogados y el mismo Uribe han hablado de una supuesta persecución judicial en su contra. En su momento, el expresidente sostuvo duros enfrentamientos con el exmagistrado José Luis Barceló, quien conoció inicialmente de su proceso y ya salió de la Corte por periodo cumplido. 

Uno de los cuestionamientos que mantiene la defensa es la inusual ruta por la que la Sala Penal de la Corte, en tiempos de Barceló, llegó a interceptar el teléfono de Uribe: supuestamente, intervinieron el número de otro congresista investigado, pero resultó siendo el teléfono del expresidente. Además, el contenido de esas interceptaciones a un supuesto número equivocado fueron incorporadas al expediente contra Uribe. 

Ahora bien: los magistrados que este martes tomaron la decisión de casa por cárcel contra el jefe del Centro Democrático  llegaron a la Corte recientemente. Ellos conforman una sala que se creó para darles mayores garantías a los investigados,  y no habían tenido nada que ver con el caso, por lo que las eventuales reservas de la defensa sobre otros de la Corte no los tocan.

Esos magistrados analizaron un expediente de centenares de páginas y tomaron finalmente una decisión que, a pesar de todos los ruidos, estaba entre las posibilidades legales del proceso. 

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