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Agencia de Defensa Jurídica denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en Muelle 13 de Buenaventura

Se habla de posibles falencias en el licenciamiento ambiental que requería la ampliación de la concesión.

La apuesta llegó a Quibdó, Tumaco y Buenaventura en pro de las víctimas del conflicto armado. — Vista aérea de una parte de Buenaventura. (foto de referencia) Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

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María Isabel Ortiz Fonnegra

PERIODISTA20.05.2024 15:49 Actualizado: 20.05.2024 15:53

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En un documento de 20 páginas, enviado al despacho de la fiscal general Luz Adriana Camarga, el director (e) de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Jhon Camargo, expuso hechos relacionados con posibles irregularidades en el proceso de modificación y aprobación al Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la ampliación de la concesión del Muelle 13 del Terminal Portuario de Buenaventura, la cual fue solicitada por la sociedad Grupo Portuario S.A. y fue aprobada por el Establecimiento Ambiental de Buenaventura (EPA).

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Denuncia sobre el muelle 13 de Buenaventura. Foto:Captura de pantalla

Según se lee en la denuncia, al revisar el tema la Andje encontró varias irregularidades, como el hecho de que esta modificación requería de licenciamiento ambiental, al tratarse de un puerto de gran calado cuyo uso implica el cargue y descargue de carbón y coque, por lo cual no podía realizarse a través de un PMA, que exige menos requisitos para su obtención.

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Otra de las advertencias es que el concepto técnico no contiene ninguna evaluación ni análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto y que el EPA autorizó una intervención de ecosistemas de manglar sin concepto previo del Ministerio de Ambiente y sin considerar que se trata de una especie vulnerable y amenazada.

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En la denuncia también se advierte que el procedimiento seguido para modificar el PMA por parte del EPA presentó irregularidades como que: “no hay evidencia de publicación del Auto de inicio para posibilitar la participación ambiental; no hay evidencia de comunicación del Auto de inicio a la Procuraduría General de la Nación; no hay evidencia de traslado a otras autoridades públicas como la Dimar; el procedimiento utilizado fue sospechosamente expedito y, al parecer, carente de publicidad”.

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